Políticas nacionales de comunicación, la utopía vigente
Mucho se habla de democracias fallidas e inconclusas, abundando en razones políticas y económicas para su explicación, sin advertir que una de las grandes falencias, cuando no ausencias, es la comunicación. Lo cierto es que no es posible la democratización de las sociedades sin la democratización de la comunicación.
Los derechos de la información: un invaluable acervo normativo
Las políticas públicas de comunicación son conquistas de alto valor democrático, expresadas en principios y en legislaciones con reconocimiento, sustento y proyección del protagonismo ciudadano, así como de formas de comunicación enmarcadas en una deontología con primacía de derechos y de comportamientos éticos. Son un referente de alta trascendencia, que cumple la función de un faro que guía las navegaciones con o sin brújula de los procesos comunicacionales.
Una de las características de las políticas públicas de comunicación pasa por su aporte conceptual a la recomposición de los roles tradicionales del Estado, trascendiéndolos del monopolio del poder a la inclusión de la sociedad en el seguimiento constructivo de la gestión gubernamental, promoviendo la interlocución, la deliberación, la concertación de los intereses sociales y la negociación de pactos ciudadanos en los procesos de desarrollo, garantizando el valor de la transparencia y del acceso a la información como un elemento fundamental. Siendo la comunicación transdisciplinaria, tiene la capacidad de articular las realidades sociales con las aspiraciones políticas e institucionales.
Hay ya un largo recorrido en la formulación de leyes y normas de políticas públicas de comunicación para ser incluidas en Políticas Nacionales. Veamos. La libertad de opinión y la libertad de expresión, contenidos en el Derecho a la Información que hace parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), reflejan los alcances y limitaciones que tienen los derechos de primera generación, que están basados en el ejercicio de las libertades individuales, de la autonomía y de la defensa de las ciudadanías frente a los Estados.
El Derecho a la Información establece también los roles y deberes del periodismo, así como el sentido público de los medios de comunicación, cuya orientación ya no es solo inherente al individuo, sino que contiene responsabilidades con la sociedad, que McBride define en cuatro direcciones: contractual, social, hacia la ley y hacia los valores universales (1980). El Derecho a la Información es un instrumentos fundamental que garantiza el respeto a la reputación de las personas, la protección de la seguridad nacional, el orden público y la salud o moral pública, sin someterse a censura previa sino asumiendo responsabilidades ulteriores. Así mismo, contempla el derecho a la autoregulación por las organizaciones de los profesionales de la comunicación, además de importantes normativas nacionales que garantizan la libertad de prensa como un derecho fundamental no sólo del periodismo sino también de la sociedad.
Los derechos de la recepción: la tarea inconclusa
Cuando se concretan estas conquistas, Latinoamérica había ya opuesto a la corriente informativista el paradigma de la comunicación horizontal y participativa, así como la comunicación para el desarrollo democrático, en relación con la búsqueda de un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC), que se encamina con el planteamiento de las Políticas Nacionales de Comunicación (PNC), presentado en reunión de la Unesco, el año 1976 en San José, con la coordinación del notable comunicólogo boliviano Luis Ramiro Beltrán Salmón.
Mirando estas conquistas desde las prácticas sociales, comunicacionales y políticas, advertimos que la distancia entre las normas y las prácticas de aplicación del Derecho a la Información presenta una brecha extensa y profunda, que se expresa en normas nacionales inconclusas en relación a la inclusión ciudadana y prácticas desfasadas tanto de las legislaciones como de los principios. La formulación de derechos que protegen la emisión y la circulación de información no es suficiente, si no se acompaña con los derechos de la recepción y de la participación ciudadana en la construcción discursiva.
Un avance en este cometido es el reconocimiento del Derecho a la Comunicación, que se sintoniza con el carácter colectivo y comunitario de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en el marco de la emergencia de movimientos y formas societales participativas. El Derecho a la Comunicación parte de los derechos de los ciudadanos, para construir sentidos de sociedad, de cultura, de política y de espiritualidad en procesos dialogales y de radicalidad democrática popular.
Es un derecho que transgrede la concepción instrumentalista de la comunicación reducida a medios de comunicación o a la relación informacional entre un emisor y receptores mediados por un mensaje. Desde esta perspectiva la comunicación es un proceso relacional de construcción, de/construcción y re/construcción de sentidos de sociedad y de cultura, realizado por ciudadanos histórica, cultural y socialmente situados, y que ponen en común proyectos de sociedad por el bien común, a través del intercambio de discursos y de la palabra, constituyendo prácticas sociales transformadoras.
Éste es el derecho que debe ser incluido en las normativas nacionales e internacionales complementando los ya existentes, y considerando el ecosistema contemporáneo de la comunicación y cultura digital combinada con otras formas comunicacionales.
