Justicia
El abogado de Evo dice que su cliente no cometió el delito de trata de personas, aunque hay evidencias en su contra
Mientras el abogado defensor del expresidente Evo Morales, Nelson Cox, anunció que su cliente no se presentará a la audiencia de juicio oral por el presunto delito de trata de personas agravada, argumentando que la presunta víctima dijo en reiteradas oportunidades que no se había cometido ningún delito en su contra, se conocen evidencias de la investigación realizada en por el Ministerio Público y declaraciones de la misma afectada, Cindy Sarai, quien se encuentra refugiada en Argentina.
El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital de Tarija dispuso ayer la apertura de juicio oral en contra de Morales e Idelsa P. S, la madre de la presunta víctima, quien era menor de edad cuando ocurrieron los hechos.
La audiencia fue fijada para el lunes 11 de mayo de 2026 a horas 08.20 a.m., a realizarse de forma presencial en el salón de audiencias del Tribunal, debiendo disponerse las medidas de resguardo y seguridad necesarias por la Policía Nacional, en atención a la naturaleza del proceso y su relevancia.
La acusación se sustenta en el artículo 281 bis del Código Penal boliviano, que define el delito de trata de personas, sancionando con privación de libertad de 10 a 15 años a quien capte, traslade, reciba o acoja personas mediante engaño, fuerza o coacción con fines de explotación (como laboral, sexual o servidumbre).
Además, establece como agravante que la Ley N° 263 y el Código Penal disponen sanciones de 15 a 20 años cuando la víctima es un niño, niña o adolescente.
Cox, quien ocupó los cargos de viceministro de Justicia y de Régimen Interior y luego fue delegado de la Defensoría del Pueblo en la gestión gubernamental de Morales, ahora se desempeña como abogado defensor del exmandatario, sobre quien pesan otras acusaciones por la comisión del mismo delito en contra de otras menores de edad, cuando era el presidente del Estado.
El abogado ya había anunciado que su cliente no se presentaría a la audiencia programada para el próximo lunes. En esta jornada, en una conferencia de prensa, ratificó la decisión, argumentando que el proceso en contra de su defendido tiene un “tinte político” y fue impulsado por los gobiernos de Luis Arce y, en la actualidad, por el de Rodrigo Paz.
Desde su punto de vista, a Morales no se le pudo comprobar ningún delito. “No se le ha podido comprobar un solo delito, no tiene un solo proceso ni por narcotráfico, ni por corrupción, ni por legitimación, por ningún tipo penal”, aseguró.
Afirmó que ha sido fácil “urdir, armar, tramar de parte del exministro de Gobierno para atribuirle el delito de abuso sexual y luego lo transforma en trata y tráfico de personas”. “Es el único proceso al que le han dado ribetes no solamente de afectación y conmoción, porque se utiliza para tratar de estigmatizar al expresidente, sino que le han dado el cuerpo para que verdaderamente pareciera creíble”, agregó.
Además, afirmó que la supuesta víctima dijo en reiteradas oportunidades que nadie cometió algún delito contra ella, por lo que aseguró que se trata de un “caso forzado”. “La presunta víctima ha presentado por más de cinco veces varios memoriales en los que dice no soy víctima ni de Evo Morales, ni de nadie, ni de abuso sexual, ni de trata y tráfico de personas”, dijo.
Con esos argumentos, el abogado consideró que el Tribunal de Sentencia Penal actuó de forma arbitraria al disponer la audiencia de apertura del juicio oral contra Morales, por lo que anunció que se presentará un memorial para reclamar estas vulneraciones en contra del debido proceso.
Observó que la acusación fue realizada con elementos falsos y que no se consideró que el Ministerio Público tiene que una forma objetiva de atribuir una imputación y de sostenerla. "El Ministerio Público supone que, como la mamá trabajaba en la Alcaldía, era porque el expresidente tenía mucho poder y le ha dado un trabajo; entonces deducimos que es trata y tráfico de personas", ironizó.
Sostuvo que se quiere atribuir la culpabilidad únicamente con un certificado en el que no existe reconocimiento, sino presunción de filiación paterna.
Para Cox, el Ministerio Público no tiene un solo elemento objetivo que compruebe el delito y solo son más de 120 informes que repiten el informe de Inteligencia, que le atribuye el delito de trata y tráfico, con recortes y con un barrido de las redes sociales.
Anunció que la defensa de Morales presentó una queja ante el tribunal de sentencia, pero además señaló que se recurrió ante la Comisión de Derechos Humanos, tanto de la Organización de Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Este tribunal trata de atribuir un delito a un expresidente, cuando no hay la víctima; no es que haya desaparecido la víctima, la víctima dice que no han cometido un delito en mi contra y lo dice de forma insistente, al extremo que no se encuentra en el Estado boliviano”, dijo.
“Estamos presentando un memorial para hacer saber que no tiene por qué instalarse la audiencia en día lunes, porque no se han cumplido con estas máximas, porque no se le está dejando defender no solo a él, sino tampoco a la mamá de la presunta víctima y porque no está prevaleciendo el testimonio de la víctima que ha presentado ante varias instituciones, en las que ha manifestado que no ha dado autorización a nadie que hable a su nombre y yo digo que no he sufrido ningún delito”, insistió.
