Cancillería informa que Trimarchi no ejerce mandato legislativo en Argentina y pide a Migración definir su estatus en el país

La Cancillería del Estado, al expresar su rechazo a las declaraciones de la dirigente y activista argentina Mercedes Trimarchi, informó que actualmente no ejerce mandato legislativo en Argentina y que habría utilizado dicha condición para participar en movilizaciones de carácter político en el país.

Debido a esa situación, demanda a la Dirección General de Migración definir su estatus migratorio de esa ciudadana y proceder en función de lo que dispone la normativa migratoria vigente en el país.

En un comunicado difundido hoy, la Cancillería expresó su rechazo a las declaraciones de Trimarchi, vinculada a la organización Izquierda Socialista, en manifestaciones desarrolladas en territorio nacional en contra del Gobierno del presidente Rodrigo Paz, electo en el marco de lo que establece la Constitución Política del Estado.

Este miércoles se difundió un video en el que se observa a la activista participando en un mitin en la ciudad de El Alto, destacando las protestas que se concentran en el departamento de La Paz y en la sede de Gobierno, que permanece aislada por el bloqueo de carreteras por 27 días, a convocatoria de la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Departamental de Campesinos de La Paz Túpac Katari, que exigen la renuncia del primer mandatario.

“Son nuestro faro, porque han logrado en seis meses poner en jaque a un Gobierno como el de Rodrigo Paz, un Gobierno derechista que viene a quitar todos los derechos que hemos conquistado”, se escucha decir a Trimarchi, quien fue identificada como diputada del vecino país.

El pronunciamiento de la Cancillería sostiene que, una vez que se conoció que la activista se presentó públicamente como “diputada electa”, pese a no ejercer actualmente mandato legislativo alguno en la República Argentina, utilizó dicha condición para participar en movilizaciones de carácter político interno del país.

Además, habría emitido “afirmaciones falsas, distorsionadas y carentes de sustento” contra el Gobierno boliviano, incluyendo aseveraciones infundadas relativas a una supuesta supresión de derechos de los trabajadores bolivianos, según el documento.

Al respecto, la Cancillería considera “inadmisible e inaceptable” que actores políticos extranjeros participen en actividades de carácter político interno, particularmente cuando se atribuyen representaciones o calidades institucionales ajenas a su mandato para pronunciarse sobre asuntos que corresponden exclusivamente al pueblo boliviano y a sus instituciones democráticas.

Asimismo, recuerda que el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados constituye una norma fundamental del Derecho Internacional, consagrada en la Carta de las Naciones Unidas y en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, y reafirma que las diferencias políticas internas deben ser resueltas exclusivamente por el pueblo boliviano, en el marco de la institucionalidad democrática, el respeto a la soberanía nacional y el Estado de Derecho.

En ese contexto, y conforme a la normativa migratoria vigente del Estado Plurinacional de Bolivia, señala que corresponderá a las autoridades nacionales competentes evaluar y adoptar las medidas que resulten pertinentes en relación con su estatus migratorio, en el marco de sus atribuciones legales y administrativas.