Hacia las Políticas Nacionales de Comunicación
En la realidad de los países del continente los principios altruistas y la legislación humanista no se están correspondiendo con las prácticas de gestión de las políticas públicas en comunicación, entre otras razones porque muchos Estados, desde una perspectiva difusionista, consagran sistemas en estado permanente de publicidad, aspirando a organizar sociedades a fuerza de silencios, informaciones de sesgo oficialista, o de propaganda proselitista.
Es imprescindible virar los enfoques para asumir que más allá de los oyentes, consumidores, usuarios o clientes, existen ciudadanos con derechos exigibles, con historias de vida individuales y colectivas, con propuestas y con voz propia. Hace falta transitar de la declamación de los principios altruistas y las legislaciones humanistas a las conquistas de la palabra legitimadas en Políticas Nacionales de Comunicación, considerando que la democratización de las sociedades, del mismo modo que la democratización de la comunicación, tienen como base cuatro pilares: el acceso a la información y a la posibilidad de comunicar, el diálogo, la participación y la convivencia social.
Luis Ramiro Beltrán define las Políticas Nacionales de Comunicación como el conjunto integrado de directrices, normas, principios y objetivos explícitos y duraderos que establece un Estado para regular, gestionar y democratizar el ecosistema de medios y las telecomunicaciones. Las Políticas contienen estrategias, tácticas y planes de acciones de comunicación. Por lo general lo que existen son planes de comunicación, que es el último eslabón del diseño de la planificación de la comunicación, y por eso el carácter instrumental que reduce la comunicación a medios o dispositivos en la gran mayoría de experiencias, que confunden estrategias y políticas con POAs comunicacionales dependientes utilitariamente de los planes de otros sectores.
Sobre esta base, una Política Nacional de Comunicación debe edificarse con los siguientes pilares: 1) El reconocimiento de las libertades contenidas en el Derecho a la Información: respeto de la dignidad de las personas, seguridad nacional y orden público, la salud o moral pública, responsabilidades ulteriores, no censura previa. 2) Autoregulación del periodismo con apego a sus códigos de ética. 3) Legitimación del Derecho a la Comunicación como un derecho fundamental; y 4) Pluralismo con libertad de expresión, inclusión ciudadana y voces múltiples en la más amplia diversidad de medios incluidos los comunitarios con sus sistemas de comunicación participativa.
En estos tiempos de crisis multidimensional, de polarización con violencia material y simbólica, de desinformación con posverdades y de oportunidades de acceso y de comunicación, es tarea innegociable diseñar Políticas Nacionales de Comunicación que contribuyan a la democratización de la comunicación y de la sociedad, definiendo horizontes históricos, con objetivos centrados en la búsqueda del bien común. Sólo como ejemplos, para definiciones que se deben tomar en función de las realidades concretas de cada país, estos horizontes podría ser: i) La unidad nacional y regional con cohesión social, cultural y territorial; ii) la constitución de sociedades dialogales y deliberativas; iii) la promoción de valores de convivencia pacífica y en democracia; iv) la (re)humanización de la comunicación superando los sistemas de posverdad y de infoxicación; v) la creación simbólica de ambientes favorables al desarrollo sostenible, a la descentralización y a la seguridad nacional; vi) la verificación de la (des)información para la protección ciudadana contra los discursos de odio en base a informaciones con responsabilidad social y ética periodística; y vii) la consulta, opinión y adopción consensuada de políticas de Estado.
Esta formulación da lugar a una serie de componentes fundamentales que deben tomar en cuenta los Estados para la formulación de sus políticas: evitar la concentración monopólica y promover la diversidad de voces; la transparencia, protección de datos y privacidad; la descentralización de la gestión de la comunicación; la adopción de estrategias transmedia que articulen la dinámica de los medios tradicionales con la disrupción de las redes sociodigitales y la fuerza de la vida cotidiana y organizativa; la complementación de la naturaleza occidentalizada de las políticas públicas con la emergencia vivificante de los paradigmas interculturales; la noción de lo público desde las formas de constitución híbridas de lo público y lo privado; el enriquecimiento de las políticas públicas de comunicación con las comunicologías del sur, participativas y dialogales; la soberanía tecnológica con acceso universal a la información; la apropiación de la comunicación como un servicio público y de derecho; y la garantía del ejercicio profesional con estructuras que faciliten la formación y condiciones laborales adecuadas.
Este es el tiempo para volver a izar las banderas de la democratización de la sociedad con democratización de la comunicación. Es el tiempo para que las definiciones conceptuales invaluables, los principios altruistas irrenunciables y la legislación humanista se consagren en la definición de Políticas Nacionales de Comunicación. La utopía está vigente.