Ministerios y YPFB intentan frenar inspección ocular en Tariquía, pero juez rechaza suspensión y la audiencia continúa

Yenny Escalante / Sumando Voces

El Ministerio de Hidrocarburos, el Ministerio de Medio Ambiente y YPFB intentaron suspender la audiencia de inspección ocular que se desarrolla este 19 de marzo en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, en el departamento de Tarija; sin embargo, el juez agroambiental de Entre Ríos rechazó el pedido y ordenó la continuidad del acto.

En el controversial caso de Tariquía y el intento de exploración Petrolera, el Tribunal Agroambiental emitió una resolución de medidas cautelares que paraliza toda actividad en la región. Ante ello, las entidades estatales interpusieron un recurso de casación para revertir esa decisión y que se restablezca la ejecución de sus proyectos de exploración.

Durante la audiencia, las entidades estatales argumentaron que la Justicia les concedió el recurso de compulsa— el cual es planteado para revisar la negativa del recurso de casación interpuesto anteriormente—. Esa situación genera a los Ministerios y a YPFB un «derecho expectaticio» —o expectativa de derecho—, por lo que advirieron que continuar con la inspección podría derivar en la nulidad de lo actuado. En esa línea, solicitaron suspender el acto hasta que el Tribunal Agroambiental se pronuncie.

Un recurso de compulsa es un mecanismo legal que se usa cuando un juez rechaza o niega indebidamente otro recurso (como una apelación o casación). Entonces, la parte afectada acude a un tribunal superior para que revise esa negativa.

No obstante, el juez determinó que, si bien el recurso de compulsa fue admitido, la normativa vigente no establece que su tramitación implique la suspensión del proceso. En su resolución, explicó que el Código Procesal Civil prevé que estos recursos se eleven al tribunal superior mediante copias legalizadas, sin paralizar la causa en curso. Por ello, resolvió no dar lugar a la solicitud y dispuso continuar con la audiencia.

En paralelo, comunarios, miembros del Comité de Defensa de Tariquía y autoridades locales y nacionales se concentraron en la zona de Chiquiacá Norte para acompañar la inspección ocular, considerada clave dentro del proceso judicial. La dirigente Barbarita Meza, secretaria general de la comunidad de Pampa Redonda y vicepresidenta del Comité de Defensa, expresó su expectativa de que el juez actúe “con la verdad” al momento de tomar una decisión.

Meza advirtió que las actividades vinculadas a la exploración petrolera ya avanzaron en sectores como San Telmo Sur, dentro del área protegida, y alertó sobre los riesgos ambientales. Según explicó, el ingreso proyectado al pozo Domo Oso X3 implica la apertura de caminos en quebradas que desembocan en el río Chiquiacá, lo que —dijo— puede derivar en contaminación y afectar el acceso al agua de las comunidades.

“Es donde nos va a contaminar el agua, nos va a dejar sin agua”, sostuvo la dirigente, al remarcar la preocupación de los comunarios que participaron en la inspección.

Por su parte, Félix Choque, también integrante del Comité de Defensa, señaló que la presencia del juez en el lugar permitirá verificar directamente las posibles afectaciones. “Ahora va a venir a ver con sus propios ojos los daños que pueden ocasionar las empresas petroleras”, afirmó antes de la inspección.

Choque enfatizó que la movilización de las comunidades no responde a intereses políticos ni personales, sino a la defensa del territorio y de los recursos naturales. “Nosotros vivimos del agua, nos sirve para el consumo, para los animales y para las plantas. Eso es lo que defendemos”, indicó.

Asimismo, cuestionó que la ubicación de los proyectos petroleros haya sido modificada, señalando que el pozo inicialmente previsto fue desplazado fuera de la reserva con el objetivo de reducir la oposición de las comunidades, aunque —según afirmó— los impactos se mantendrán dentro del área protegida.

La inspección ocular forma parte de un proceso judicial que busca establecer posibles vulneraciones a derechos ambientales y territoriales en Tariquía, una de las principales reservas naturales del sur del país. Se prevé que los resultados de esta verificación sean considerados en una audiencia pública próxima, donde se definirá el curso del caso.

Mientras tanto, la tensión persiste entre las comunidades que defienden la reserva y las instituciones estatales que impulsan el desarrollo de proyectos hidrocarburíferos en la zona.