Tráfico de influencias
26 días después de gestiones de Rodríguez Zapatero ante autoridades bolivianas, la justicia suspendió la ejecución del fallo favorable a Fancesa
26 días después de gestiones del expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, con el expresidente Luis Arce, el ministro de Justicia y el exprocurador del Estado, entre marzo y mayo de 2025, la Sala Constitucional de La Paz concedió el amparo que suspendió temporalmente la ejecución del fallo a favor de la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa), según el informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España.
La investigación realizada sobre el presunto tráfico de influencias del exmandatario español reveló que éste realizó acciones ante autoridades bolivianas para favorecer los intereses de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), en las semanas previas a que la Sala Constitucional Segunda de La Paz concediera el amparo que suspendió temporalmente la ejecución del fallo millonario a favor de Fancesa.
El informe policial reconstruye una secuencia de llamadas y contactos entre marzo y mayo de 2025 que culminó con la resolución emitida el 30 de mayo.
De acuerdo con la cronología de las reuniones descritas por esa unidad, el 10 de marzo de 2025 Gertrudis Alcázar, por instrucciones de Rodríguez Zapatero, solicitó coordinar una conversación con el presidente Luis Arce.
En marzo de 2025, Soboce presenta una acción de amparo constitucional contra el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que la obligaba a pagar la millonaria indemnización a Fancesa de Bs 744 millones.
El 24 de abril de 2025, según el documento al que tuvo acceso Visión 360, se realiza una reunión por Zoom entre Rodríguez Zapatero y Carmen Almendras. Ese mismo día, el informe señala que se confirma la admisión del amparo constitucional de Soboce.
El 4 de mayo de 2025, Rodríguez Zapatero instruye gestionar una llamada con el presidente Luis Arce; la conversación finalmente se produce ese mismo día. A partir de esta fecha, transcurrieron 24 días para que el fallo de la justicia dejara en suspenso el fallo favorable a Fancesa.
Entre el 5 y 6 de mayo de 2025, se gestiona el contacto con el Procurador General. Al día siguiente, Gertrudis comunica que el ministro de Justicia ya había hablado con el Procurador, por lo que Zapatero ya no necesitaba hacerlo.
El 30 de mayo de 2025, la Sala Constitucional Segunda de La Paz declaró procedente el amparo de Soboce y dejó sin efecto temporalmente la sentencia que ordenaba el pago.
El informe de la UDEF investigó una presunta red de tráfico de influencias encabezada por Rodríguez Zapatero. Según la investigación, dicha red habría ofrecido gestiones de intermediación ante autoridades públicas a cambio de remuneraciones encubiertas mediante contratos de asesoría.
En este caso concreto, la UDEF sostiene que Rodríguez Zapatero habría realizado gestiones en favor del Grupo Gloria, conglomerado empresarial peruano con importantes inversiones en Bolivia, particularmente relacionadas con los litigios judiciales que mantiene Soboce frente al Estado boliviano y Fancesa.
La investigación identifica tres transferencias bancarias realizadas entre 2024 y 2025 por un total de 200.000 euros, efectuadas desde la empresa peruana Focus Social Research SAC a una cuenta de Rodríguez Zapatero. Formalmente, los pagos respondían a un contrato de asesoría; sin embargo, la UDEF concluye que la empresa pagadora habría actuado únicamente como sociedad interpuesta y que el verdadero interés correspondía al Grupo Gloria.
El informe reconstruye la negociación del contrato mediante conversaciones extraídas del teléfono de la secretaria de Rodríguez Zapatero. Los mensajes muestran la elaboración, revisión y firma del contrato, la emisión de facturas y la coordinación de los pagos con representantes de Focus Social Research y del Grupo Gloria, principalmente Ana María Ospina y Carmen Almendras.
Asimismo, la UDEF documenta la organización de un viaje del expresidente del Gobierno español a Bolivia en septiembre de 2024, que habría sido financiado por el entorno empresarial interesado. Durante la preparación del viaje se coordinaron reuniones con altas autoridades bolivianas, entre ellas el entonces presidente Luis Arce, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, el ministro de Justicia y posteriormente el procurador general del Estado.
Según la investigación, estas reuniones estaban vinculadas a las gestiones que interesaban al Grupo Gloria respecto a los procesos judiciales de Soboce. También se describe la participación en ese viaje del entonces secretario general de ONU Turismo, Zurab Pololikashvili.
Como parte de la documentación analizada, la UDEF incorpora diversos documentos entregados por representantes del Grupo Gloria sobre el conflicto judicial con el Estado boliviano, entre ellos notificaciones de controversia, propuestas de conciliación con la Procuraduría General del Estado y un dossier confidencial sobre los procesos judiciales de Soboce, los cuales habrían servido como base para las gestiones que debía realizar Rodríguez Zapatero.
El informe también resume el origen del conflicto entre Soboce y Fancesa, recordando que la empresa cementera fue condenada por competencia desleal y que el Tribunal Supremo de Justicia ratificó una indemnización cercana a 107 millones de dólares. Posteriormente, Soboce obtuvo un amparo constitucional que suspendió temporalmente la ejecución de ese fallo, decisión que seguía pendiente de revisión por el Tribunal Constitucional Plurinacional al momento de los hechos analizados.
La hipótesis central de la UDEF es que los 200.000 euros no remuneraban una verdadera consultoría para Focus Social Research, sino actuaciones de intermediación política destinadas a favorecer los intereses del Grupo Gloria en Bolivia. Para sustentar esa conclusión, el informe se basa principalmente en los mensajes de WhatsApp intervenidos, documentación incautada durante registros judiciales, transferencias bancarias y la reconstrucción cronológica de reuniones, viajes y contactos con autoridades bolivianas.