Bloqueos
Bloqueadores agreden a conductores atrapados en carreteras: prohiben atender a un enfermo y apedrean camionetas que llevaban ayuda
Conductores que permanecen atrapados en las carreteras que vinculan al departamento de La Paz con Oruro y que comunican al país con Chile y Perú siguen siendo víctimas de las agresiones de los campesinos, que en las últimas horas prohibieron que un hospital le preste atención a uno de ellos, quien se encontraba descompensado y fue abandonado en el lugar.
Otro hecho de violencia denunciado se registró cuando tres camionetas que trasladaban ayuda a los conductores que sufren enfermedades de base y ahora resfríos por las bajas temperaturas que están por debajo de los cero grados, desde Desaguadero, fueron apedreadas e impedidas de prestar socorro a estas personas.
El presidente del Transporte Pesado Internacional, Marcelo Cruz, emitió un duro cuestionamiento contra la Defensoría del Pueblo, que aboga por los bloqueadores, quienes agreden a la población, y no considera la extrema situación que enfrentan sus afiliados, abandonados por el Estado y por esa institución que debería defender los derechos humanos de todos.
El representante, ante esta situación extrema, anunció que acudirán ante la Cruz Roja Internacional para que les brinde ayuda, porque denunció que la Cruz Roja Boliviana no tiene disposición de prestarles socorro.
También criticó al Gobierno por su incapacidad de ejercer su autoridad para impedir estas agresiones contra la población civil del departamento de La Paz y de los transportistas que se encuentran sin comida, sin alimentos y sin ningún socorro, en una entrevista con Red Uno.
Mencionó que los choferes del transporte pesado principalmente sufren problemas de salud por la baja de las temperaturas registradas en todo el occidente, sobre todo en el sector que está más cerca de la frontera, donde las temperaturas están llegando a los cero grados.
Además, sostuvo que varios de los que se encuentran atrapados en las carreteras sufren de diabetes, presión alta y ahora afecciones respiratorias, y no hay medicamentos.
“En una de las clínicas privadas que hay en Konani no quisieron atender a un conductor que estaba ya descompensado; lo sacaron del recinto porque les prohibieron que haya atención médica para los transportistas. ¿A qué punto de intransigencia estamos llegando?”, exclamó.
Konani es una localidad boliviana perteneciente al municipio de Sica Sica, en la provincia de Aroma, departamento de La Paz, y es uno de los lugares donde la Federación Departamental de Campesinos de La Paz Túpac Katari realiza el bloqueo de carreteras, exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
También se refirió a otro evento de violencia protagonizado por los bloqueadores, cuando camionetas llegaron al lugar donde se hallaban varados con ayuda desde Desaguadero. “Tres camionetas que vinieron con ayuda fueron apedreadas, fueron agredidas; las camionetas tuvieron que retornar sin poder brindar la ayuda”, denunció.
“El conductor está sin comida, enfermo y con la familia desesperada. Hay personas que no tienen comida por 20 días; por ello vamos a acudir a instancias que puedan ayudar y a una ley para que el Gobierno tenga mayor tipo de acción y no solo sean veedores”, criticó.
Cruz también se pronunció sobre la postura asumida por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, quien, desde su punto de vista, salió en defensa de los movilizados y dejó en el desamparo a otros sectores que sufren las permanentes agresiones de los bloqueadores.
“Hemos visto con mucho desagrado; no sabemos el concepto de pueblo que tienen las instituciones que supuestamente son defensoras de los derechos humanos, porque esta situación de los bloqueos está violentando los derechos fundamentales: la libre transitabilidad, el derecho a la vida, la salud y al alimento”, afirmó.
En contrapartida, manifestó que los movilizados se encuentran bien alimentados en los puntos de bloqueo, porque “llegan camionetas con alimentos, con comida preparada, comida de alto valor; no es una comida sencilla, no es pan con agua como todos podríamos pensar, y para eso tiene que haber dinero de por medio”, dijo.
Cruz afirmó que, debido a toda esta violencia que sufren, hay cuestionamientos sobre estas autoridades supuestamente originarias, que no respetan la vida, ya que estarían alimentándose con comida de primera.
