Contra viento y marea
Cuando el diálogo calla, el rol pacificador de la Iglesia se impone
El gobierno boliviano descarta expresamente el uso de facultades constitucionales que, por otra parte, a estas alturas del inhumano cerco a La Paz parecerían tardías. Y a pesar de que ese mismo marco constitucional establece que el Estado es laico, la autoridad moral de la Iglesia católica continúa posicionándose como un recurso clave para dirimir crisis políticas mediante la concertación ciudadana. La Conferencia Episcopal Boliviana e instituciones de mediación aliadas mantienen activa una histórica vocación pacificadora como facilitadoras fundamentales del diálogo social.
Solo hay que volcar la mirada para ver de cuántos jaleos la jerarquía católica, a la que en ocasiones con saña se la condena, ha sacado a este virulento país. Y es que la laicidad estatal no anula la vigencia del capital social y moral, particularmente de la Iglesia católica.
La recurrente parálisis en los canales tradicionales de negociación del país convoca, de manera sistemática, a la revisión de la memoria histórica sobre la resolución de crisis políticas complejas. En el contexto boliviano actual, caracterizado por una marcada fragmentación social y severas afectaciones en la cadena económica y de desabastecimiento generalizado, resalta nuevamente la necesidad de recurrir a actores con legitimidad transversal probada. La Conferencia Episcopal Boliviana, en estrecha coordinación con organismos internacionales y de derechos humanos, encabeza este registro histórico de neutralidad y concertación pacífica.
Es cierto, y enhorabuena, que la configuración de Bolivia como un Estado laico a partir del año 2009 delimitó las esferas de la administración pública y los cultos religiosos; más la laicidad institucional no disuelve la cohesión sociocultural que representan los credos con fuerte arraigo demográfico, y en ese orden de cosas Bolivia está conformada por alrededor del 80% de su población que profesa la religión católica. La intermediación de las autoridades católicas no se ejerce desde un ejercicio de potestad jurídica, sino a partir de un capital ético e histórico que dota de garantías mínimas de confianza y equilibrio a las mesas de negociación donde las partes gubernamentales y los sectores movilizados se rehúsan a ceder de forma unilateral. Pues bien, la trayectoria eclesial como puente articulador en el país posee registros documentales profundos en las últimas décadas, principalmente en las fuertes tensiones sindicales con la Central Obrera Boliviana, en que actuó como árbitro directo para restablecer la paz social en innumerables huelgas generales y demandas de amnistía.
Recordemos que bajo la administración del presidente Hernán Siles Zuazo, en un escenario de hiperinflación extrema y confrontación total, las gestiones de la jerarquía católica evitaron un desenlace civil violento, viabilizando el adelantamiento de las elecciones y protegiendo el periodo democrático naciente.
Ya más adelante, en 2005, el asilamiento geográfico de los centros de poder y las demandas extremas que desencadenaron la renuncia presidencial en las jornadas de mayo y junio de ese año, una vez más, la cúpula eclesiástica entabló un diálogo crucial con los poderes del Estado para asegurar una sucesión constitucional regular en la república.
Durante la profunda crisis política e institucional registrada entre octubre de 2019 y enero de 2020, la Conferencia Episcopal Boliviana fungió como la facilitadora central de las mesas de concertación. Junto a delegaciones de las Naciones Unidas y la Unión Europea, su mediación técnica permitió desactivar los brotes críticos de violencia urbana y trazar la ruta hacia la convocatoria de nuevas elecciones generales.
El reciente pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Boliviana en sentido de que ningún interés particular o corporativo debe supeditarse al bienestar colectivo de la población, impelen a recurrir a ella para que una vez más se haga posible una aproximación inmediata entre las partes, hoy de irreductibles posiciones. La memoria institucional del país demuestra que la resolución de bloqueos prolongados y posiciones ideológicas intransigentes requiere de espacios de aproximación neutrales. La convocatoria a un diálogo transparente y asistido por la estructura eclesial continúa configurándose como el mecanismo más idóneo para revertir el desgaste general de la sociedad civil y asegurar la coexistencia institucional pacífica en todo el territorio nacional.
Esta vocación pacificadora de la fe católica se fundamenta en el mandato evangélico que define su misión histórica y espiritual: "Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios" (Mateo 5,9). En tiempos de incertidumbre, retornar a los principios de la reconciliación institucional no es solo una salida política sensata, sino un imperativo ético indispensable para la supervivencia de la nación.