¿Qué más deberíamos decir o hacer?
Por 40 años, pero especialmente en los últimos meses, las opiniones que publicamos sobre la base de las convicciones que surgen de nuestras reflexiones en torno al desarrollo nacional, tienden a ser resistidas –o simplemente ignoradas– porque contradicen, especialmente en el ámbito económico, el pensamiento dominante. En todo este tiempo, aceptamos el rechazo como algo normal en todo proceso de intercambio de ideas y opiniones.
Sin embargo, dada la complejidad de la “multicrisis” (económica, ambiental, energética, política y social) que amenaza desatarse a corto plazo, creemos necesario reiterar que sería un gran error insistir en el diagnóstico déficit–emisión–inflación como el marco general para elegir las medidas económicas correctivas. De hecho, estamos seguros que, hacerlo, acentuará la severidad de la crisis.
Nuestros argumentos, efectivamente, rompen con las teorías y los modelos económicos vigentes, pero creemos que reflejan, con mayor fidelidad, la realidad. Nuestro interés por el desempeño de la economía se inició en 1980, cuando obligados a dejar la cátedra y la investigación por el golpe de García Meza, un grupo de profesionales formados en el exterior, decidimos quedarnos en el país creando una pequeña industria química. Menciono este detalle porque parece ser central para explicar la abismal diferencia entre cómo analizamos la realidad económica quienes la vivimos, y quienes parecen obligarla a ajustarse a las teorías.
Como otro dato de contexto, en 1993 fui invitado a dirigir el Fondo de Inversión Social. Luego de los éxitos del DS 21060 y del Fondo Social de Emergencia como dos brazos de un mismo esfuerzo, me llamó la atención que la misión del FIS no estuviera articulada a las políticas económicas, sobre todo porque nuestro “experimento productivo-industrial”, demostraba que eran temas absolutamente vinculados: pretender eliminar la pobreza solo con políticas sociales, era un ejercicio inútil.
En la realidad, la política económica no incluía el empleo como un objetivo meta, y estaba centrada en mantener los “equilibrios macro” mediante tres indicadores: la inflación, el tipo de cambio y la tasa de interés (¿suena familiar?). El supuesto dominante era que, en esas condiciones de equilibrio, el “emprendedurismo” y la IED serían suficientes para el crecimiento de la economía.
En nuestro enfoque, limitarse a fijar metas a los indicadores, era (es) equivocado: la tasa de inflación o el tipo de cambio pueden ser indicadores útiles, pero nunca metas que aseguran elevar el consumo de los hogares y diversificar la economía: son éstas las condiciones realmente necesarias para crear el empleo digno que termine con la pobreza estructural.
De regreso a la actividad privada, buscamos tener una mirada más realista sobre el comportamiento de la economía y sus efectos sociales. Por supuesto, ser realistas requería guiarse por los hechos y las evidencias antes que solo por las teorías, por lo que recurrimos a las “Cadenas de Markov” para armar un modelo que identifique las causas y los efectos entre los muchos temas inciden en la economía o el desarrollo nacional. Las Cadenas de Markov combinan probabilidades de ocurrencia de ciertos “eventos” y son la base de los algoritmos de los buscadores tipo Google –y ahora en la IA, que “predicen” resultados a partir de las probabilidades de que ocurran las causas que los generan.
Nuestro método cuantifica el sentido y la intensidad de las probabilidades que relacionan causas y efectos entre factores que, se cree, determinan la realidad; permite agruparlos como “dominantes” (las causas), “conectores” (los vínculos), “productos” (los efectos o consecuencias), y en simples “temas” poco o no relevantes para influir en la realidad (pero que, con demasiada frecuencia, “descarrilan” los debates al entrar en ellos como si fueran temas centrales). El modelo ha demostrado ser capaz de identificar las relaciones causales que determinan qué factores dinamizan o frenan el desarrollo productivo en contextos institucionales específicos.
Para los fines ilustrativos de esta nota, nos referiremos a dos estudios realizados entre 1998 y 2002. Primero, el Viceministerio de Microempresa y Microcrédito (VMM), que pidió identificar los frenos al desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa entre los más de 200 “problemas” identificados en los encuentros, diálogos sectoriales y talleres realizados a nivel nacional.
Posteriormente, en 2002, el Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad (SBPC), nos pidió identificar las relaciones causales entre los 22 factores que los organismos internacionales definían como “determinantes de la competitividad”; el SBPC había contratado 22 consultorías sectoriales para establecer el estado de situación en cada tema, y requería sistematizar todos esos productos en lineamientos de políticas.
Vale la pena destacar que, en el caso del VMM, los más de 200 problemas se podían reducir a no más de 50 con la simple pregunta ¿cuál es el objetivo? (“Un problema es un obstáculo que impide lograr un objetivo; si no hay el objetivo, no existe el problema”). Al contrario, en el caso del SBPC, los 22 determinantes de la competitividad, suponían un contexto institucional que no existía en Bolivia, por lo que eran necesarias relaciones adicionales que elevaron el número de temas a 36.
Pero, más allá de estos “pequeños grandes detalles” que muestran las deficiencias en el análisis para el diseño de políticas públicas, el propósito de esta nota es destacar que, 25 años después, el modelo predijo correctamente las tendencias que hoy son dominantes. Predijo que los temas que tenderían a ser más dependientes (se acentuarían) serían: la incapacidad de generar empleo de calidad; mala gestión de recursos naturales renovables; no aprovechamiento de las oportunidades de integración; baja productividad y competitividad de empresas y empresarios; baja productividad de la tierra, incipiente mercado de capitales; y baja calidad de recursos humanos, la educación y la capacitación.
Por el contrario, los factores con tendencias a tornarse más influyentes, incluirían: la neutralidad en el diseño de políticas; inadecuación del sistema tributario; el país tranca; conflictos institucionales; falta de políticas para funcionamiento de cadenas productivas; débil marco institucional; deficiente gestión ambiental y, en especial, aumento en la corrupción, el nepotismo y el clientelismo.
Este “futuro más probable” anticipado por nuestro análisis hace 25 años, es una fiel descripción de nuestra economía y sociedad hoy. Pero persiste el diagnóstico déficit–emisión–inflación que ignora por completo la complejidad de las interrelaciones efectivamente operativas, y que nos han traído a la situación de crisis de la que debemos salir.
Si nuestros argumentos muestran tener realismo y validez, aunque no estén alineados con las ideas dominantes, ¿qué más debemos decir o hacer, ante la inminente crisis, para que comunicadores, economistas y políticos presten más atención a las evidencias, antes que a las teorías (pálpitos), los buenos deseos, o las consignas ideologizadas?