Acciones
En Cochabamba presentan demanda penal contra Evo Morales y el gobernador Loza por los bloqueos
Una denuncia penal fue presentada contra el expresidente Evo Morales, el senador Leonardo Loza y varios dirigentes vinculados a los bloqueos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La extrema medida de presión cumple este miércoles 40 días y mantiene a varias regiones y ciudades al borde de una crisis humanitaria.
El asambleísta departamental de Cochabamba, Joel Flores, informó que la querella fue interpuesta por los delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, atentados contra la seguridad del transporte, atentados contra la seguridad de los servicios públicos y delitos contra la salud pública.
Junto con Morales y Loza, fueron denunciados Nelson Virreira, exfuncionario de la Gobernación; Vicente Choque Figueroa, dirigente cocalero; Feliciano Vegamonte, actual dirigente sindical campesino, y otros actores relacionados con el prolongado bloqueo de carreteras que se extiende por seis de los nueve departamentos del país.
La medida de presión, que busca forzar la renuncia del primer mandatario, ha cerrado cualquier posibilidad de diálogo. Hasta el momento, el conflicto ha dejado millonarias pérdidas económicas y mantiene bloqueadas las rutas del comercio nacional e internacional, afectando de manera crítica las cadenas de producción y comercialización.
“Con estos bloqueos se ha hecho un tremendo daño a la economía del aparato productivo, a las familias cochabambinas, al transportista, al comerciante, al albañil, al taxista, a todos”, aseguró Flores en un video compartido en sus redes sociales, donde añadió: “Ante esta denuncia penal, las autoridades del Ministerio Público tienen que responder con mano dura”.
Dirigentes cocaleros del Chapare se encuentran en la ciudad de El Alto articulando las protestas, las cuales son respaldadas abiertamente por Morales, quien en reiteradas ocasiones ha exigido la dimisión de Paz y la convocatoria a elecciones generales en un plazo de 90 días.
Las ciudades de La Paz y El Alto sufren el impacto de 40 días de un cerco ininterrumpido que interrumpió sus vías de aprovisionamiento de alimentos, carburantes e insumos médicos. Ante los severos daños económicos y sociales, un cabildo ciudadano exigió la noche del martes la declaratoria inmediata de un estado de excepción para restablecer la normalidad en la región.