Constitución Política del Estado, luces y sombras en más de 100 días
La presente narrativa incorpora un análisis de la economía jurídica de la Constitución Política del Estado (CPE) y las luces y sombras en el análisis del desenvolvimiento macroeconómico durante más de 100 días de la actual gestión gubernamental y con tal finalidad se considera un marco normativo y marco conceptual utilizado durante dos décadas que aún se mantiene casi intacto.
- MARCO NORMATIVO
Se recurre a la economía jurídica, también denominada análisis económico del derecho, que es una metodología que utiliza herramientas económicas para evaluar y diseñar normas jurídicas, es decir, comprender el impacto de las leyes en el comportamiento humano y el mercado.
Se cuenta con dos enfoques sobre la economía jurídica: la primera se aplica desde la economía hacia el derecho que es la metodología positiva (como es, descriptiva) que se utiliza en el presente análisis; la segunda es una propuesta destinada a implementar con la participación de la sociedad en la toma de decisiones económicas (más practica y empírica).
El ámbito jurídico de un país está constituido por un conjunto de disposiciones legales que se clasifican según una estructura jerárquica del derecho que se conoce como “La Pirámide de Kelsen” atribuido formalmente a Hans Kelsen[1], método jurídico que permite representar la jerarquía normativa de un sistema jurídico señalando que las normas de mayor rango otorgan validez a las de menor rango.
La estructura jurídica de un país se clasifica: Cúspide (Constitución Política del Estado); Nivel Intermedio o legal (Leyes, tratados internacionales y legislación nivel subnacional) y Base (Decretos reglamentarios, resoluciones supremas/ministeriales y sentencias, que son normas jurídicas individuales).
En nuestro país la Pirámide de Kelsen se aplica con la Constitución en la cima, seguida de tratados internacionales, legislación nacional/departamental y decretos.
La Constitución Política del Estado[2] (CPE), también conocida como la ley de leyes, que determina: las bases fundamentales de Estado, derechos, deberes y garantías; la estructura y organización funcional del Estado; la estructura y organización territorial del Estado; la estructura y organización económica del Estado y finalmente la jerarquía normativa de reforma de la Constitución. A partir de esta norma suprema se desprende el resto de leyes como es la del Órgano Electoral Plurinacional y Representación Política o de Partidos Políticos.
- MARCO CONCEPTUAL
La definición de las variables económicas, modelo económico, política económica y la función del Estado en la economía se define marco conceptual.
Un marco conceptual detallado sobre el modelo económico, política económica y la función del Estado en la economía fue incorporada en el marco normativo la ley de leyes la CPE, aprobada en el referendo del 25 de enero del 2009 y promulgada el 7 de febrero del 2009, aprueba el “Modelo de Economía Plural (MEP)” orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos[3].
El MEP se basa en una concepción de la sociedad y la economía que pretende mostrar a las acciones estatales como fruto de decisiones colectivas pactadas libremente, sin respetar la libertad individual de las personas y costos elevados de pérdida de la productividad y competitividad económica del país.
La CPE[4] señala que el modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y todos los bolivianos. La economía plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y mixta. La organización económica comunitaria comprende los sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y visión propios de las naciones y pueblo indígena originario y campesinos.
La inversión boliviana se priorizará frente a la inversión extranjera. Toda inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas, y nadie podrá invocar situación de excepción, ni apelar a reclamaciones diplomáticas para obtener un tratamiento más favorable. Las relaciones económicas con estados o empresas extranjeras se realizarán en condiciones de independencia, respeto mutuo y equidad. No se podrá otorgar a Estados o empresas extranjeras condiciones beneficiosas que las establecidas para los bolivianos. El Estado es independiente en todas las decisiones de política económica interna y no aceptará imposiciones ni condicionamientos sobre esta política por parte de estados, bancos o instituciones financieras bolivianas o extranjeras, entidades multilaterales ni empresas transnacionales. Las políticas públicas promocionarán el consumo interno de productos hechos en Bolivia.
En conclusión, el Estado con la actual CPE asume todas las funciones imaginables en la economía y además dirigir la misma y mientras esté vigente no sería posible modificar el modelo, política económica y ejecutar un programa económico diferente como un modelo de economía de mercado y Estado Regulador.
