Norma
Exministro señala que la nueva ley de Hidrocarburos debe contemplar cuatro ejes centrales
Ante la elaboración de una nueva ley de hidrocarburos, el experto en el área y exministro Álvaro Ríos señaló que la norma debe organizarse en torno a cuatro ejes centrales. Los puntos que mencionó están relacionados con incentivos tributarios, áreas de exploración, sistema de precios y el alquiler de ductos.
“En primer lugar, la ley de hidrocarburos debe estar enmarcada dentro de lo que dice la Constitución Política del Estado. Si no, puede ser declarada inconstitucional. Esta ley debe focalizarse en la exploración y explotación. Y dentro de esa línea de exploración y explotación debe tomar cuatro consideraciones o ejes”, indicó Ríos en contacto con Visión 360.
El primer eje que mencionó es que debe establecer una diferenciación en torno a las áreas tradicionales y no tradicionales de exploración y los incentivos. “Es decir, dar mayores incentivos a las áreas tradicionales, donde existen las condiciones para la evacuación del producto, donde existe mayor información y es más fácil la perforación para actividades petroleras”. En tanto, “bajar los incentivos, como lo es el IDH, sobre todo en la zona no tradicional”, porque no existen las condiciones para la exploración, la evacuación del producto y no hay información para las actividades.
El segundo eje que mencionó Ríos está relacionado con el sistema de precios de los hidrocarburos descubiertos. Según el experto, la ley debe contemplar un manejo de precios que permita que las empresas que descubran los yacimientos puedan fijarlos para la venta al mercado interno o para la exportación.
Los precios
“Es decir, si se abre el mercado para competir en cuanto a la exploración de yacimientos en Bolivia, y una empresa encuentra pozos, esta puede fijar los precios de venta al interior del país y para su exportación, ¿o se va a seguir admitiendo que el Estado controle todo? Creo que ese es un punto sumamente importante, porque si no, estamos condenados a que el Estado siga fijando los precios para los que producen, y ese es el problema que tenemos ahora”, manifestó Ríos.
El tercer eje que planteó el exministro es que las áreas para la exploración dejen de estar en manos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y pasen a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), para que así la estatal petrolera pueda competir con otras firmas por esas superficies.
“Esa responsabilidad deberíamos transferirla, por ejemplo, a la ANH, para que YPFB sea una empresa más asociada que pueda competir en licitaciones abiertas. Es decir, con este punto, YPFB puede competir con otras empresas y así hacemos que el Estado pueda licitar transparentemente nuevas áreas para exploración petrolera, en las cuales empresas internacionales o YPFB puedan participar en estos concursos”.
Según Ríos, esto permitiría que la ANH decida a qué empresa le da la licitación, porque, según su perspectiva, hasta la fecha lo que se hizo fue entregar áreas petrolíferas a gusto del presidente de YPFB o del ministro de Hidrocarburos.
El cuarto eje que debe considerar la nueva ley de Hidrocarburos está relacionado, según Ríos, con el gas de tránsito; con este punto se busca que la norma incluya el aprovechamiento de los ductos del país para su arrendamiento.
“Es decir que nuestros ductos puedan ser utilizados, por ejemplo, por empresas argentinas que quieran mover su gas al mercado brasileño, tanto a Cuiabá como al lado de San Pablo, para que nuestros ductos no se vuelvan chatarra. Si no hacemos esto del gas en tránsito, entonces podemos quedarnos sin gas porque no va a haber por dónde importar, y no podemos traer gas natural en camiones”, manifestó Ríos.
Los ejes mencionados por el experto se dan luego de que el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, señalara que la nueva ley del sector está en su parte final de tratamiento dentro del Ejecutivo.
Entre los ejes centrales que señaló la autoridad están el impulso a la inversión pública y privada, tanto nacional como internacional, y el objetivo de que Bolivia recupere su condición de país productor.