Sostuvo que los bloqueadores incurren en actitudes intransigentes, porque no entienden que los conductores, los transportistas y los camioneros no son parte del problema, sino víctimas de la ineficiencia y la ineptitud del Estado, así como de la intransigencia y la violencia derivadas de intereses personales y políticos de quienes encabezan estas medidas.
Denunció que varios vecinos y personas de los municipios que se encuentran en los puntos de bloqueo se acercaron a los conductores para denunciar que son obligados a participar en los bloqueos.
“Hemos recibido de los vecinos; la gente que está en los municipios se ha acercado a los conductores, ha tomado contacto con nosotros, con la dirigencia, para pedir y denunciar que están siendo obligados por dirigentes, por corregidores, autoridades supuestamente originarias a participar de los bloqueos”.
Dijo que las personas que habitan en esos municipios son obligadas a participar en los bloqueos “bajo la amenaza de multas, que son sabidas; en estos momentos les están cobrando 300 Bs a cada persona que vive en la comunidad o que es vecino de la comunidad en estas zonas que están bloqueando, y que si no participan les van a cobrar, además de la amenaza de quitarles el terreno o la propiedad”, manifestó.
El representante cuestionó la realización del corredor humanitario “Banderas Blancas”, el pasado fin de semana por parte del Gobierno, porque provocó daños a la población civil y a la población que habita tanto en la ciudad de El Alto como en La Paz.
“Ha sido un desastre la supuesta apertura del corredor humanitario que el Gobierno pretendía hacer, porque lastimosamente las organizaciones delictivas, en las que en este momento se han convertido estos movimientos sociales, han dañado camiones”, afirmó.
Relató que un camión que estaba detenido en la carretera, que ni siquiera avanzaba con la caravana, fue destrozado por los bloqueadores, quienes afectaron parte de la estructura del vehículo, los vidrios y el parabrisas.
“Los conductores están durmiendo; no es que esté abandonado el camión, estamos presentes en los lugares de bloqueo a la espera de una solución y principalmente de que se cumpla la ley”, manifestó.
Cruz también habló de la afectación económica a ese sector. Dijo que hay aproximadamente 3.000 contenedores que están en circulación en el país y que se encuentran en las carreteras bloqueadas. Por cada día que no se devuelven a los puertos de Arica e Iquique, hay una multa de entre 1.500 a 2.000 Bs, principalmente en toda la ruta al Pacífico con Perú y Chile. Entonces, por contenedor son 6 millones de Bs diarios que está perdiendo el comercio exterior.
Además, están los 3.000 contenedores en los puertos, llámese Arica, Iquique, Ilo, Matarani, que no pueden salir hacia el país porque no hay paso en Desaguadero, que está totalmente cerrado. Lo mismo pasa por Patacamaya para poder ir a La Paz o Cochabamba. Eso representa otros 6 millones de Bs; son 12 millones de Bs que se pierden solamente en este tema de los contenedores, precisó.
En cuanto a la situación de los productos perecederos, como el pollo y la carne, si bien los contenedores tienen cadena de frío, esta se encuentra en riesgo debido a que funciona a diésel y en las carreteras no hay en este momento surtidores que tengan diésel.
“Esa carga directamente ha perdido su valor. Los productos que están comprometidos con contratos, porque si no se cumplen, las líneas navieras y los fletes marítimos también son multados. Es decir, hay una afectación tremenda que ni el Gobierno ni los bloqueadores van a devolver o van a pagar”, advirtió.
Precisamente debido a esas circunstancias, anunció que esta semana se decidió acudir a instituciones internacionales, ya que en este momento no hay una defensa de la población por parte del Defensor del Pueblo, y acudir a la Cruz Roja Internacional, porque la Cruz Roja de Bolivia tampoco tiene la predisposición de ayudar.
Además, anunció acudir a la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz para que haya una revisión de la Ley del Defensor del Pueblo, ya que no se puede concebir que las instituciones del Estado no estén funcionando: la Fiscalía General, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia ni el Órgano Electoral, porque estas personas estarían intentando retomar el poder.