Contra viento y marea
El banquillo postergado
Recientemente escuché de boca de un analista su extrañeza por la inacción, tanto del Ministerio Público como de la Justicia, para someter a Evo Morales a procesos por delitos que no sean los que tienen que ver con pederastia y tipos penales compatibles, pese a los años transcurridos.
Y en verdad sucede que el escenario político boliviano se encuentra fuertemente focalizado en escándalos de índole personal y delitos comunes en los que el expresidente se halla involucrado. Sin embargo, simplificar la rendición de cuentas de un exmandatario a estos aspectos fragmenta la memoria histórica y posterga el debate sobre hechos de profunda gravedad institucional. Para construir una verdadera salud democrática, la justicia debe examinar y determinar las responsabilidades civiles, penales y constitucionales —en el caso de Morales— en sucesos clave ocurridos durante y después de su ejercicio como primera autoridad del Estado. Esto supone que es imperativo abrir o reactivar, según los casos, investigaciones rigurosas, imparciales y en debido proceso. Es el caso del bullado Hotel Las Américas, en torno al cual el gobierno de entonces armó un sainete para justificar lo humanamente indefendible, cuando las evidencias, luego de varios años, establecieron que en realidad allá se produjeron ejecuciones extrajudiciales y torturas a cargo de los organismos policiales, cuyos operativos estuvieron cohonestados por las autoridades que tienen tuición sobre el organismo del orden. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha instado al Estado boliviano a la investigación de quienes resulten ser autores materiales e intelectuales de un hecho que no puede quedar en la impunidad por la gravedad de las violaciones a los derechos humanos.
Ese gravísimo hecho no es, sin embargo, el único que debe ser motivo de exhaustiva investigación, porque en la era Morales se produjeron muchas transgresiones a los derechos fundamentales, como la masacre de El Porvenir en Pando, en la que, luego de una violenta emboscada, se ocasionó la cobarde muerte de campesinos y normalistas, cuya responsabilidad de las altas esferas del gobierno de entonces sigue siendo una tarea pendiente para la justicia.
En 2016, el país fue testigo de uno de los hechos más vergonzosos y, en este caso particular, comprobados; por tanto, exento de cualquier incertidumbre sobre el autor cuya flagrancia exime de la más mínima necesidad de investigación. Esto hace imperativo un juicio de responsabilidades contra Evo Morales y los entonces miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional que, en un gesto de deshonroso sometimiento al presidente, viabilizaron una reelección indefinida, desconociendo el referéndum que le hubo antecedido, en virtud del cual la voluntad popular le dijo expresamente No a esa posibilidad. La vinculatoriedad de esa decisión del soberano, al estar amparada por la Constitución Política del Estado, deriva ipso facto en responsabilidades penales y civiles para quienes han incurrido en esa mayúscula transgresión. El 21-F fue un episodio que el país nunca más puede repetir.
Y hay mucho que investigar y juzgar con la ecuanimidad y sindéresis con que en esos aciagos catorce años la justicia no actuó; pero si algo sus administradores no pueden hoy ignorar, son los hechos de 2019, en los que se produjo un vacío de poder y, con él, una descomunal violencia civil. Por ello, una intervención judicial imparcial debe evaluar y juzgar las acciones previas a la renuncia de Morales, contrastándolas equitativamente con los procesos activados en contra de otros actores políticos de ese periodo. Tampoco pueden pasar al olvido las declaraciones y llamadas registradas por las que se instruía “dejar sin comida a las ciudades” mediante cercos logísticos. Estas conductas configuran delitos contra la seguridad interna del Estado, el libre tránsito y los derechos fundamentales de la población civil.
Hay, pues, una cadena de graves delitos cometidos en la gestión de Evo Morales cuya autoría debe desentrañarse, y en ningún caso descartarse su participación en hechos punibles como el caso FONDIOC, los juicios ante tribunales extranjeros que se han perdido o el probado despilfarro de recursos fiscales en las frondosas delegaciones que por todo y por nada salían al exterior, sin tener ninguna representación oficial ni necesidad de conformarlas. En fin, hay mucho que investigar de ese periodo en procesos judiciales ordinarios y de procedimientos extraordinarios que no obedezcan a agendas políticas ni a cálculos electorales y, más bien, garantizarse, tanto para el acusador como para los acusados, el debido proceso.
Así, focalizar la atención pública en los delitos de orden privado de Evo Morales, voluntaria o involuntariamente, constituye una cortina de humo que diluye responsabilidades que él, como todo ciudadano, debe asumir ante la sociedad. La pacificación y el reordenamiento democrático en Bolivia no se alcanzarán mediante la selectividad ni la espectacularización de los delitos comunes. Permitir que la agenda judicial respecto a Evo Morales se reduzca al ámbito privado convalida una amnesia institucional inaceptable.