Defensoría del Pueblo: 14.000 estudiantes en Potosí abandonaron la escuela para trabajar en minas o integrar grupos de jucus

En el departamento de Potosí, 14 mil estudiantes abandonaron la escuela para dedicarse a las actividades mineras, junto a sus familiares, o para formar parte de los grupos de jucus dedicados al robo de mineral, confirmó la representante de la Defensoría del Pueblo en ese departamento, Jacqueline Alarcón.

Dijo que la información fue proporcionada por la Dirección Departamental de Educación, situación que provoca alarma en esa institución, que hizo seguimiento a los 19 detenidos encontrados en un paraje de la mina Kory Mayu, en el Cerro Rico de Potosí, cinco de los cuales tenían 15, 16 y 17 años.

Alarcón informó que hay adolescentes que trabajan en las minas para mantener a sus familias o para mantenerse ellos mismos. Estos niños y adolescentes abandonan las unidades educativas precisamente para trabajar en las minas o para formar parte de estos grupos que roban mineral, informó radio Fides Potosí.

“En el caso de Potosí, a pesar de la prohibición, por ejemplo, siguen entrando a las minas a trabajar y no solamente estamos hablando de niños de 13, de 14 años y adolescentes de 15 años, no solamente hombres, también mujeres, y se están dedicando también a otras cosas”, advirtió.

Recordó que el fin de semana se conoció que un grupo de 20 personas fue encontrado por trabajadores de la Cooperativa Kory Mayu cuando robaban mineral en sacos de yute.

Entre los aprehendidos, según el comandante departamental de la Policía, Mirko Bustos, había cinco menores de edad, quienes fueron sacados de la mina con la cabeza cubierta con bolsas de yute, en fila y cubiertos de tierra.

Alarcón expresó su alarma porque los menores tienen 15, 16 y 17 años. Entre ellos había una mujer, quien reveló que fue traída desde Sucre por su primo para vender bebidas alcohólicas en interior mina y que se encontraba junto al grupo de jucus.

“Lastimosamente, los están captando y ellos por la necesidad de dinero, de trabajo están acudiendo hasta a temas delictivos”, advirtió.

Sobre este tema, el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) Alfredo Zaconeta, expresó su preocupación porque menores de edad estén siendo captados por estos grupos delictivos; sin embargo, señaló que ese hecho ya fue confirmado por el Cedla.

Dijo que hace dos años se detectó “una fuerte incursión de menores de edad en los trabajos en el Cerro Rico, particularmente, y además que desempeñaban sus actividades bajo una precariedad laboral. “Sin la intervención del Estado en políticas que vayan a evitar eso o exigir las condiciones mínimas, entendiendo que ellos como adolescentes podrían acceder a una fuente de trabajo”, afirmó.

Ahora, que este hecho esté ligado al tema de la deserción escolar genera mayor preocupación. “Son menores de edad que están involucrados por diferentes factores, parte de ellos por la crisis económica que se registra en las zonas”.

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También mencionó la falta de políticas del Estado que permitan entender que la educación es una de las formas más viables de hacer avanzar un país y, por otro lado, la falta de oportunidades en estas regiones.

“Esta realidad que se está viviendo en torno a la minería y el juqueo particularmente genera preocupación, porque no solamente estamos hablando de hechos delictivos, sino de una ausencia del Estado en el involucramiento de poblaciones vulnerables en estas actividades”, advirtió.

Explicó que en estas poblaciones donde se registra esta actividad ilegal no existen muchas oportunidades para la inclusión de los jóvenes en el mercado laboral y que la primera vía a la que recurren es la actividad minera para generar recursos destinados a su subsistencia y a atender las necesidades de sus familias.

“Si no se atiende oportunamente y de forma integral el tema, esto puede ir replicándose en otras zonas, ya no solamente en el Cerro Rico, sino en otras regiones donde, motivados por los altos precios de los minerales, están recurriendo a actividades ilegales”, advirtió.

Zaconeta consideró que la actividad ilegal minera en Bolivia se está desatando actualmente por dos factores: el precio internacional y la alta demanda de minerales, además de la debilidad institucional y normativa que existe en el país para atender ese sector.

Toda esta actividad ilícita, dijo, se concentra en yacimientos claramente identificados, como el Cerro Rico de Potosí, Porco y Huanuni, en Oruro.

También se registra en yacimientos que fueron cerrados y que datan de la época colonial, en minas abandonadas o clausuradas, así como en pasivos ambientales y diques que están siendo reabiertos de forma ilegal y, en muchos casos, con el involucramiento de menores de edad.