“¿Bolivia ya no se puede gobernar sin los indios?” La demografía dice otra cosa
Para empezar, no es lo mismo hablar de “indios” que de “pueblos indígenas”. El primer término corresponde a una categoría amplia e imprecisa; lo segundo constituye una categoría contemporánea y jurídicamente definida, vinculada a comunidades con identidad, territorio, instituciones y derechos reconocidos.
En ese contexto, la afirmación de que “Bolivia ya no se puede gobernar sin los indios”, pronunciada por un exvicepresidente del Estado -radicado fuera del país mientras Bolivia atraviesa más de 45 días de grave afectación socioeconómica derivada de cercos-, merece ser examinada más allá de una retórica que confunde nostalgia con análisis de la realidad. Corresponde contrastarla con la evidencia empírica disponible.
Durante las últimas dos décadas se intentó consolidar la idea de que los pueblos indígenas no solo constituyen un actor relevante de la sociedad boliviana, sino el sujeto central e indispensable de toda gobernabilidad posible. Sin embargo, los propios datos censales obligan a matizar esa falsa premisa.
Según la información censal más reciente (2024), la población que se autoidentifica como perteneciente a algún pueblo indígena alcanza aprox. al 38,7% del total nacional. La cifra muestra una tendencia descendente respecto del 42% registrado en 2012 y, con mayor intensidad, respecto del 62% reportado en 2001. Ello significa que, aun reconociendo la relevancia de los pueblos indígenas, estos ya no constituyen una mayoría demográfica nacional.
Desde una lógica estrictamente proporcional, cuanto menor es el peso relativo de un grupo dentro de la población total, más difícil resulta sostener que dicho grupo constituye una condición exclusiva o indispensable para la gobernabilidad del Estado. La capacidad explicativa de una variable demográfica para fundamentar pretensiones de centralidad política tiende a debilitarse conforme disminuye su magnitud relativa dentro del universo poblacional. Dicho de manera más simple: cuanto menor es la proporción, más difícil resulta sostener la indispensabilidad. Es la matemática de una premisa en retroceso.
La cuestión, por tanto, deja de ser si se gobierna “con” o “sin” un determinado grupo. La estabilidad y legitimidad del sistema político descansan, desde una perspectiva de gestión pública, en la capacidad de las instituciones para administrar, representar y articular la concurrencia de múltiples actores sociales, y no en la gravitación predominante de uno solo de ellos.
El problema de la creencia sobre la “indispensabilidad indígena” radica precisamente en que confunde relevancia con exclusividad. Los pueblos indígenas son parte de Bolivia, pero no agotan Bolivia. Del mismo modo, tampoco podrían gobernarla -por sí solos- los sectores urbanos o empresariales. La democracia contemporánea consiste en articular pluralidades, no en atribuir a una única identidad la capacidad de definir la comunidad de destino.
Paradójicamente, el propio desarrollo del denominado “Estado Plurinacional” condujo a una realidad distinta de la proyectada por algunos de sus ideólogos venenosos. La urbanización, la movilidad social, los procesos de mestizaje y la emergencia de nuevas formas de identificación ciudadana configuraron una sociedad más compleja y heterogénea que la existente hace dos décadas. Lejos de consolidar una identidad étnico-política predominante, estas transformaciones multiplicaron las formas de pertenencia y representación.
En definitiva, la cuestión no es si Bolivia puede gobernarse sin los indígenas, sino si puede seguir gobernándose bajo la ficción de que existe un actor indispensable para la vida nacional. Los datos sugieren que no. En una democracia constitucional, la legitimidad no deriva de la identidad étnica de quienes gobiernan o presionan para gobernar, sino de la capacidad de las instituciones para representar a toda la ciudadanía y administrar el interés general.