Asesinato del decano del Tribunal Agroambiental enciende alarmas por la creciente violencia y el riesgo para el Estado de derecho

El violento asesinato del decano del Tribunal Agroambiental en Santa Cruz de la Sierra encendió en Bolivia las alarmas por la creciente violencia y el riesgo para el Estado de derecho. Pronunciamientos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Agroambiental y la Defensoría del Pueblo advirtieron la gravedad del hecho y reflexionaron sobre el riego que ello representa para el país.

Uno de los primeros y más duros pronunciamientos fue el que emitió el presidente del TSJ, Romer Saucedo. “Hoy escribo con ese dolor que no se puede esconder, esa bronca que se convierte en impulso de ver una ‘ausencia de Estado’”, escribió en un mensaje que publicó en redes sociales.

“Lo que le hicieron a Víctor Hugo Claure, amigo y colega Magistrado del Tribunal Agroambiental, sobrepasó los límites.  No se puede vivir en un país que no brinda seguridad a sus ciudadanos. No se puede vivir en un país donde el sicariato se apoderó de él y le dobló el brazo al Estado”, agregó.

El Tribunal Agroambiental emitió un comunicado en el que condena el hecho y advierte que este crimen no solamente enluta al Órgano Judicial en su conjunto, sino también “a la institucionalidad democrática del país”.

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“Se trata de un hecho que trasciende lo individual y constituye una afrenta constituye una afrenta directa a la independencia judicial, a la seguridad de las autoridades jurisdiccionales y a los valores esenciales de convivencia pacífica y respeto a la vida”, agrega.

Exige además que el Ministerio Público inicie una investigación “inmediata” y “exhaustiva” para esclarecer los hechos e identificar a los responsables del crimen.

El Ministerio Público también emitió un comunicado en el que informó que se activaron “todos los mecanismos de investigación correspondientes” para dar con los autores del asesinato y anunció la conformación de una comisión para ello. “Este hecho no solo enluta a una familia, sino también al sistema de justicia del país”, afirmó.

El Consejo de la Magistratura, también mediante un comunicado público, señaló que este hecho es un ataque al sistema judicial y al propio estado de derecho.

“Este hecho, ejecutado mediante un ataque armado con características propias del accionar delictivo organizado, no constituye un hecho común ni aislado. Se trata de un ataque frontal contra la función jurisdiccional, la independencia judicial y la propia estructura del Estado Constitucional de Derecho, que busca instaurar el miedo como mecanismo de presión sobre quienes administran justicia”, se lee en el pronunciamiento.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, también se pronunció mediante las redes sociales y expresó su profunda consternación por el asesinato del magistrado Claure.

‎‎“Lamentamos profundamente el asesinato del magistrado decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure Hinojoza, ocurrido en Santa Cruz de la Sierra. Este hecho de extrema violencia no puede quedar en la impunidad”, escribió.

‎‎“La protección de la vida y la seguridad de la población constituyen obligaciones fundamentales del Estado. Las instituciones competentes deben actuar con celeridad y brindar certidumbre y tranquilidad al pueblo boliviano”, agregó.

La Cancillería También condenó el asesinato del magistrado Claure y calificó el hecho como un atentado contra la institucionalidad democrática, por lo que demandó una investigación exhaustiva y su pronto esclarecimiento.

“El Ministerio condena de manera firme y categórica las circunstancias violentas que rodearon su deceso, las cuales constituyen un grave atentado contra la institucionalidad democrática, la independencia de los órganos del Estado y la seguridad de las autoridades públicas”, establece un comunicado oficial.