Bloqueos
Fiscal General ratifica que está vigente la orden de aprehensión contra Argollo
El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, confirmó este viernes que la orden de aprehensión en contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, continúa vigente y recordó que la encargada de ejecutarla es la Policía Nacional.
La autoridad hizo conocer esta situación en conferencia de prensa, un día después de que algunos de los asistentes al diálogo convocado por la Vicepresidencia para encontrar una salida a la crisis social que vive el país pusieran como condición para avanzar en este proceso el levantamiento de la orden de aprehensión contra este dirigente.
Argollo fue acusado por el Ministerio de Gobierno por los delitos de alzamiento armado, sedición y terrorismo, debido a que instruyó el bloqueo de carreteras, hace 29 días, exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La medida de presión, ejecutada por la Federación Departamental de Campesinos de La Paz Túpac Katari, dejó a la sede de Gobierno cercada, con la población sufriendo las consecuencias del desabastecimiento de alimentos, medicamentos, insumos médicos, oxígeno y combustible.
Esta medida extrema impide el ingreso de oxígeno medicinal, insumo necesario para los pacientes internados en varios hospitales de la capital, situación que fue denunciada por los directores de esos centros y por el Colegio Médico Departamental de La Paz, que advirtió de posibles pérdidas de vidas de los enfermos.
Una situación similar fue denunciada por los pacientes oncológicos, que denunciaron una situación extrema, porque debido a los bloqueos pacientes de los demás departamentos no pueden llegar a recibir sus tratamientos mientras que otros que tienen la enfermedad avanzada, deben sufrir extremo dolor, porque no cuentan con los medicamentos controlados. Además, debido al cierre de las carreteras se registró la muerte de cuatro personas que no pudieron recibir atención médica a tiempo.
A eso se suma el desabastecimiento de alimentos en los mercados de las ciudades de La Paz y El Alto, el desabastecimiento de combustible, que prácticamente paralizó la ciudad, afectando a negocios que se vieron obligados a suspender sus actividades, por la falta de insumos y el alza de los precios de los productos de primera necesidad.
En medio de esta crisis, el vicepresidente Edmand Lara tomó la iniciativa de instalar una mesa de diálogo, sin embargo, los dirigentes de la COB y de los campesinos no asistieron a las dos reuniones realizadas, y condicionaron su presencia a que se deje sin efecto las órdenes de aprehensión en su contra.
Lara planteó como una posible solución jurídica que el Ministerio de Gobierno desista de la denuncia presentada, lo que dejaría sin efecto las órdenes de aprehensión, sin embargo, debido a que se trata de un delito de orden público, el Ministerio Público está obligado a actuar de oficio y proseguir con la investigación de la denuncia.
Mariaca, consultado sobre ese tema, manifestó: “Nosotros hemos emitido una orden de aprehensión, será la Policía Nacional a que tenga que ejecutar, sin embargo, el tema político, (…) tendrán que solucionar las autoridades gubernamentales y no gubernamentales”.
Precisó que, una vez que se proceda a la aprehensión de Argollo, el dirigente será puesto ante la autoridad jurisdiccional, que será la que defina su situación legal.
“Eso lo va a determinar una autoridad jurisdiccional, puesto que el Ministerio Público tendrá que poner a la persona aprehendida ante un juez cautelar”, afirmó.