Tierras
Campesinos e interculturales de Potosí y La Paz se organizan para sumarse a la marcha que exige la abrogación de la Ley 1720
Campesinos de la provincia Chayanta, de Potosí, e interculturales del departamento de La Paz se organizan para sumarse a la marcha que partió hace ocho días desde Pando, en demanda de la abrogación de la Ley 1720, de reconversión de la pequeña propiedad a mediana, debido a que consideran que atenta contra sus tierras que, según la Constitución Política del Estado, son inembargables.
Según los dirigentes campesinos e interculturales, con esta ley, que fue promulgada por el presidente del Estado, Rodrigo Paz, lo que se pretende es despojarles de sus tierras, que son familiares, al permitir el acceso a créditos bancarios, con el riesgo de un embargo en caso de que incumplan con el pago de los mismos.
Los dirigentes consideran que lo que se está haciendo con esta nueva ley es que las pequeñas propiedades pierdan la función económica social, al ser utilizadas como garantía hipotecaria, al permitir que puedan acceder a créditos del sistema financiero.
El ejecutivo de la Central Provincial Chayanta, Vidal Mita, advirtió que los cinco municipios de esa provincia van a defender con todo sus tierras, que se encuentran garantizadas en la Constitución Política del Estado. Mencionó que el artículo 394 de la Constitución Política del Estado, que clasifica la propiedad agraria, define a la pequeña propiedad como indivisible, inembargable y exenta de impuestos, reconociendo la propiedad colectiva para pueblos indígenas.
Dijo que si el Gobierno de verdad quiere ayudar a los pequeños propietarios, debería aprobar una ley para que se bajen los intereses a los préstamos a los que acceden, sin poner en riesgo su propiedad.
Los habitantes de la provincia Chayanta, que tiene seis municipios —Colquecha, Chayanta, Pocoata, Ravelo, Ocurí y San Pedro de Macha—, recibieron con sorpresa la promulgación de la Ley 1720.
“Sabemos que es inconstitucional el querer convertir una pequeña propiedad a mediana propiedad, aunque de forma voluntaria, porque sabemos que la pequeña propiedad está protegida y declarada como patrimonio familiar por la Constitución Política del Estado, en el artículo 394, en su parágrafo 2”, afirmó Mita a Erbol.
Dijo que saben que esta ley ha sido aprobada en las dos cámaras sin hacer la consulta previa al movimiento campesino, al directo interesado. “En ese sentido, analizando como dirigentes esta ley, vemos que tiene como objetivo despojarnos de nuestras tierras y posteriormente convertirlas en mediana propiedad”, afirmó.
Al optar por esta conversión, Mita sostuvo que se exponen a que sus tierras sean embargadas, considerando que, en el altiplano, la producción agrícola no está garantizada debido al factor climático. “¿Si accedemos a los créditos, con qué vamos a solventarlos?”, advirtió en estos casos.
Por otra parte, afirmó que, al convertir la pequeña propiedad en mediana propiedad, la ley menciona que ya no es obligatorio el cumplimiento de la función social. “Con ello van a buscar desestabilizar a las organizaciones sociales y posteriormente pueden ser eliminadas”, dijo.
“Si de verdad quieren ayudarnos, ¿por qué no elaboran una ley para bajar los intereses a los créditos a los que accedemos?”, planteó.
Dijo que la provincia Chayanta, que cuenta con 102 mil habitantes, pide la abrogación de esta ley; en caso contrario, señaló que se movilizarán: “Estamos evaluando sumarnos a las movilizaciones que ya se están realizando en el resto del país”, sostuvo.
“Este sábado vamos a tomar decisiones ante esta ley que afecta a los campesinos. No podemos dejar que nos arrebaten nuestras tierras. De forma voluntaria vamos a caer a la boca del lobo. Estamos muy preocupados y consternados como campesinos”, dijo.
Por su parte, Clorinda Tumiri, ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa del Norte de Potosí, informó que se declararon en estado de emergencia y que este sábado se realizará una reunión donde se tomarán decisiones. “No podemos dejar que estas cosas pasen”, advirtió.
Esta ley 157, ahora 1720 afecta a la propiedad del sector campesino y la pequeña propiedad, que son reivindicaciones sociales, que han costado vidas y nosotros no podemos permitir que se nos arrebate, sostuvo.
Si bien la conversión es libre, la CPE es de cumplimiento obligatorio, y no se ha cumplido los requisitos que debería tener, como la consulta previa y la socialización; si bien dice que beneficia, pero no ha sido socializada, afirmó.
“Atenta contra el patrimonio de nuestras familias, no podemos permitir que se nos arrebate con una ley, sin habernos hecho la consulta”. Si bien hay préstamos bancarios, pero afecta a nuestras tierras, precisó
Explicó que, la ley dice que se quiere liberar a los campesinos de los usureros, pero sabemos que la pequeña propiedad es inembargable: “entonces cómo estaría salvando a los campesinos. Yo pienso que, si el Gobierno tiene la intención de ayudar, no es quitándole el terreno al campesino”, reflexionó.
Sabemos que por el cambio climático que sufrimos, no siempre es segura la cosecha, qué pasa si se presta dinero para comprar un tractor, de dónde va a devolver; es una trampa, si quiere ayudar, no puede poner en riesgo el único patrimonio que tiene el campesino, cuestionó.
La ejecutiva nacional de la Confederación de Mujeres de Comunidades Interculturales de Bolivia, Janeth Pizarro, anunció que su sector también respaldará la marcha de campesinos e indígenas en Pando para exigir la abrogación de la Ley 1720.
“Estamos enojados, (…) por todo lo que está pasando está afectando a todas las familias, a las familias productoras. Por esa razón, llamamos a esta lucha en defensa de nuestras tierras, la gente de las ciudades debería y organizaciones deberían sumarse, porque gracias a eso, nosotros como productores cubrimos la seguridad alimentaria, lo que llamamos la soberanía alimentaria”, afirmó a radio Compañera.
Informó que, el día domingo tenemos un ampliado departamental en Palos Blancos, donde se va a definir sobre esta marcha, apoyamos a nuestros hermanos campesinos que vienen desde Pando
Como organizaciones regionales, provincias han decidido sumarse, sin embargo, hay que ser orgánico, por ello en el a nivel departamental y nacional se va a decidir acciones drásticas, y otras medidas, advirtió.
Lamentó que el Gobierno esté gobernando para los grandes empresarios, “eso se ve, toda la gente lo está notando; como familia intercultural no estamos de acuerdo con esa ley, porque nuestras pequeñas propiedades van a ser embargables, nos van a quitar”.
Además, la producción está por debajo, estamos sufriendo con este combustible, nos ha dañado las maquinarias y equipos y otras herramientas que sirven para los cultivos y para la agricultura.