Conflicto social
Ponciano Santos, acusado de terrorismo y alzamiento armado, es señalado por coordinar bloqueos que piden la renuncia de Paz
El dirigente campesino afín al expresidente Evo Morales, Ponciano Santos Cruz, fue descubierto con un teléfono celular, que de acuerdo con investigaciones preliminares era utilizado para coordinar las movilizaciones y el bloqueo de carreteras, que se extienden desde hace 45 días en el país, lo que motivó que se le aplique una sanción de 45 días.
Santos fue remitido al penal, acusado de los presuntos delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, en mayo de 2025, cuando fue aprehendido. La acusación fue presentada por la Procuraduría General del Estado, en la gestión del expresidente Luis Arce.
Una requisa realizada el pasado sábado halló en poder del dirigente un dispositivo y, debido a ello, fue sancionado con 45 días; sin embargo, la medida fue apelada ante la justicia, pero el juez de Garantías ratificó la sanción, informó el abogado Frank Campero.
Explicó que el detenido no tiene por qué tener un teléfono celular y, más aún, por informes preliminares se tiene conocimiento de que estaría organizando y coordinando los bloqueos y las marchas que están perjudicando a la población de La Paz y El Alto. Este es un antecedente funesto para el señor Ponciano Santos, informó CTV Red Nacional.
El detenido es identificado como uno de los dirigentes campesinos afines a Morales; en octubre de 2024 declaró un bloqueo indefinido de ese sector, con el propósito de habilitar la candidatura de Morales, quien está impedido de postular a ese cargo, debido a lo que establece la Constitución Política del Estado sobre la reelección en el cargo de primer mandatario.
Este sábado, tras el hallazgo, fue trasladado al sector de máxima seguridad del recinto carcelario, conocido como “La Muralla”, área destinada al aislamiento y control de internos considerados de alta peligrosidad o que incumplen las normas penitenciarias. Santos debía recuperar su libertad en dos días.
En esta oportunidad, el dirigente afín a Morales es sospechoso de coordinar las movilizaciones y el bloqueo de carreteras, que causaron grandes pérdidas económicas al país y provocaron la muerte de varias personas debido a que no pudieron pasar por los puntos de bloqueo para recibir atención médica en los centros de salud, exigiendo la renuncia de Paz.
Además, otros dirigentes afines a Morales, entre ellos el exdiputado Feliciano Vegamente, el vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico, Dieter Mendoza, y el dirigente campesino Vicente Choque, participaron activamente en los bloqueos, ante la ausencia de la cúpula de la Central Obrera Boliviana (COB).
Esta medida de presión dejó atrapados a cientos de conductores del transporte pesado, en condiciones inhumanas, sin agua, alimentos ni medicamentos, además de las agresiones reportadas por los afectados por parte de los bloqueadores.
Santos aparece nuevamente como uno de los operadores del bloqueo de carreteras que en esta oportunidad buscan la renuncia del presidente Paz, algo parecido buscó en 2024, cuando declaró un bloqueo de carreteras que se extendió por 24 días, provocando cuantiosas pérdidas al país.
“Ha sido encontrado portando un equipo celular en su celda de manera irregular e ilícita, ha sido sancionado con 45 días; va a ser separado de la población. Él mismo ha apelado esta determinación y el juez de Garantías ha determinado confirmar esa sanción de manera específica”, puntualizó el abogado.
Dijo que, con esta conducta, ese ciudadano está comprobando que sigue siendo un peligro efectivo para la sociedad y que este es un obstáculo netamente efectivo, ya que el mismo no podría acceder a una cesación de la detención preventiva. Este antecedente va a obstruir de manera específica esa misma situación.
Afirmó que el detenido no muestra una reflexión ni un arrepentimiento, ni una forma de reinserción en sociedad; más aún, está afectando de manera específica la situación económica y social de las ciudades de La Paz y El Alto, y este será un otro proceso que tendrá que sopesarse de manera específica.
Son 45 días de separación; él está en castigo en este momento de la población común y corriente de manera determinada y, más allá de la sanción, su conducta y la sanción que recibió serán observadas por las autoridades, advirtió.
"Esta sanción impide que de manera específica se pueda dar libertad o alguna medida menos gravosa que sea la detención preventiva y, más allá de eso, el contenido, la situación social emergente que nuestro país está viviendo", sostuvo.
Campero afirmó que, a raíz de la conducta de Santos, las personas afectadas pueden interponer una denuncia, que sería la tercera, porque además de la denuncia de terrorismo existe una denuncia por violencia política contra la exalcaldesa de El Alto, Eva Copa, a quien patrocina.
Dijo que se utilizarán estos nuevos elementos en la audiencia de juicio oral que va a tener, para efectivizar una sentencia condenatoria y establecer que no existe un arrepentimiento de este ciudadano y, aún estando en privación de libertad, sigue realizando actos contrarios al orden de las ciudades de La Paz y El Alto.
En octubre de 2024, Santos manifestó que no les interesaba el cambio de ministros y que su objetivo era lograr la renuncia del exmandatario y la convocatoria a elecciones. “A nosotros no nos interesa el cambio de ministros, sino que Arce Catacora renuncie o no renuncie; entonces nosotros estamos seguros”, declaró en esa oportunidad.
Advirtió que “con este bloqueo, este incapaz de Gobierno se va a ir de la presidencia; para nosotros no es Gobierno ya. Nuestro Gobierno, por lo tanto, nosotros no vamos a aceptar ningún diálogo a partir de hoy; preferimos estar en bloqueo aunque un mes o dos meses para que se vaya este Gobierno. Así que para nosotros le quedan dos caminos: paso al costado o convoca a elecciones generales; incluso sabemos que su familia ya no está en Bolivia”.