Paz promulga ley de estados de excepción, advierte que “están contados los días” del narcoterrorismo y revela que tiene un plan

En medio de un duro bloqueo de caminos que escala en conflictividad al cumplir 38 días, el presidente Rodrigo Paz promulgó la mañana de este lunes la ley que regula los estados de excepción y reveló que ya cuenta con un plan que será ejecutado por las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana con firmeza. Además, advirtió que “están contados los días” de los narcoterroristas que financian y alientan la violencia.

“Esta norma les permite llevar adelante el plan que ya hemos diseñado. Bolivia tiene un plan y lo vamos a ir cumpliendo porque tenemos que retomar la normalidad para que nuestra economía crezca con seguridad para todos los bolivianos. La patria confía en su misión histórica de proteger la democracia, proteger la paz”, afirmó durante el acto de promulgación de la ley.

Como lo viene haciendo de manera insistente, el mandatario volvió a expresar que está dispuesto a dialogar sobre demandas legítimas; sin embargo, advirtió que intereses antidemocráticos frenan los avances alcanzados en los espacios de concertación y apuntó directamente contra los liderazgos instalados en el Chapare.

“Nuestra mano está extendida para seguir siempre en el camino del diálogo, pero cuídense de los infiltrados y de los violentos. Y a los violentos, a los narcoterroristas: así como cayó (el narcotraficante Sebastián) Marset, sus días están contados y vamos a hacer cumplir lo que manda la Constitución y la ley”, aseguró.

Acompañado por sus ministros y los altos mandos de la Policía y de las Fuerzas Armadas —estos últimos vistiendo uniformes de campaña—, Paz promulgó la Ley 1740 de Estados de Excepción, que fue exigida por actores políticos, cívicos, económicos y organizaciones sociales para restablecer el orden frente a un cerco vial que demanda su renuncia y que ya cumple 38 días asfixiando a varias ciudades y regiones.

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Uno de los principales promotores de la dimisión de Paz y de la convocatoria a elecciones generales en un plazo de 90 días es el expresidente Evo Morales, quien permanece en el Chapare para eludir una orden de captura en su contra. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, lo acusó de enviar personas en buses para generar caos y violencia en la sede de gobierno, acusación que sustentó con un registro audiovisual que muestra el paso libre de buses por puntos de bloqueo.

Asimismo, dirigentes cocaleros afines a Morales se encuentran instalados en El Alto participando en la organización de las protestas. Paz hizo referencia a esta presencia y cuestionó: “¿Por qué tanto chapareño en las ciudades de La Paz, El Alto o el altiplano? ¿Es acaso ahora el departamento de La Paz un anexo del Chapare?”.

En esa línea, aclaró que se respeta a los “sectores limpios del Chapare, pero no a aquellos vinculados al narcoterrorismo”, argumentando que “el futuro de La Paz no es ese narcoterrorismo; el futuro de La Paz es el gas y sus hidrocarburos. No es bloquearnos entre paceños y permitir que se infiltren narcoterroristas”.

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El bloqueo de carreteras cumple 38 días, con cercos estrictos a La Paz y El Alto, urbes que sufren un crítico desabastecimiento de combustibles, alimentos e insumos médicos esenciales. Si bien las fuerzas militares y policiales lograron abrir un corredor de aprovisionamiento de alimentos entre La Paz y la zona de Río Abajo, no corrió la misma suerte el operativo desplegado en San Julián, Santa Cruz.

El saldo de esa acción policial-militar fue de cuatro policías heridos de bala, uno de ellos con un impacto en la cabeza. “Pregúntense de dónde vienen las armas y de dónde aparecen civiles para defender supuestos derechos. Tenemos organizaciones que han ejercido su fuerza a través de las armas, y el jefe que está en el Chapare (Morales) dio la orden de reforzar a los movilizados en San Julián para que la violencia sea mayor”, cuestionó la autoridad en relación con los grupos de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) que estuvieron presentes el día del fallido desbloqueo.

Con la aprobación de la Ley 1740, el presidente Paz cuenta con la vía expedita para declarar un estado de excepción mediante decreto supremo ante un peligro inminente para la seguridad del Estado, una amenaza externa, conmoción interna o un desastre natural. La norma otorga respaldo legal al accionar militar y policial.

“Esta norma les permite (a las FFAA y a la Policía) llevar adelante el plan que ya hemos diseñado. Bolivia tiene una estrategia y la vamos a ir cumpliendo, porque tenemos que retomar la normalidad para que nuestra economía crezca con seguridad para todos los bolivianos. La patria confía en su misión histórica de proteger la democracia y salvaguardar la paz. Quiero reiterar a las organizaciones sociales la voluntad de diálogo, y también a las instituciones que hoy defienden sus justos derechos”, afirmó el jefe de Estado.

No ofreció mayores detalles sobre el contenido del plan ni precisó cómo, cuándo o bajo qué modalidad será aplicado o dado a conocer públicamente.