En resumen, no es posible cambiar de programa, modelo económico y política económica si no es cambiada la actual constitución, en caso contrario la gestión económica gubernamental continuaría de forma similar a lo acontecido durante dos décadas que no es viable.
- LUCES Y SOMBRAS EN MAS DE 100 DIAS DE POLITICA ECONOMICA
Después de dos décadas continuas de gestión gubernamental estatista (2006-2025) según la CPE, de control de la actividad económica, de suprimir los incentivos al sector privado, aparente nacionalizaciones, confiscación a los que generan riqueza y redistribución del ingreso, etc. que fue aprobada por un conjunto de normativas legales, económicas y sus resultados construido y ejecutado resulto similar a un campo minado y bomba de tiempo que se utiliza en una guerra como defensa contra el enemigo, destinado a dificultar las actividades a un nuevo gobierno, dejando una línea de base o condiciones iniciales a nivel interno de la economía casi destruida.
Transcurrieron más de 100 días de la administración gubernamental del presidente Rodrigo Paz y en la toma de sus decisiones de política económica decidió por una de característica gradualista, discreción, heterodoxia y así de esta modo contar con un poco más de tiempo, para: conseguir crédito externo de los organismos multilaterales y bilaterales destinado a elevar el flujo de dólares al país e incrementar el stock de las reservas internacionales del Banco Central, contar con gobernabilidad, gobernanza, ausencia de un programa económico, respuestas a varias preguntas (Que, Como, Para, Cuando, Costo, Donde) y consolidar el apoyo de la población a futuras medidas de ajuste económico. Por otra parte, sobre la visión de país aún pendiente hasta la presentación del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) por el Ejecutivo al Legislativo, no se tiene un Presupuesto General del Estado 2026 según los lineamientos de la actual administración de gobierno y se viene utilizando el del anterior exmandatario que utilizo la contabilidad creativa y lo fundamental no se conoce si se mantiene la actual CPE o mediante procedimientos constitucionales se repondría la CPE de 1967 y sus reformas o alguna otra forma, no fue mencionado de forma explícita.
Hubo luces y sombras en la gestión gubernamental: se quitó la subvención a los derivados de hidrocarburos y normalizo su comercialización; compromiso de crédito externo del BID, BM y CAF; apertura de las exportaciones; aprobación del Decreto Supremo 5503 que duro menos de un mes y reemplazado por el Decreto Supremo 5516; Salario Mínimo Nacional Bs3.300 a partir de enero; creación del Bono PEPE; aumento de Bs150 al Bono Juancito Pinto; Starlink; proyectos de ley enviados a la Asamblea Legislativa Plurinacional de eliminación del Impuesto a las Transacciones Financieras y otros; desembolso de dólares a la Banca para que puedan retirar las personas que cuentan con depósitos hasta $US1.000; el uso de tarjetas de crédito y débito hasta el límite de crédito aprobado por el Banco y de $US500 respectivamente; varias normas legales a nivel de Decretos Supremos; bajo la calificación de riesgo país; participación en DAVOS; reunión en Estados Unidos-Washington con el presidente Donald Trump y otros países; reuniones con Organismos Internacionales de Financiamiento (BM, BID, CAF y otros); eliminación de visas a ciudadanos de varios países; apertura del país al mundo; cumplimiento en el pago del servicio de la deuda externa; mejora la calificación de riesgo país; relativa mejora del flujo y stock de las reservas internacionales (RIN); sugerencia de disminuir la participación porcentual del stock de las barras de oro de las RIN; 50 y 50 sobre recursos públicos dividido entre los niveles nacional y subnacional no esclarecido su procedimiento; anuncio de superávit fiscal en enero de Bs2.300 y continuaría los próximos meses, sin embargo, no hay la información en el MEFP porque el período fiscal 2025 presentan la información las entidades públicas hasta el 31/03/2026; según la CPE el Ejecutivo tiene PGE 2026 aprobado automáticamente y falta el PGE-2026 reformulado con diversos anuncios sobre su tratamiento y fecha de envió por el ejecutivo al legislativo, que en un evento en el Hotel Casa Grande el ministro abordó pocos minutos sobre el presupuesto reformulado a grandes rasgos subestimado el precio del barril de petróleo que se utiliza en los datos presupuestarios así como no especifica el tipo de cambio utilizado, como si se tratara de un trámite sin importancia y menor para la economía que esta con iliquidez de dólares, régimen cambiario múltiple, recesión e inflación galopante, para después trasladar la atención rápidamente hacia la presentación de la plataforma “Presupuesto Abierto” que permite buscar datos de gastos fiscales 2016-2024.
