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Del Granado expresa su desacuerdo con la presunción de legalidad incluida en la ley de estados de excepción
El presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, Juan Del Granado, ratificó este lunes su desacuerdo con la Ley de Estados de Excepción recientemente promulgada por el presidente Rodrigo Paz y recordó que no acompañó con su voto la aprobación de la norma debido a observaciones vinculadas a la protección de los derechos fundamentales.
La ley fue aprobada sin modificaciones por la Asamblea Legislativa y promulgada por el Ejecutivo en medio de una creciente conflictividad social marcada por bloqueos de carreteras y demandas para restablecer el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en varias regiones del país.
Del Granado explicó que durante el tratamiento del proyecto en la Comisión de Constitución manifestó reparos sobre algunos artículos, particularmente el referido a la presunción de legalidad de las actuaciones de efectivos policiales y militares durante la vigencia de un estado de excepción.
“El estado de excepción es una medida constitucional que la norma fundamental prevé para restablecer el orden constitucional. Sin embargo, el artículo 26 al presumir la legalidad anticipada de esas las actuaciones de policías y militares, podría generar un sistema de protección indebido a los funcionarios que ejercen la titularidad del monopolio del uso de la fuerza pública que va en contra de los principios constitucionales que consagran la protección de los derechos humanos de la población”, detalló Del Granado, según una nota de prensa.
La disposición observada por el legislador establece que las actuaciones de policías y militares ejecutadas en el marco de un estado de excepción gozarán de presunción de legalidad, aspecto que generó un amplio debate durante el tratamiento legislativo de la norma.
Mientras los legisladores que respaldaron el proyecto sostuvieron que el Estado requiere herramientas legales para responder a situaciones extraordinarias, garantizar el orden público y preservar el abastecimiento de productos esenciales, sectores críticos advirtieron que algunas disposiciones podrían ampliar de manera excesiva las facultades del Órgano Ejecutivo, la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas.
Pese a las observaciones planteadas, la mayoría parlamentaria decidió mantener intacto el texto del artículo 26 y aprobar el proyecto sin modificaciones.