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Tras millonario fallo contra Bolivia, el Gobierno evitará impacto a la economía y la Gestora descarta afectación a los aportes de jubilación
Una vez consolidado el fallo contra Bolivia por $us 105 millones, el gobierno de Rodrigo Paz se encuentra evaluando una solución que no tenga un impacto en la economía, mientras la Gestora garantizó que su cumplimiento no afectará los aportes de los trabajadores para su jubilación.
El viceministro de Pensiones, José Valencia, confirmó que el fallo internacional en contra de Bolivia y en favor del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) es en última instancia y debe ser cumplido, porque es una “obligación jurídica consolidada”.
“El Estado está evaluando y trabajando los canales correspondientes para encontrar una solución que no implique un impacto sobre nuestra economía”, afirmó en una conferencia de prensa junto al procurador, Hugo León La Faye; al gerente de la Gestora Pública, Marcelo Fernández, y otras autoridades.
El Tribunal Supremo de los Países Bajos rechazó la solicitud de Bolivia para anular la indemnización emergente de un laudo de 2022 del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), por lo que refrendó la obligación de pago de $us 105 millones.
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La demanda se sustentó en la denuncia de vulneración de estándares internacionales, como el trato justo y equitativo, en el marco del proceso de nacionalización del sistema de pensiones boliviano, que estaba en manos de las privadas AFP Previsión y Futuro.
El cumplimiento de esta obligación judicial no afectará los aportes de jubilación de los trabajadores ni las rentas que reciben los jubilados.
“El resultado del laudo arbitral no va a afectar a las pensiones (…). Los recursos que son administrados por la Gestora son un patrimonio autónomo; son independientes, son privados y tienen un destino específico que es el pago de las pensiones; entonces, están protegidas”, aseguró Fernández.
No se informó cuál será el proceso de cancelación de la indemnización; empero, el subprocurador Roger Longaric anunció la revisión del proceso y explicó que este y otros arbitrajes planteados contra Bolivia son resultado de “malas decisiones políticas”.
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“Actualmente, Bolivia enfrenta varios procesos internacionales, algunos de ellos con montos significativos. Para ello, se están adoptando las siguientes medidas: mejorar la coordinación institucional, elevar los estándares de defensa de los intereses del Estado y, sobre todo, prevenir nuevos riesgos en contra del Estado”, afirmó.