Emergencia
FSTMB rechaza reducción del 30% de planillas y del 10% del gasto corriente; investigador advierte conflictos y riesgos para la gestión de Gobierno
La instrucción de reducir el 30% de las planillas en las empresas mineras dependientes de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y el 10% del gasto corriente puede generar fuertes conflictos sociales que podrían poner en riesgo la gestión de Gobierno del presidente Rodrigo Paz, advirtió hoy el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo y Agrario (Cedla), Alfredo Zaconeta.
De generarse esa inestabilidad social, consideró que se iría en contra de la posibilidad de crear un escenario propicio para atraer inversiones extranjeras y brindar seguridad jurídica en el país.
Estas consideraciones fueron realizadas a raíz del rechazo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) a la disposición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y a las instructivas de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) sobre el ajuste del 30% a la masa salarial y del 10% al gasto corriente en las empresas estratégicas estatales.
Según un voto resolutivo del último ampliado de la FSTMB, estas disposiciones afectarían a las empresas estratégicas productivas, entre ellas Huanuni, Colquiri, Corocoro y la Metalúrgica Karachipampa, por lo que la organización sindical alerta que estas medidas “atentan contra la estabilidad laboral de los trabajadores” y exige dejarlas sin efecto.
“En caso contrario, no descartamos la movilización masiva de los Distritos Mineros en la Sede de Gobierno, con la toma física de instituciones hasta revocar esta normativa que se pretende ejecutar, en una franca provocación a los trabajadores”, manifiesta el documento.
Sobre el tema, Zaconeta consideró que el Gobierno se expone a esta situación por “la falta de lectura social” y por “pasar por alto lo que representa históricamente este movimiento”, tomando en cuenta lo sucedido con el Decreto Supremo 5503, en referencia a las movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB) y la FSTMB, que lograron su abrogación mediante la resistencia.
En un contacto con Visión 360, Zaconeta advirtió que, si no se hace inclusivo el diálogo, “puede estar exponiéndose a fuertes conflictos sociales, que pueden poner en riesgo la estabilidad de la gestión de Gobierno”. Recomendó que este tema debe abordarse de manera integral y oportuna, además de trabajar en la prevención y administración del conflicto, y no solamente en repararlo.
“Creo que en estos años hemos sido testigos de que el empoderamiento de las organizaciones sociales se ha marcado y 20 años no pueden borrarse solamente con la intención de un decreto o por un unilateralismo y resulten perjudicados todos los bolivianos”, sostuvo.
Afirmó que la reducción del 30% de las planillas y del 10% del gasto corriente en las empresas mineras dependientes de la Comibol “implicaría una masacre blanca”. Si se habla de esa cifra, “considerando que en estos momentos la minería estatal está generando entre los 5.700, estamos hablando de un despido de más de 4.000”, dijo.
A eso se suma que, el empleo que generan las empresas estatales mineras, con todas las condiciones sociales, en el marco de la normativa, y es el que menos atención ha recibido, si lo comparamos con el sector privado y con el sector cooperativo, la participación estatal es tremenda.
“Vemos que, en la relación de empleo, por cada 10 empleos que genera la actividad minera en el país, nueve son cooperativistas; estamos queriendo atentar contra ese uno que está generando condiciones de empleo: realmente es no comprender esta situación”, manifestó.
Zaconeta propuso que lo que se debería hacer en estas empresas mineras estatales como Huanuni, Colquiri, Coro Coro, entre otros proyectos, es hacer un reajuste, en la planificación, proyección, todo pensado desde la Comibol.
Recordó que parte de lo que se tiene en el sector, es lo que arrojó la política neoliberal de 1986, cuando mediante el Decreto Supremo 21060, se lanzó a la calle a 20 mil mineros. Parte de estos mineros, han ido a reforzar las cifras de las cooperativas mineras.
Afirmó que, las cooperativas mineras no son los actores mineros que hacen geología, que atraen inversión, que dan una vida útil, prolongada y sostenida los yacimientos mineros, no hacen esa labor; las cooperativas son fuente de acogida de los desempleados que se han dado en todas las crisis que se han dado en Bolivia.
El tema debe ser analizado, además por las implicaciones sociales, ante eventuales movilizaciones que conflictuarían más el país, por la resistencia que pueda plantear la federación de mineros, los sindicatos y otros ante esta posible medida.
Lo que notamos con estos anuncios que se han hecho, es claramente la desconexión que tiene de la realidad social, económica y particularmente del sector minero, esto ratifica ese desconocimiento, entendiendo que en los 20 años del MAS no se tuvo una planificación dentro del sector minero, dijo.
“Lo que ahora se está haciendo en el Gobierno es dar continuidad a esa política, donde no se comprende a la minería como un factor de oportunidad dentro de los aspectos sociales, económicos, ambientales y otros que puedan haber”, consideró.
Parte de eso se ve en este anuncio de reducción que quiere hacer de los presupuestos, al margen de eso, los ajustes que se pretende hacer con algunas empresas que hubiesen presentado cifras deficientes y; claro, lo que corresponde, en vez de pensar en despidos y reducciones, es pensar, por ejemplo, que la minería estatal es un actor reconocido por la Constitución Política del Estado.
Cualquier intención de probar, cerrar o reducir sus funciones solamente implicaría el retorno a ese modelo neoliberal donde el Estado era un mero administrador de contratos, y creo que para el rol que tiene Bolivia y la preponderancia dentro de la riqueza minera que tiene no corresponde ahora tener el rol solo de administrador de contratos, manifestó.
Seguro que se tiene que hacer ajustes, en lo que es la organización, las estructuras de las entidades estatales mineras; seguro, pero esto pasa por una reorganización en primera instancia de la Corporación Minera de Bolivia. La Comibol en este momento, desde la asunción del Gobierno no ha procedido con ningún cambio.
También criticó que el Gobierno anuncie que se trabaja en una nueva ley de Minería, aunque aclaró que es necesaria y oportuna, sin embargo, consideró que la construcción de una nueva ley, debe ser el factor clave que permita desarrollar una minería acorde a los requerimientos que se tienen en la actualidad, cuando se está hablando de minerales de transición energética, minerales estratégicos, críticos y demás.
Pero mientras se consolide, puede tomar años, si consideramos que la actual ley 535 ha tardado cinco años en su discusión; en cinco años de discusión podemos perder el tren de la minería, lo que se está viviendo en estos momentos, que está acompañado de buenos precios, afirmó.
En paralelo, planteó que se requiere destrabar la minería que se tiene en la actualidad, y esa minería está contemplando a actores estatales, privados y a las cooperativas que requieren una atención adecuada y oportuna y, es algo que no se está haciendo desde el Ministerio.