Pronunciamiento
La OEA llama al gobierno de Paz a preservar la institucionalidad en Bolivia con medidas necesarias, legales y proporcionales
Tras el prolongado bloqueo que golpeó a Bolivia, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) llamó al gobierno de Rodrigo Paz a preservar la institucionalidad en el país mediante medidas necesarias, legales y proporcionales, y valoró el despliegue de una misión de alto nivel para apoyar a la actual administración.
La posición hemisférica surge frente al bloqueo de caminos de más de 50 días que afectó a gran parte de los bolivianos en demanda de la renuncia del presidente Paz. La extrema medida no solo dejó graves daños económicos y sociales, sino que durante el conflicto interrumpió las rutas de abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos.
“Alentar al Gobierno de Bolivia a realizar esfuerzos para preservar el orden institucional, adoptando las medidas necesarias, legales y proporcionales para garantizar la seguridad de la población, proteger los derechos humanos y restablecer las condiciones necesarias para la coexistencia pacífica y el normal funcionamiento de los servicios esenciales, en concordancia con la Constitución de Bolivia y la Carta de la OEA, y consistente con la Carta Democrática Interamericana”, establece uno de los puntos de la resolución.
Sectores afines a Evo Morales, dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y campesinos protagonizaron el bloqueo de más de 50 días. Una vez que se logró un acuerdo y se desmovilizó a la COB, el Gobierno declaró el estado de excepción y desplegó a militares y policías en las carreteras para ejecutar el desbloqueo, que se realizó sin mayores incidentes ante el repliegue campesino y la declaratoria de un cuarto intermedio en la protesta en el Chapare.
La madrugada del sábado se declaró el estado de excepción y para el martes las vías ya estaban habilitadas por completo.
Además de expresar su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Bolivia, la OEA rechazó “toda acción que implique violencia, afectación de los derechos humanos, interrupción de servicios esenciales, amenaza a infraestructuras críticas o cualquier otra conducta que comprometa la estabilidad democrática, el Estado de derecho y la convivencia pacífica”.
También valoró el despliegue de una misión de alto nivel de los Estados miembros para apoyar al gobierno democráticamente elegido en sus esfuerzos por restablecer la paz y garantizar el orden constitucional.