Los resultados de la política económica que inicialmente tuvieron éxito por el factor de credibilidad del equipo económico, porque: decían lo que es, pensaban lo que es y hacían lo que es, fue consistente y cambio al poco tiempo porque expresaban lo que es y con lo que dice que piensa y actúa de manera diferente no fue consistente perdió credibilidad y resurgieron varios problemas como: continúan trabajando en el sector público en el país y exterior el personal contratado por los gobiernos anteriores porque no hay recursos para el pago de indemnización y desahucio a los que están dentro la Ley General del Trabajo y la iliquidez de dólares para el personal del exterior; gasolina de mala calidad que deteriora los vehículos y diversas versiones sobre la causa; demora en el pago por el daño a los vehículos; 32 maletas que llegaron al país que no hay información; bienes y cajas fuertes de Marset con diferentes versiones; vuelven las filas en todo el país en las estaciones de servicio de venta de gasolina y diésel; renuncia de varias autoridades gubernamentales; pliego petitorio de la COB; anuncios de protestas sociales y bloqueos, etc.
En resumen, continuamos con los mismos problemas sin resolver que afectan los bolsillos de todas las personas sin excepción y hacia adelante continuaría casi sin modificación que sería insostenible económicamente, socialmente, políticamente y en riesgo mantener la frágil estabilidad macroeconómica del país, porque se mantiene intacta toda la estructura jurídica del país, es decir, la CPE, el resto de normas, modelo y política económica, permaneciendo el personal del sector público incluido los de las embajadas, porque para ser reemplazados o suprimir los puestos haciendo una estimación con supuestos tiene que pagar el Estado aproximadamente más de $us4.000 millones si están contratados amparados por la Ley General del Trabajo que las empresas públicas no tienen estos recursos.
- CONCLUSIÓN
Es posible resolver los problemas económicos de corto, mediano y largo plazo acordando: una nueva CPE; un programa económico, modelo económico y política económica y una visión de país convocado por el presidente Rodrigo Paz llamando a un acuerdo nacional con todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria y la concertación con los sectores sociales del país de forma urgente, comenzando a realizar entre los bolivianos y si es dificultoso llevarlo a cabo recurriendo a la Iglesia Católica y a instancias especializadas de Organismos Internacionales.
La situación que vive el país en la actualidad es otra experiencia profesional de las varias que tuve desde el siglo XX comenzando a finales de la década de los setenta que la política tiene más peso que la economía que no estaba de acuerdo en una conversación con el economista Armando Méndez Morales a quien le comente que resolver los problemas económicos serían solucionados estrictamente con medidas económicas, a lo que me replico que no era verdad, porque dijo: “noventa por ciento es política y diez por ciento económico”, esta opinión en esa época me dejo pensativo debido a que en las clases en la Universidad los catedráticos en las diversas materias realizaban sus exposiciones magistrales con el método positivo y normativo utilizando una serie de modelos económicos teóricos, cuantitativos, históricas, sociología, derecho y especializadas.
Por lo mencionado, si es importante la política y la economía que tienen que estar sincronizadas para lograr el primer mejor y/o el segundo mejor, es decir, ambas políticas deben ser destinadas a mantener la estabilidad económica y financiera, condición básica para crear un ambiente de confianza y credibilidad para todos los bolivianos sin exclusión y también para los inversionistas internacionales, con el objetivo de elevar el bienestar de la sociedad en el presente y de las futuras generaciones.
[1] Hans Kelsen (1881-1973) fue un jurista, filósofo del derecho y politólogo austríaco de origen judío, reconocido por su influencia en la teoría del derecho y la estructura de los sistemas jurídicos modernos
[2] En actual vigencia desde febrero de 2009.
[3] Cuarta Parte Estructura y Organización Económica del Estado, Título I Organización Económica del Estado, Artículo 306 Constitución Política del Estado
[4] Artículos 306 y 307 Constitución Política del Estado
[5] Artículo 320 Constitución Política del Estado
[6] Identificado como defensor del libre mercado y de la escuela económica monetarista.
[7] Porcentajes intuitivos y no cuantificado.