Agenda nacional
Analista político recomienda al Gobierno postergar el diálogo nacional para resolver primero los conflictos sociales
El Gobierno nacional debe postergar la reunión convocada para el fin de semana, para definir una agenda nacional, para resolver los conflictos que están alrededor, como las amenazas de iniciar protestas de los empresarios de Santa Cruz, además de los protagonizados por las organizaciones sociales y, a partir de ahí, recién convocar a ese encuentro nacional, recomendó el analista político, Marcelo Arequipa.
“Yo creo que de una vez por todas tiene que primero postergar la reunión del fin de semana y; segundo resolver los conflictos que están alrededor y, a partir de ahí recién convocar de una vez a un encuentro para definir una agenda nacional”, afirmó en entrevista con Visión 360.
Desde su perspectiva, dijo que el país está viviendo un clima de tensión social importante, por ello, no es lo más indicado ahora mismo proponer un encuentro, una cumbre o una reunión de este tipo, porque va en contrasentido al manejo de los tiempos de manera adecuada.
Arequipa se refirió a la convocatoria a un encuentro nacional por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz para el próximo sábado en Cochabamba, el pasado jueves en horas previas a la convocatoria a un cabildo por la Central Obrera Boliviana (COB), para el Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo.
En un mensaje a la nación, el primer mandatario anunció la realización de este encuentro para definir una agenda destinada a lograr la transformación del país. Con ese propósito se invitó a las autoridades electas en las elecciones subnacionales, como gobernadores, alcaldes, concejales y asambleístas departamentales; la invitación también fue dirigida a los líderes de los partidos políticos y a los diputados y senadores, así como empresarios, entre otros.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, confirmó la realización del evento, con el objetivo de involucrar a la sociedad, a través de sus diferentes representaciones, en las acciones del Gobierno para atraer inversiones y encarar reformas estatales, como la redistribución de recursos bajo el mecanismo del 50/50.
“Necesitamos darnos la oportunidad de sentar las bases para conversar sobre temas estratégicos, como la sostenibilidad del modelo económico, el equilibrio fiscal, la seguridad jurídica, la atracción de inversiones y la crisis energética que ya estamos sufriendo; la cual afrontaremos con mayor dificultad si no tomamos medidas inmediatas”, afirmó. Confirmó que se tenía registradas 592 invitaciones y no descartó que esa cantidad podría aumentar.
Al respecto, Arequipa consideró que, con la convocatoria realizada, el Gobierno “busca algo de oxígeno”, con el respaldo de otros actores políticos en este clima de conflicto social, en referencia a la declaratoria de un paro indefinido por la COB y el bloqueo de carreteras por la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
Sin embargo, identificó que, al margen de este conflicto protagonizado por las organizaciones sociales, se suma otro generado desde el propio Gobierno, que es el acuerdo con la CSUTCB de gestionar la abrogación de la Ley 1720, que permite la conversión de la pequeña en mediana propiedad, que según los sectores agroindustriales permitirá el acceso a créditos en el sistema financiero.
Sobre este acuerdo, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) ya emitió un pronunciamiento en rechazo a la decisión del Gobierno de promover la abrogación y anunció el inicio de protestas en caso de que se abrogue esa norma.
Arequipa consideró que, al haber anunciado la intención del Gobierno nacional de gestionar la abrogación de la Ley 1720, sectores empresariales cruceños, especialmente, y algunos asambleístas nacionales han salido a criticar duramente esa decisión.
Dijo que lo que se puede generar el día sábado es un escenario en el que primero los actores políticos y empresariales no asistan a la reunión; o que asistan y realmente no haya ningún acuerdo, porque el Gobierno no está sabiendo administrar de forma adecuada los conflictos, afirmó.
También puede suceder que este encuentro quede solamente en anuncios y no se pueda llegar a un acuerdo sobre una agenda nacional, como pretende, manifestó.
“Lo que pasa es que yo veo que el Gobierno no está teniendo la capacidad de manejar adecuadamente los tiempos políticos para administrar en qué momento era más adecuado hacer este encuentro y eso puede dificultar la posibilidad de que lleguemos a un acuerdo de una agenda el fin de semana”, sostuvo.
Respecto a la decisión de no convocar a las organizaciones sociales que se encuentran movilizadas, consideró que se tiene que considerar que la gobernabilidad en el país es dada por la institucionalidad formal y las organizaciones sociales.
“Si uno analiza cuáles son los dos brazos de la gobernabilidad política en el país, está claro que uno de los brazos es toda la institucionalidad formal: esos son los órganos del Estado, representantes electos, diputados, senadores, alcaldes, gobernadores y magistrados; pero también el otro brazo de la gobernabilidad en el país es, sin duda, todo el campo de las organizaciones sociales, sindicatos y comités cívicos, inclusive”, planteó.
Es decir, que no es solamente un solo ámbito el que genera la gobernabilidad y, si no se genera un espacio de gobernabilidad con los dos brazos que este país tiene, difícilmente se va a poder realmente poner en marcha una agenda nacional, advirtió.
En ese contexto, manifestó que la situación actual es muy complicada, porque el Gobierno no está sabiendo definir, en términos claros, si va a ir con Dios o con el diablo.
“No puede pretender ir con los dos lados, tiene que definirse y tiene que marchar en base a identificar cuál es su base social, sobre quiénes se va a asentar su legitimidad y, a partir de ahí, empezar a poner en marcha las decisiones que necesita, pero no lo está haciendo hasta ahora”, sostuvo.
Debería definir cuáles son sus aliados, pero ser consecuente con eso, no dudar, porque creo que ese es otro elemento que está presente, precisó.
En los cinco meses desde que ha entrado el Gobierno ha dado señales de estar más cerca de la agroindustria y el empresariado. Esto no es bueno ni malo, es una decisión política; entonces, ahora al levantar las protestas de estos sectores le puede complicar y generar más desgaste, manifestó.