Procuraduría: el arte de litigar, perder y pagar; la abulia que cuesta millones
La pasada semana, una noticia se propagó como reguero de pólvora por los medios de prensa y las redes sociales. El titular, originalmente publicado por el portal “elespañol.com”, señalaba: “BBVA gana su batalla legal contra Bolivia por la nacionalización de las pensiones y recibirá 105M”.
La información no fue divulgada por la Procuraduría, que, como representante del Estado boliviano, es de suponer que fue previamente notificada. No dijeron nada, enmudecieron, haciendo eco de la célebre frase de William Shakespeare, que recomienda: “Anunciad con cien lenguas el mensaje agradable, pero dejad que las malas noticias se revelen por sí solas”.
Así fue como esta demoledora noticia salió a la luz pública, sumando una deuda más que el Estado deberá pagar, fruto de autoridades incompetentes que redujeron la gestión pública a una práctica ideológica perniciosa.
Más allá de la retórica política, los datos oficiales revelan una realidad económica preocupante. De acuerdo con el informe de rendición pública de cuentas de la propia Procuraduría, presentado en marzo de 2026, Bolivia ha estado involucrada en 28 arbitrajes internacionales en años recientes. El balance es contundente: apenas 2 casos ganados frente a 26 con laudos adversos.
El dato crítico no es solo la tasa de derrota, sino su impacto financiero. El Estado boliviano mantiene una deuda pendiente aproximada de 477,9 millones de dólares por arbitrajes perdidos, sin contar este último caso.
La cifra no es marginal. En un contexto de restricción fiscal y necesidad de financiamiento externo, constituye una carga significativa.
Cabe recordar que el 12 de julio de 2022 el tribunal arbitral emitió su laudo, ordenando a Bolivia el pago de 94,8 millones de dólares más intereses, por el incumplimiento del Tratado Bilateral de Inversiones suscrito entre el Reino de España y Bolivia.
El posterior recurso de anulación fue, en los hechos, un pataleo de ahogado, ya que estadísticamente la probabilidad de que prospere era de apenas entre el 10% y el 15%. Ello explica porque no se trata de una instancia de apelación, sino de un mecanismo excepcional que solo procede por causales muy restringidas, como vicios graves de procedimiento o extralimitación manifiesta de facultades. Su invocación conlleva un cuestionamiento implícito a la actuación de los árbitros.
En la práctica, entre el 90% y el 85% de las solicitudes son rechazadas, lo que confirma su carácter limitado y altamente técnico.
En ese marco, y según el manual de aprendiz del litigante de procesos arbitrales, el recurso de anulación no constituye un instrumento eficaz para revertir laudos adversos, sino que, en el mejor de los casos, es utilizado con fines dilatorios o como mecanismo de presión negociadora.
La estrategia se orienta a aprovechar ese tiempo para buscar soluciones negociadas, como planes de pago o acuerdos transaccionales.
En el caso de BBVA, desde la emisión del laudo hasta la resolución del recurso de anulación, transcurrieron casi tres años y nueve meses. En consecuencia, las preguntas que surgen y son inevitables son: ¿qué se hizo en ese tiempo?, ¿solo litigar? o ¿se buscó una alternativa negociada para solucionar el conflicto?
La Procuraduría General del Estado ha optado por una lógica de administración pasiva del conflicto: litiga cuando es inevitable, comunica cuando ya no hay margen y, llegado el desenlace, se limita a ejecutar pagos.
Ya sabemos que el nuevo gobierno tiene apenas seis meses de gestión; por favor, no hace falta repetirlo. Lo que sí hace falta es asumir, de una vez, la responsabilidad de defender al Estado boliviano, aun cuando los estragos no sean propios, porque aún existen arbitrajes en curso que no admiten más dilaciones.
La narrativa de culpar a las gestiones pasadas —aunque tenga asidero fáctico— se ha vuelto un recurso retórico agotado. No reduce pasivos, no mejora la posición del Estado y, en lo sustancial, encubre la ausencia de una estrategia. Persistir en ese discurso no solo hastía, evidencia incapacidad para administrar los problemas.
Si las autoridades han asumido que el desenlace es inevitable y que su rol es litigar, perder y pagar, entonces corresponde decirlo con claridad. Convertir la defensa del Estado en una función de diligente cajero pagador no es gestión pública, es inepcia, renuncia. Y si esa es la decisión, al menos deberían transparentarla y actuar en consecuencia, en lugar de sostener una ficción de defensa, que los hechos desmentirán.
En los arbitrajes ya perdidos, corresponde cumplir con el mandato previsto en el artículo 113 de la Constitución, e iniciar las acciones de repetición contra las autoridades responsables de la acción u omisión que provocó el daño. Para ello no se requieren dilatados procesos de auditoría, los hechos se encuentran contenidos en decretos supremos o resoluciones ministeriales que evidencian la toma de decisiones.
A las altas autoridades no se les remunera para redactar justificaciones, sino para cumplir la Constitución y las leyes, decidir y actuar en consecuencia. La inacción no solo implica tolerar el daño, sino institucionalizar la impunidad en la gestión pública.