Defensoría del Pueblo y Diócesis de El Alto exhortan a priorizar el diálogo y abrir corredores humanitarios

La Defensoría del Pueblo de Bolivia y la Diócesis de El Alto expresaron este viernes su preocupación por el impacto humano, económico y social que generan los bloqueos y la conflictividad social que persisten en distintas regiones del país, especialmente en el departamento de La Paz, y exhortaron a los sectores movilizados y a las autoridades a priorizar el diálogo y la protección de los derechos fundamentales.

Mediante un pronunciamiento conjunto, ambas instituciones señalaron que la actual crisis afecta a miles de familias bolivianas y advirtieron que las medidas de presión no deben vulnerar derechos esenciales como el acceso a la salud, la alimentación, la integridad personal y la libre circulación.

“La actual coyuntura exige poner en el centro a las personas, especialmente a quienes viven en situación de vulnerabilidad”, señala parte del documento difundido este viernes.

La Defensoría y la Iglesia Católica alertaron sobre las dificultades que enfrentan numerosas comunidades para recibir alimentos y medicamentos, así como los problemas de movilización para pacientes y personal médico. También hicieron referencia a las pérdidas que sufren productores que no pueden trasladar sus cosechas debido a los puntos de bloqueo instalados en carreteras y vías estratégicas.

En ese contexto, las instituciones hicieron un llamado urgente a los sectores movilizados para permitir corredores humanitarios y garantizar el paso irrestricto de ambulancias, medicamentos, alimentos y combustible. Asimismo, exhortaron a las autoridades del Estado a promover espacios de diálogo efectivos y soluciones pacíficas que eviten una mayor confrontación y profundización de la crisis económica.

El pronunciamiento también estuvo dirigido a los líderes políticos y sociales, a quienes pidieron actuar con prudencia y evitar discursos que incentiven la violencia o profundicen la división entre bolivianos.

Ambas instituciones recordaron además el principio “ivi maraei” o “la tierra sin mal”, contemplado en el Artículo 8 de la Constitución Política del Estado, y señalaron que este valor se construye “cuando ningún boliviano le hace mal a otro boliviano, bajo ningún motivo y circunstancia”.

La crisis por los bloqueos ocurre en un contexto de creciente tensión social y política en Bolivia, donde los sectores movilizados apuntan una sola demanda, la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira, aunque que el Ejecutivo ha descartado y, por el contrario, ha denunciado como un movimiento sedicioso.