La construcción autonómica y el 50/50
Los cimientos del Estado autonómico, luego de 16 años de su constitucionalización, son frágiles y existen muchos factores para ello. Uno de los principales, el económico, que limita en demasía cumplir con las expectativas y funciones de impulsar el desarrollo económico, productivo y social a nivel departamental; o promover el desarrollo humano, urbano, con la prestación de servicios públicos a la población, en el nivel municipal. Así como la gestión del territorio y desarrollo de los pueblos indígenas, en ese nivel.
Sobre el ejercicio competencial autonómico, la CPE establece que la asignación o transferencia de competencias debe estar acompañada de la definición de la fuente de recursos económicos y financieros necesarios para su ejercicio. Es imposible ejercer competencias y transfórmalas en políticas públicas, sin contar con la fuente que garantice liquidez para su ejecución.
Desde su consumación constitucional, el funcionamiento autonómico ha estado malogrado por dilaciones y cálculos políticos que enturbiaron las aguas de un “pacto fiscal” que estuvo marcado para el año 2012, una vez publicados los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda. Es evidente que no solo hubo estancamiento en lo económico, sino que, por medio de leyes, decretos y/o mecanismos de control político financiero, se fueron configurando unas autonomías enredadas o centralizadas como las califica Juan Carlos Urenda, uno de sus mayores ideólogos y proyectistas.
Con un proceso autonómico estancado, y en un estado de crisis política, económica e institucional, llegamos al proceso electoral 2025/2030, caracterizado por la improvisación y el dibujo libre en cuanto a propuestas. Siendo la temática autonómica una de las de mayores expectativas, se comenzaron a escuchar distintos ofrecimientos. El más concreto y audaz, fue el del actual presidente, quien posesionó como un hecho inmediato e irreversible la fórmula 50% para el nivel central y el otro 50% para los niveles autonómicos. Con ley o con decreto, y desde el primer día de gobierno, prometía efusivamente.
Tamaña propuesta, generó muchísimo eco y, por supuesto, votos. Pasados los 8 meses de gestión, la aplicación de la fórmula y su viabilidad son un misterio. Nadie explica la fuente de los recursos económicos que permitiría a los niveles de gobierno territoriales y las universidades públicas, incorporar a sus arcas nuevos y necesarios recursos. Tampoco se han publicado estudios sobre el costo de las competencias territoriales, y casi nada sobre las bases de un rediseño constitucional autonómico. Las arengas de federalismo, que se entremezclan, no alcanzan.
Con la finalidad de sentar las bases del Pacto Fiscal y profundizar el proceso autonómico, el planteamiento del modelo 50/50 ha sido retomado en las últimas semanas de forma conjunta por los gobernadores electos. Reflejando equilibrio y proactividad política, proponen que la redistribución se concrete mediante la modificación de la coparticipación tributaria de al menos un impuesto principal, y de forma gradual a partir del Presupuesto General del Estado de 2027.
El primer impuesto propuesto es el de las transferencias (IT) a lo que el gobierno ha respondido con declaraciones incluso más fuertes que las vertidas por la ex viceministra de autonomías Andrea Barrientos y que generaron urticaria en distintos actores. El presidente, a tiempo de convocar a los gobernadores a reunirse el próximo 5 de agosto en Sucre, advierte que “se debe entender la dimensión de la transformación. No es repartir plata, porque si no también te voy a repartir deuda”.
Queda mencionar un par de aspectos. No hay una receta exacta sobre la generación, recaudación o distribución de tributos en un Estado autonómico. Entramos a un campo técnico en el que, por experiencias exitosas comparadas, se debe buscar equilibrio entre la autonomía del gasto y la autonomía del ingreso, ambos con transparencia. La proporción de los impuestos en los que participen las entidades autónomas debe ir en aumento. Como referencia, en el caso de España, han sido cedidos en proporciones que fluctúan entre el 33% y el 100%. Lo fundamental, radica en la finalidad, es decir cada impuesto debe perseguir un objetivo que esté vinculado con una o varias competencias autonómicas, y la legislación debe ser precisa, al respecto.
Finalmente, es vital que los gobiernos autonómicos incrementen su capacidad técnica y vocación autonómica. Para ilustrar una deficiencia primaria, tenemos que solo cuatro de nueve gobernaciones, cuentan con Estatutos Autonómicos; más del 90 % de los municipios no tienen Cartas Orgánicas Municipales, es decir que, en ambos niveles de autonomía, han omitido el primer y principal ejercicio de autogobierno que les permita establecer un horizonte en su recorrido autonómico.
A partir de estos dos últimos párrafos, considero que lo peor que puede ocurrir luego del 5 de agosto, es que, desde el nivel central, siga girando la rueda de diferir y diferir, para no hacer nada y seguir dando vueltas en el mismo circulo. Del mismo modo, que sigamos con entidades autonómicas (gobernaciones, alcaldías, o territorios) intrascendentes y sin rumbo, convertidas en corresponsables de la mala calidad de vida de sus habitantes, o la postergación de sus territorios.