Cocaleros
Cocaleros justifican toma de retén El Castillo, condicionan trabajo de Umopar y piden que autoridades bajen a las bases para realizar su trabajo
Después de la toma del retén antidrogas El Castillo, los productores de coca justifican esa medida con acusaciones sobre presuntos abusos contra los efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), ponen condiciones para que se realicen las tareas de interdicción y advierten que cualquier autoridad del Estado tendrá que bajar a las bases para realizar su trabajo.
Un día después de la toma del puesto de control antidroga, Vilma Colque, secretaria ejecutiva de la Federación Campesina de Mujeres del Trópico de Cochabamba, justificó la toma del lugar argumentando que los comunarios fueron víctimas de extorsiones y cobros irregulares por parte de algunos efectivos en el punto de control El Castillo, por lo que las bases decidieron asumir la toma pacífica de ese puesto de control.
Sostuvo que, si bien se pidió a las bases que se retiren del retén antidroga El Castillo, hay susceptibilidad debido a la persecución que están realizando algunas autoridades y “sin entablar estas reuniones hacen algunas decisiones desde la Umopar abusivamente y caprichosamente”.
“Andan de civiles, encapuchados, en movilidades que no tienen placa y utilizan movilidades que no corresponden; gasifican en las poblaciones a los compañeros. Han ido quitando lo que tienen en sus casas cuando están durmiendo en horas de la noche, realizan allanamientos sin autorización correspondiente; están haciendo algunos abusos que no corresponden”, informó RKC.
También acusó a los uniformados de cobrar por el combustible que se utiliza en diferentes sectores, como en los catos de coca, los piscicultores y otros, donde la producción ya se ha mecanizado, y advirtió que estas irregularidades no pueden pasar por parte de Umopar.
“Umopar está para trabajar, para controlar lo que es el tema del narcotráfico, que es su tarea; por lo tanto, nosotros no vamos a evitar ese trabajo, siempre respetando a productores, a la región del trópico de Cochabamba, a la base principalmente”.
“Si en algún momento va a necesitarse de alguna autoridad máxima del Estado, seguramente va a tener que bajar también para poder entablar y para realizar ese trabajo”, afirmó. “Nosotros lo que pedimos es que trabajen honestamente”, advirtió.
La dirigente sostuvo que “ya es delito manejar Bs 10 mil, Bs 15 mil; en los diferentes puntos empiezan a quitar su dinero, y que de los Bs 10.000 o Bs 15.000 les quitan Bs 5.000, Bs 3.000, además de infundirles miedo a sus compañeros”.
Advirtió que, ante estas acciones, las bases reaccionarán para hacerse respetar. “Va a empezar a reaccionar la base; como autoridades a veces no podemos evitar, empiezan a autoconvocarse las bases para hacerse respetar”.
Rechazó las informaciones difundidas en algunos medios de comunicación respecto a que sectores movilizados de Villa Tunari retomaron el control del retén antidrogas de El Castillo e instalaron un bloqueo en la zona, después de que los efectivos habían retornado al lugar tras más de un mes de repliegue.
Según la información, la presión de los movilizados, que detonaron petardos e instalaron un punto de bloqueo, obligó a los uniformados a retirarse nuevamente hacia Chimoré para evitar enfrentamientos.
Tras conversaciones con pobladores del sector, Umopar había logrado reocupar el retén; sin embargo, los movilizados que mantenían una vigilia en la zona se reorganizaron y avanzaron nuevamente sobre el punto de control, reinstalando el bloqueo que impide el paso de vehículos y personas.
Al respecto, Colque aclaró que en el Trópico de Cochabamba nunca se ha evitado el trabajo de Umopar; por el contrario, dijo que ha ido realizando su trabajo en todas las regiones del trópico de Cochabamba.
Sostuvo que en el Trópico de Cochabamba hay 13 puestos militares, cuarteles, Defensa Civil y puestos de policías en cada municipio.
Por su parte, el dirigente intercultural Aquilardo Caricari también denunció que los agentes de Umopar han estado extorsionando a los cocaleros en el retén antidroga El Castillo y justificó la toma de ese lugar debido a la molestia provocada por esas supuestas acciones.
“Lo que está pasando en el retén El Castillo es fundamentalmente como una reacción a lo que comúnmente cometen los agentes de Umopar y la FELCN; cometen abusos, extorsiones, están involucrados en actos de corrupción. Habíamos sugerido que el Ministerio de Gobierno realice investigaciones a estos agentes designados”, dijo.
Justificó que esta medida se registre cuando está en vigencia un estado de excepción, que fue dictado por el presidente Rodrigo Paz, porque “es un estado de excepción forzado”. La región ha sufrido varios ataques, no solo persecución, corte de servicios de energía eléctrica. “Tenemos información que están preparando la aprehensión del expresidente Evo, eso va a provocar la reacción de las bases”, justificó.
Desde uno de los puntos de vigilia de Lauca Ñ, uno de los dirigentes de la Federación Carrasco sostuvo que hay una campaña en contra del Trópico de Cochabamba, porque “no nos dejan de llamarnos narcotraficantes, terroristas, caramba, tampoco vamos a callarnos compañeros”, dijo.
Sostuvo que en la Asamblea Legislativa se quiere aprobar una ley antibloqueos, con la que quieren penalizar las luchas populares. “El movimiento campesino, su arma dura siempre han sido las protestas sociales, cabildos, concentraciones; desde ahí para expresar la voz del movimiento popular. Cuando un Gobierno viene a imponer, a someter a la población boliviana, el movimiento popular se levanta con movilizaciones para no ser sometidos”, manifestó.
Mientras que un ampliado de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba y la Federación Departamental de Mujeres Campesinas de Cochabamba Bartolina Sisa emitió una resolución en la que ratifica la unidad de las 16 provincias de ese departamento y advierte que no se permitirá que se ataque a cualquier región.
También respalda la lucha de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba en defensa del expresidente Evo Morales y otros dirigentes, y señala que no se permitirá la persecución política y exige el respeto al fuero sindical.