Sindicatos
Analista: la eliminación de aportes no implica la “muerte de los sindicatos”
La eliminación de los descuentos por planilla en los sueldos y salarios, que afecta el aporte voluntario de los trabajadores asalariados, no creo que signifique la “muerte de los sindicatos”, consideró el analista político Marcelo Arequipa, quien además sostuvo que hay que esperar la reacción de las organizaciones para efectuar una evaluación.
“No creo que eso signifique la muerte de los sindicatos, porque, en realidad, los sindicatos no se originan con los aportes, sino más bien con la defensa de causas, de reivindicaciones específicas en los sectores”, afirmó.
“Veremos si se reorganizan ellos en ese tema, pero, como decía: ‘El fin último, la sobrevivencia de los sindicatos no son los aportes, sino son más bien la movilización y la protesta en torno a demandas específicas de sus sectores’”, planteó.
A partir de hoy, entró en vigencia el Decreto Supremo 5654, que elimina los descuentos destinados al aporte sindical y solo define los descuentos que se pueden realizar por planilla, garantizando el respeto a los derechos laborales y la transparencia.
Arequipa, en contacto con Visión 360, sostuvo que hay que esperar lo que podría ocurrir después de la aprobación del mencionado decreto, en alusión a otras medidas que fueron asumidas por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, como la aprobación del D.S. 5503, que tuvo que ser abrogado 25 días después por la protesta encabezada por la Central Obrera Boliviana (COB).
Otra experiencia parecida se dio con la abrogación de la Ley 1720, que autorizaba la conversión de la pequeña propiedad en mediana, que fue rechazada por los pueblos indígenas del oriente y el occidente del país, porque abría la posibilidad de la concentración de tierras en pocas manos en favor de sectores agroindustriales y ponía en riesgo la pequeña propiedad campesina. La norma fue abrogada a los 33 días de haber sido promulgada por el primer mandatario.
“Primero, es probable que, como hasta ahora ha ido ocurriendo en el Gobierno de Rodrigo Paz, que la demanda o el problema sobre este tema vaya creciendo con el tiempo, dependiendo de la posición que vayan a tomar las organizaciones sindicales, especialmente la COB”, advirtió.
Aunque reconoció que la COB no está en su mejor momento, en relación con los más de 50 días de bloqueo de carreteras que, en principio, demandaron respuestas a su pliego petitorio de la presente gestión, pero que derivaron en exigir la renuncia del primer mandatario, lo que no prosperó y derivó en la firma del “Acuerdo por la Pacificación del País” y la instrucción del máximo dirigente de la organización sindical, Mario Argollo, para que se suspendan los bloqueos en todo el país.
“Una COB que no está tampoco en su mejor momento, pero ahí probablemente tenga algo de respaldo con los maestros, quienes están detrás de otra demanda, que es no permitir que exista el ejercicio libre de la profesión”, dijo. Por lo tanto, manifestó que todavía se estaría a la expectativa de evaluar el efecto, que sin duda no es agradable para los sindicatos, puntualizó.
El propósito detrás del mencionado decreto, según el entrevistado, busca debilitar a las organizaciones sindicales, criterio con el que coincidieron dirigentes del magisterio, jubilados, profesionales en salud, entre otros.
“Lo que quiere el Gobierno es debilitar a las organizaciones sindicales, cobrarse un poco la factura de lo que no ha podido hacer durante los más de 50 días de bloqueos en el país, pero (…) esa disputa es directamente contra los sindicatos; no es necesariamente y no está siendo posicionado como una suerte de acción en la línea de poner orden en el país, en un contexto en el que la gente le ha reclamado al Gobierno más acciones”, afirmó.
Consultado sobre si las afirmaciones hechas por el Gobierno, sobre un manejo poco claro de los aportes, podrían tener el respaldo de los afiliados a los diferentes sindicatos, respondió que no.
“No necesariamente, porque los sindicatos se manejan bajo sus propias normativas y no tienen por qué rendirle cuentas al Gobierno o al nivel central del Estado del destino o de la administración de esos recursos”, dijo.
Por otra parte, sostuvo que los afiliados a los sindicatos ven en qué se gastan esos recursos. “Esa es una coartada política del Gobierno, en el sentido de manifestar que han tomado esa decisión porque hay un reclamo de los afiliados respecto al destino de los recursos”, manifestó.
Insistió en que va a ser importante ver la reacción final que van a tener las organizaciones sindicales, especialmente la COB, y evaluar también el alcance y el impacto en la opinión pública de lo que está haciendo el Gobierno respecto a este tema.