2026-04-09

Fallo

Condenan a 10 años de cárcel al exministro Juan Santos Cruz y a un exviceministro por el caso “Coimas” en Medio Ambiente

La Dirección de Litigio de la Procuraduría General del Estado informó que la investigación concluyó con una sentencia condenatoria contra cinco exfuncionarios, entre ellos Santos Cruz y Carmelo Valda Duarte.

ABI / La Paz 

El exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, fue sentenciado a 10 años de cárcel, mientras que el exviceministro de Agua Potable, Carmelo Valda Duarte, recibió una condena de seis años de prisión, dentro del caso “Coimas” de 2023.

La decisión fue emitida por el Tribunal Segundo de Sentencia en lo Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de La Paz, dentro del proceso iniciado tras una denuncia presentada el 8 de abril de 2023.

El caso “Coimas” fue investigado luego de detectarse una presunta red que recibía pagos irregulares a cambio de contrataciones en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua durante el gobierno del expresidente Luis Arce.

La Dirección de Litigio de la Procuraduría General del Estado informó que la investigación concluyó con una sentencia condenatoria contra cinco exfuncionarios, entre ellos Santos Cruz y Valda.

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El exministro se encontraba detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro desde mayo de 2023, mientras que el exviceministro fue favorecido con detención domiciliaria desde julio de ese mismo año.

La lista de sentenciados la completan Jhony Alexander Santos Sánchez, Álvaro Chávez Arteaga y Rosa Viviana Bautista, todos con condenas de seis años de prisión. Además de las penas privativas de libertad, los sentenciados quedan inhabilitados para ejercer cargos públicos o electivos una vez ejecutoriada la sentencia.

El fallo también instruye al Ministerio Público la identificación y el decomiso de los bienes obtenidos de manera ilícita. El caso habría generado un daño económico al Estado superior a Bs 19 millones.

La Procuraduría General del Estado destacó que esta sentencia marca un precedente en la lucha contra la corrupción y reafirma el compromiso institucional con la defensa de los intereses, la soberanía y el patrimonio del Estado.

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