Las evidencias que son negadas por el abogado de Morales
Cox insistió en negar que la presunta víctima de trata y tráfico de personas nunca hizo una acusación en contra de Morales, aunque la mujer brindó hace un año declaraciones al medio DNews, en las que contó que vivió atemorizada durante todo el tiempo que permaneció en el país, “para que no hagan desaparecer a mi hija”.
“Mi hija nació un 8 de febrero de 2016; justamente en esas fechas, a unos pocos días, salió el caso Zapata e hicieron desaparecer a su hijo; más antes se iba mencionando el caso de Nemesia Achacollo, hicieron desaparecer a esos dos niños y yo no quería que mi hija pase por la misma suerte”, afirmó.
Consultada sobre el apellido que llevaba su hija, sin mencionar a Morales, dijo que “era el que todos lo conocen, es el certificado que ha sido publicado y panfleteado por todos lados”. En la entrevista se mostró un certificado de nacimiento en el que se registraba el nombre del expresidente.
También informó que en 2017, después de contarle lo sucedido a su madre, quien supuestamente desconocía lo ocurrido entre ella y Morales, fue a inscribir a la niña nacida ante una oficialía.
Relató que el día que fue a registrar a su hija no se encontraba el oficial de registro y el trámite se realizó de forma normal. Sin embargo, “en horas de la tarde llega el oficial de registro, la que no estaba cuando yo hice el registro, para obligarme a eliminar el registro”, sostuvo.
Además, la entonces fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, reveló detalles de la investigación de los presuntos delitos de estupro y trata de personas, en la que se vinculó a Morales. Informó que la defensa del exmandatario presentó incidentes y excepciones para impedir el avance de la investigación del caso, según El País de Tarija.
"El caso está en reserva. El plazo se termina el viernes; daremos todos los avances sin vulnerar derechos y a pesar de las amenazas que han recibido los miembros del equipo. Seguimos firmes y no nos vamos a victimizar como otras personas", precisó.
Confirmó que entre las pruebas resaltan los viajes al exterior en más de 79 ocasiones de Cindy Sarai y su pequeña hija, así como también de la madre de Cindy, Idelsa P., quienes entre los años 2015 y 2019 viajaron en repetidas ocasiones a Argentina y Venezuela. Se presume que acompañando a Evo Morales.
Por otra parte, hace seis meses se conoció parte del documento de acusación contra el exmandatario. En la acusación se indica que Cindy registra su nacimiento el 12 de diciembre de 1999; por eso se infiere que, cuando se iniciaron los hechos de captación, traslado y sometimiento a la explotación sexual comercial, era menor de edad, rondando los 14 años.
Es decir, que se encontraba dentro del grupo vulnerable por su minoría de edad, ya que no contaba con la capacidad física ni psicológica para poder defenderse ante los hechos de agresión de los que fue víctima; mucho menos contaba con la capacidad volitiva de brindar su consentimiento para actos sexuales, informó radio Fides.
“No se dio oportunidad a la víctima de elegir el momento para ejercitar su actividad sexual y, sobre todo, ejercer su derecho a la reproducción, toda vez que estuvo sometida a las decisiones de Idelsa P. S. y Evo Morales”, manifiesta el documento.
También se logró establecer que en el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) no se encuentran registros de Cindy Saraí en los sistemas de distribución de subsidios de tipo prenatal y de lactancia desde 2013-2019. La Dirección Departamental de Educación de Tarija informó que salió bachiller en la gestión 2016, es decir, que transcurrió su embarazo mientras estaba en proceso formativo de secundaria.
En cuanto a la concesión y recepción de pagos por sí o por tercera persona, refiere que esto constituye un modo de operación de las redes de trata de personas, preceptos que se configuran en el presente caso, ya que el tratante Evo Morales ofreció beneficios económicos y patrimoniales a favor de la víctima Cindy Saraí, aprovechándose de que era menor de edad, inmadura y dependiente de su familia en el aspecto económico y de subsistencia.
Señala que la madre de la menor brindaba información o creaba alguna ventaja específica a efectos de que el tratante Evo Morales tenga ventaja para acceder sexualmente con la menor de edad.
También sostiene que se pudo acreditar que el entorno familiar de la víctima recibió beneficios económicos al asumir cargos públicos en reparticiones dependientes del Estado, incluso llegando a trabajar tres familiares en una misma repartición estatal, dejando de lado la prohibición de nepotismo que establece la normativa vigente.
Cindy Saraí V. P., su hija y la madre, Idelsa P. S., lograron conseguir el estatus de refugiadas en la República de Argentina, mediante una resolución de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) de ese país.
Ambas hicieron la solicitud ante “una serie de hechos y circunstancias que habrían motivado sus salidas del país de origen”, según uno de los considerandos del documento emitido el 22 de agosto, informó Erbol.
“Reconocer a Cindy Sarai V. P. e Idelsa P. S., ambas de nacionalidad boliviana, nacidas el 12/11/1999 y el 23/01/1966, respectivamente, y quien dijo ser y llamarse Eliza S.S.V., de nacionalidad boliviana, haber nacido el 08/02/2016, la condición de refugiados, en los términos de la Ley N° 26.165”, señala la resolución de la Conare.