2026-04-12

Potosí

Comunarios retienen caravana policial que trasladaba a jucus, obligan a liberar a delincuentes y se apropian del mineral robado a la canadiense Alcira

La Empresa Minera Alcira S.A., advirtió que, estas acciones ilegales, ponen en riesgo un proyecto que traerá una inversión de aproximadamente 370 millones de dólares y generará 500 empleos directos y más de 3.000 indirectos al departamento de Potosí, así como el correspondiente pago de regalías e impuestos.

La empresa canadiense Alcira fue víctima de un grupo de jucus, quienes fueron sorprendidos robando mineral de la mina Machamarca, y cuando pretendían ser trasladados a la Fuerza Especial Contra el Crimen (Felcn), del municipio de Betanzos, por policías y un grupo de seguridad de la transnacional, fueron retenidos por un grupo de entre 60 y 80 personas, que liberaron a los delincuentes y se apropiaron del mineral.

La mina Machacamarca, se ubica en el municipio de Tacobamba, provincia Cornelio Saavedra del departamento de Potosí. Este proyecto, conocido como Silver Sand (Arena Plateada), se centra en la exploración y explotación de plata a cielo abierto, por la empresa Alcira, subsidiaria de la de la canadiense New Pacific Metals Corp.

Según el informe proporcionado por el comandante departamental de Policía de Potosí, Mirko Bustos, el 9 de abril, un grupo de comunarios interceptaron un convoy policial en el sector de Huayllani, ubicada en la provincia Cornelio Saavedra, a menudo relacionada con el municipio de Betanzos o zonas aledañas a la capital.

La Empresa Minera Alcira S.A., por su parte, emitió un comunicado en el que informó que, en el marco de las acciones permanentes de resguardo del área minera de su titularidad, el 9 de abril, personal de seguridad privada, logró identificar y detener a siete personas que se encontraban realizando actividades de extracción ilegal y robo de minerales dentro del sector sudeste de nuestra área minera.

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El grupo de personas, cercaron al convoy que trasladaba a los jucus, quienes habían sido descubiertos en el interior de la mina Machacamarca, de la Empresa Minera Alcira S.A. y obligaron a los efectivos policiales a liberar a los delincuentes y entregar el mineral que había sido sustraído, informó Bustos a radio Fides.

Según el informe del jefe policial, los comunarios impidieron que los siete jucus, sean trasladados al municipio de Betanzos, y obligaron a los efectivos policiales a dejar el mineral robado, ante el riesgo de que se registren hechos de violencia.

Reconoció que, cuando intentaban pasar por esa región, los pobladores les bloquearon el paso y obligaron a las fuerzas policiales a “negociar” la salida de los uniformados y del personal de seguridad de la mina y dejar a los implicados y el mineral sustraído bajo su control.

Informó que, los movilizados retuvieron a los jucus y el mineral en el lugar y, para evitar una confrontación y mayores problemas, los uniformados se vieron obligados a dialogar con ellos y, se logró que los policías detenidos y el personal de la empresa que acompañaba la caravana, fueran liberados, sin sufrir daños.

“En una conversación que se ha tenido con ellos se ha logrado que el personal policial y el personal de seguridad de la empresa puedan salir ilesos sin ningún problema del sector”, precisó.

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La empresa, refirió por su parte, que el convoy policial acompañado por personal de seguridad privada de la empresa, fue interceptado y retenido en el lugar de manera violenta y contra su voluntad por más de seis horas, por grupos que se identificaron como miembros de la Cooperativa San Andrés de Huayllani.

Denunció que, los grupos que atacaron el convoy: “no solo obstruyeron el accionar de la Policía al impedir el traslado de las personas que se encontró extrayendo el mineral de la zona, sino que también dañaron propiedad privada de la empresa y ejercieron actos de violencia contra los efectivos policiales y personal de la empresa”.

Según el pronunciamiento de la empresa transnacional, este hecho constituye en “un nuevo episodio de minería ilegal, práctica que la empresa viene sufriendo y denunciando de manera reiterada ante las instancias correspondientes, sin que hasta la fecha se hayan adoptado medidas estructurales suficientes para su erradicación”.

Volviendo a lo sucedido, el 9 de abril, informó que una vez conocidos estos hechos, la empresa con apoyo de funcionarios de la Policía intentaron trasladar a los aprehendidos a la Fiscalía de Betanzos para su correspondiente aprehensión y procesamiento.

Esta situación escaló y generó un escenario de alta tensión que fue incitada por personas del sector ya identificadas que cuentan con denuncias penales por hechos previos, según la empresa.

El jefe policial, por su parte, relató que una vez conocida la denuncia sobre el robo de minerales, se dispuso el traslado de personal policial al lugar del hecho, quienes llegaron cuando la caravana estaba saliendo hacia el municipio Betanzos, debido a que correspondía encargarse del caso la Felcc que se encuentra en ese sector.

Según el comunicado, emitido por la empresa afectada, ésta mantiene una relación cordial, de diálogo permanente y de respeto con las comunidades del área de influencia de nuestras operaciones. En ese sentido, consideramos que este tipo de hechos responde a acciones puntuales que no reflejan el relacionamiento constructivo que venimos desarrollando con las comunidades del Cantón.

Por lo tanto, consideró que, estas acciones, no solo obstaculizan el accionar de la empresa, sino también el trabajo de las fuerzas del orden, afectando directamente el cumplimiento de la ley y el principio de autoridad en el país en desmedro de la seguridad jurídica reconocida por la legislación boliviana; y envían un mensaje de impunidad respecto a este tipo de actividades a la población del sector.

La empresa consideró que, estos actos se constituyen en una “grave vulneración al Estado de Derecho y obstrucción a la justicia”. Además, denuncia que, “ha sido víctima constante de actividades de minería ilegal” que, desde su punto de vista, afectan no solo a la empresa, sino también a la economía formal y al desarrollo del país.

Expresó que estas acciones ilegales, ponen en riesgo un proyecto que traerá una inversión de aproximadamente 370 millones de dólares y generará 500 empleos directos y más de 3.000 indirectos al departamento de Potosí, así como el correspondiente pago de regalías e impuestos.

Por ello, exhortó a las autoridades competentes como son el Ministerio Público, la Policía Boliviana y autoridades del sector minero, a acompañar de manera efectiva las acciones legales que la empresa tomará dentro del marco legal, para de una vez por todas brindar la seguridad jurídica que necesita la inversión privada.

También solicitó acciones firmes, inmediatas y sostenidas para que estos actos no queden impunes, combatir la minería ilegal, proteger las áreas mineras legalmente otorgadas y brindar seguridad jurídica a la inversión privada. La Empresa Minera Alcira reafirma su compromiso con una minería responsable, legal y respetuosa de las normas, y advierte que continuará ejerciendo todas las acciones legales necesarias para resguardar sus operaciones.

La Empresa Minera Alcira S.A. subsidiaria de la canadiense New Pacific Metals Corp., firmó en enero de 2022, del Contrato de Producción Minera para el "Proyecto Minero Sol de Plata" que encara actividades mineras en el área Canutillos, provincia Cornelio Saavedra del departamento de Potosí.

El contrato abarca la cadena productiva minera desde la exploración, explotación, fundición, refinación industrial hasta la comercialización de minerales, según informó la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).

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