Posición
Paz advierte que los bloqueadores deben ir a la cárcel y que los líderes de los 53 días de protestas deben ser puestos ante la justicia
Las consecuencias dejadas por el bloqueo de caminos de 53 días marcaron no solo a la población, sino también al propio Gobierno. El presidente Rodrigo Paz aseguró este viernes que los líderes de la prolongada medida de presión deben rendir cuentas ante la justicia y que quienes intenten una acción similar deben ser enviados a la cárcel.
“No ha sido el Estado el que está bajo sospecha por las más de 20 muertes que se han generado en los bloqueos. Son los bloqueadores los que tienen que ir a dar —las cabezas especialmente— cara a la justicia”, advirtió, en alusión a los dirigentes que alentaron la protesta, la cual también dejó un daño económico superior a los 3.000 millones de dólares.
Un informe de la Defensoría del Pueblo da cuenta de que, durante el período de las movilizaciones, ocurrieron 22 decesos, de los cuales 19 correspondieron a terceros afectados por la interrupción de las carreteras. La mayoría no pudo llegar a centros hospitalarios para recibir atención médica especializada o ser auxiliada debido a su delicado estado de salud.
La dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), encabezada por Mario Argollo, junto con los campesinos liderados por Vicente Salazar y Evo Morales, fue identificada como la principal impulsora de esta extrema medida de presión que exigía la renuncia del presidente Paz. Argollo firmó un acuerdo con el Gobierno y, desde entonces, mantiene un perfil bajo.
Después de la firma del convenio, en la madrugada del 20 de junio se declaró el estado de excepción, lo que terminó por desmovilizar a los campesinos y a las bases de Morales que también estaban en El Alto, una de las ciudades —junto con La Paz— más afectadas por el cierre de sus vías de aprovisionamiento de alimentos, combustibles y medicamentos.
Salazar fue detenido y enviado por seis meses a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el municipio de Viacha, vecino de El Alto, acusado por los delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos.
“La gran enseñanza para los bolivianos es que los bloqueos nos han hecho mucho daño”, afirmó Paz, al tiempo de advertir: “Ya no puedes generar bloqueos; el que bloquea tiene que irse a la cárcel”.
Un informe de la Fiscalía da cuenta de que 335 personas son investigadas por los bloqueos, de las cuales 26 cumplen detención preventiva. Sobre la situación de Argollo, uno de los promotores de la medida, el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, indicó que se analiza su situación jurídica.
Mientras tanto, Morales permanece atrincherado en el Chapare, de donde no sale desde noviembre de 2024. Sin embargo, negó haber estado detrás de las movilizaciones, pese a que en varias ocasiones pidió adelantar las elecciones y envió a cocaleros a reforzar el cerco en El Alto.
Paz aseguró, en una entrevista con Radio Panamericana, que la protesta en Bolivia es constitucional y está garantizada, siempre y cuando no afecte el derecho de terceros.