Mientras la COB guarda silencio, maestros, jubilados, cocaleros, profesionales en salud y la COD de Tarija rechazan el D.S. 5654

Mientras la cúpula de la Central Obrera Boliviana (COB) guarda silencio ante la aprobación del Decreto Supremo 5654, que elimina los descuentos por planilla en los sueldos y salarios, entre ellos, el aporte voluntario de los trabajadores asalariados afiliados a organizaciones sindicales, solo el magisterio urbano, los jubilados, profesionales en salud, cocaleros y la Central Obrera Departamental de Tarija se pronunciaron para rechazar esta disposición.

El parágrafo II del artículo 2 del D.S. 5654 dispone que: “Las entidades e instituciones públicas del nivel central del Estado dejarán sin efecto la aplicación de descuentos por planilla en los sueldos o salarios por conceptos que no estén establecidos en el parágrafo precedente”.

Con anterioridad a esta nueva normativa, el mecanismo de retención lo realizaba el empleador o la institución pública, que efectuaba el descuento automático del aporte en la boleta de pago de los trabajadores afiliados a una organización sindical.

En cuanto a la recaudación total del sector o ministerio, esta se transfería a las directivas de cada nivel sindical. El flujo descendía desde las confederaciones nacionales hacia las federaciones departamentales y, finalmente, a los sindicatos de base, que destinaban los recursos al sostenimiento administrativo de las organizaciones, el financiamiento de congresos, el mantenimiento de sedes, entre otros.

A partir de la fecha, las organizaciones sindicales que quieran obtener el aporte de sus afiliados podrán hacerlo de manera voluntaria e individual.

Al respecto, el dirigente de la Confederación de Jubilados de Bolivia, Rodolfo Ayala, consideró que “el Gobierno se lo ha agarrado con los dirigentes sindicales”. Sostuvo que la única solución que ve como exdirigente de la COB es convocar a una reunión de emergencia para tomar medidas, porque no se puede actuar así.

Afirmó que, primero, se está violando la Constitución Política del Estado; segundo, la Central Obrera Boliviana, como institución, es una organización al margen del Gobierno en lo que se refiere a los recursos económicos y su estructura.

La Federación Departamental de Trabajadores de la Educación Urbana de La Paz también rechazó la aprobación del D.S. 5654. La nueva secretaria ejecutiva de esa organización, Anaí Bozo, anunció que se asumirán medidas de forma orgánica en contra de la nueva normativa.

Reveló que cada mes se recaudan alrededor de Bs 600.000, monto que anualmente llega a los Bs 7 millones, que eran destinados al funcionamiento de la organización, el pago del personal, el mantenimiento de la infraestructura, la asesoría jurídica y la devolución de aportes a los afiliados mediante el denominado presente navideño, informó Radio Fides.

Sin embargo, anunció el inicio de una auditoría externa para establecer el destino de esos recursos durante la gestión anterior, en referencia a los dirigentes del frente Unión Revolucionaria de Maestros (URMA), de tendencia trotskista, que estuvieron en esa dirección sindical por más de 40 años. Para la dirigente, el D.S. compromete el financiamiento de las organizaciones sindicales.

Mientras que el secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de la Educación Urbana de Bolivia, Wilfredo Ajllahuanca, consideró que la eliminación de los aportes sindicales mediante descuentos por planilla es un “golpe bajo” para las organizaciones laborales.

Dijo que el propósito del Gobierno es debilitar a las organizaciones sindicales y busca afectar al movimiento obrero. “Con aportes o sin aportes nos vamos a seguir movilizando porque nosotros tenemos conciencia de clase”, manifestó el dirigente a través de la página Profesores de Bolivia.

Manifestó que el mencionado decreto es similar a políticas aplicadas en la década de los años 90, cuando se pretendía desarticular a las organizaciones sindicales. Informó que los aportes son destinados al mantenimiento de la infraestructura sindical, la prestación de asesoría jurídica, el financiamiento de cursos para el ascenso de categoría y el funcionamiento de las federaciones. Asimismo, indicó que alrededor del 80% de las sedes sindicales del magisterio fueron construidas con aportes de las bases.

Ajllahuanca precisó que esa organización recauda alrededor de Bs 1 millón por mes y entre Bs 8 y 10 millones al año, y que los recursos son administrados bajo mecanismos de control mediante informes económicos y auditorías internas y externas, que son presentadas durante los congresos ordinarios de la organización, realizados cada dos años conforme a sus estatutos.

Expresó su preocupación por la posibilidad de que la medida alcance a los aportes destinados a la Mutualidad del Magisterio Nacional (Mumanal), entidad que brinda apoyo financiero voluntario a los docentes.

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El secretario ejecutivo de la Federación Yungas del Chapare, Eduardo Yucra, afirmó que la eliminación de la retención automática de aportes sindicales tiene como objetivo “descabezar” y debilitar económicamente a la COB, según RKC.

Dijo que la medida afecta sobre todo a la COB y a sus organizaciones afiliadas, mientras que otras como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación de Interculturales, las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq) no se verían afectadas porque se financian con los aportes voluntarios de sus afiliados.

“El objetivo del Gobierno es aniquilar a las organizaciones sociales, por eso está implementando estas decisiones, para que las organizaciones no puedan surgir, sobrevivir ni siquiera organizarse; es entrar prácticamente a la dictadura, como proscribir a las organizaciones sociales y finalmente tomar el control de la sociedad boliviana”, afirmó.

Jaime Ortiz, secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Tarija, también expresó su rechazo al D.S. 5654, porque la medida busca debilitar financieramente a las organizaciones sindicales y afectar su capacidad de representación.

Dijo que los sindicatos se sostienen con los aportes voluntarios de sus afiliados y que la retención de aportes solo era un mecanismo que facilitaba el pago de esas contribuciones, evitando que cada trabajador tuviera que realizar el depósito de manera individual, informó El País de Tarija.

“Lo que intenta hacer este Gobierno es evitar que las organizaciones sindicales tengan los recursos necesarios para su funcionamiento, sus movilizaciones y la defensa de los trabajadores”, afirmó.

Ortiz aseguró que, lejos de debilitar a los sindicatos, la disposición fortalecerá la unidad del sector laboral, ya que los trabajadores buscarán nuevos mecanismos para hacer llegar sus aportes y mantener el funcionamiento de sus organizaciones.

La Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines de la Seguridad Social (Fesimras) expresó su rechazo al Decreto Supremo 5654, al considerar que la norma representa una limitación a la actividad sindical y una forma de “sometimiento” hacia las dirigencias de los trabajadores, informó Correo del Sur.

“Con esta restricción surge una nueva forma de sometimiento a la dirigencia sindical”, señala parte del pronunciamiento emitido por la organización sindical de la Caja Nacional de Salud (CNS).

Fesimras calificó la norma como un “decretazo” y sostuvo que sus efectos no solo alcanzarían a esa federación, sino que podrían representar un precedente para el movimiento sindical boliviano en general.

La organización reconoció que la disposición está dirigida a entidades públicas del nivel central del Estado y recordó que la CNS es una institución descentralizada con autonomía de gestión. Sin embargo, afirmó que la medida implica una intromisión en la organización sindical y genera preocupación entre los trabajadores.

Ante esta situación, Fesimras determinó declararse en estado de emergencia y convocó a la clase trabajadora a manifestarse en contra del Decreto Supremo 5654, al que atribuye la intención de restringir las libertades sindicales.