A 41 días del severo bloqueo, Argollo y Salazar cierran las puertas al diálogo y mantienen la exigencia de renuncia de Paz

El bloqueo de carreteras que asfixia a diferentes regiones de Bolivia cumplió 41 días sin visos de solución debido a las posturas radicales de los movilizados. Los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y de la  Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz "Túpac Katari", Vicente Salazar, coincidieron en que, al menos por el momento, no existen condiciones para instalar un diálogo, por lo que ratificaron la demanda de renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Argollo reapareció la noche del miércoles en una entrevista televisiva con la red RTP, donde evitó hablar, en su condición de máximo dirigente, sobre un posible acercamiento con el Ejecutivo. Aseguró que cualquier decisión debe ser consensuada con las bases en las carreteras y, aunque perfiló que realizarán una evaluación interna, no brindó mayores detalles sobre una eventual fecha para el encuentro.

“Como dirigentes nosotros volvemos también a decirle a la población que vamos a hacer evaluaciones. Hasta el momento tenemos que estar firmes al lado de nuestras bases, que han pedido el alejamiento del presidente; seguramente nos tendremos que sentar y analizar todo lo que ha pasado hasta el momento”, explicó el ejecutivo cobista.

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Una posición similar, aunque abiertamente más radical, es la que sostiene el dirigente campesino Vicente Salazar. “No hay condiciones; no se negocia con el pueblo ni con muertos”, aseguró la mañana del miércoles, al inicio de la marcha que descendió desde El Alto hacia la sede de Gobierno. Asimismo, advirtió: “Es la renuncia voluntaria o se va a ir con una convulsión; el pueblo ha sido claro”.

Poco después de estas declaraciones, Salazar fue arrestado tras llegar, junto con las columnas de manifestantes, a uno de los accesos a la plaza Murillo con el objetivo de cercar el centro del poder político del país. Horas más tarde, el dirigente fue puesto en libertad.

Durante la entrevista, Argollo se encargó de justificar las movilizaciones y responsabilizó al Gobierno por la extrema medida de presión que mantiene incomunicadas a las ciudades de La Paz y El Alto de sus centros de abastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos.

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El dirigente manifestó que existe una profunda desconfianza hacia las autoridades y aludió, sin presentar pruebas, a supuestos planes de privatización y venta de recursos naturales.

Al ser consultado sobre los severos costos sociales y económicos del prolongado cerco, el representante de la COB eludió dar una respuesta directa y minimizó el impacto al afirmar que se trata de algo transitorio: “Ahora estaremos sufriendo, pero a veces es necesario pasar un poco de necesidad para tener días mejores”.

Argollo y Salazar encabezan los sectores que ejecutan las protestas en las rutas. De forma irónica, el líder cobista cuestionó los acercamientos del Ejecutivo con otros actores: “El Gobierno se reúne con sectores que no tienen base social y el país debería estar tranquilo tras esas reuniones en diferentes escenarios. Sin embargo, no se ha sentado con los actores fundamentales que en este momento estamos ejerciendo esta movilización”.

Frente a este escenario, el presidente Paz insiste en resolver el conflicto por la vía pacífica, aunque también dejó en claro que la Constitución le faculta la posibilidad de decretar un estado de excepción para pacificar el territorio nacional. En sintonía, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, acusó al expresidente Evo Morales de estar detrás de las protestas y denunció que estas son financiadas por el “narcoterrorismo”.

Morales se constituye en el otro actor clave de este conflicto que golpea la gestión del mandatario a poco más de seis meses de haber asumido el poder. El líder cocalero exige de forma abierta la dimisión de Paz y la convocatoria a elecciones generales en un plazo de 90 días, para lo cual mantiene a varios de sus dirigentes del Chapare replegados en El Alto, articulando las protestas que ya se extienden a seis de los nueve departamentos del país.

Por el momento, no se vislumbra una salida al conflicto y ambas partes permanecen entrampadas en posiciones contrapuestas.