Posición
Cívicos de Bolivia advierten sobre la amenaza latente de un golpe de Estado, piden a Paz no ceder y detener a Morales
En Santa Cruz, los representantes de los nueve comités cívicos de Bolivia denunciaron que existe una “amenaza latente de un golpe de Estado” y exigieron al gobierno de Rodrigo Paz recurrir a los instrumentos que le franquea la ley para frenar a los grupos irregulares que alientan los bloqueos y protestas con fines desestabilizadores.
“Ante la amenaza latente de un golpe de Estado y el agravamiento de la crisis económica que asfixia a nuestra nación, el Gobierno debe utilizar todos los recursos legales vigentes para frenar a los grupos sediciosos y terroristas, devolver la paz a las regiones y garantizar la estabilidad que el pueblo boliviano nos reclama”, establece una de las conclusiones del documento leído por el cívico cruceño Stello Cochamanidis.
En su pronunciamiento, los líderes cívicos respaldaron al presidente Paz y le demandaron no ceder a las presiones de los movilizados; asimismo, le exigieron aplicar la normativa y detener a Evo Morales, quien se encuentra atrincherado en el Chapare desde noviembre de 2024 para evitar su captura por un juicio penal derivado de la denuncia de haber mantenido una relación con una menor de edad.
Los cívicos se reunieron en la capital cruceña, precisamente, para evaluar la situación política y social del país y fijar una posición conjunta. Aunque estaba comprometida la presencia del presidente Paz, este no acudió debido a la necesidad de atender asuntos de urgencia en la sede de Gobierno, emergentes de la alta conflictividad social, según explicó, a las puertas del ente cívico, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.
Paz participó por la mañana en la cita a través de un contacto telefónico, pero a Espinoza no se le permitió ingresar al encuentro, el cual se desarrolló a puerta cerrada. Pasadas las 14:00, la dirigencia hizo público su manifiesto, marcando una dura posición contra las medidas de presión, que cumplen 28 días con millonarios daños financieros y una latente crisis humanitaria.
“Exigimos el respeto al mandato popular. Bolivia atraviesa un colapso económico y humanitario durante 28 días de bloqueo por grupos irregulares que atentan contra la vida, la producción y los derechos fundamentales. Ante esta crisis, el presidente Rodrigo Paz Pereira no debe ceder ante el chantaje; debe ejercer su autoridad y restaurar el orden que prometió defender cuando pidió los votos en las urnas”, demandaron en el documento.
Los movilizados en los bloqueos exigen la renuncia de Paz. La extrema medida de presión está concentrada en La Paz y El Alto, y la encabezan sectores afines a Evo Morales, campesinos paceños, maestros rurales y afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), quienes hasta el momento han descartado asistir a las convocatorias de diálogo.
Ambas ciudades atraviesan un severo desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos, mientras el conflicto comienza a extenderse a otras regiones del país. El Ejecutivo reportó un daño en las exportaciones que asciende a 500 millones de dólares, en tanto que en La Paz y El Alto las pérdidas económicas ya superan los 600 millones de dólares.
Ante el complejo panorama provocado por los bloqueos, los comités cívicos exigieron la redacción de una ley antibloqueos y que los instigadores asuman de manera directa las consecuencias financieras de estas medidas de fuerza que golpean el aparato productivo y buscan desestabilizar la democracia.
“Exigimos a la Fiscalía General del Estado, a la Policía Nacional y al Ministerio de Gobierno el cumplimiento estricto de su deber constitucional mediante la ejecución inmediata de la orden de aprehensión contra Juan Evo Morales Ayma”, establece otra de las conclusiones emitidas.
Además, añadieron: “La impunidad de quienes han sido identificados como principales instigadores de la desestabilización y la violencia es un ataque directo al Estado de derecho. Exigimos que la ley se aplique sin cálculos políticos para garantizar que los responsables de los atentados contra la paz social y la estabilidad democrática enfrenten finalmente a la Justicia”.