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30, 35 o 40 años de trabajo… para una jubilación de miseria
Durante años, el debate sobre el sistema de pensiones en Bolivia se ha concentrado en una falsa dicotomía: AFP privadas versus Gestora Pública. Sin embargo, esa discusión ha desviado la atención del verdadero problema. Lo que determina el monto de una jubilación no es quién administra los fondos, sino la rentabilidad que generan los ahorros de los trabajadores durante toda su vida laboral.
La creación de la Gestora Pública significó un cambio con luces y sombras. Entre sus aspectos positivos destaca la drástica reducción de las comisiones por administración, que pasaron de aproximadamente 2,89% a apenas 0,5%.
No obstante, ese avance ha quedado opacado por un problema mucho más profundo: la escasa rentabilidad obtenida por las inversiones.
En los últimos años, la mayor parte de los recursos administrados por la Gestora se ha concentrado en bonos del Tesoro General del Estado y en títulos emitidos por entidades financieras nacionales. Se trata de inversiones de bajo riesgo, pero también de bajo rendimiento, que además terminan financiando el creciente déficit fiscal del Estado.
El resultado es evidente. La rentabilidad promedio apenas bordea el 4,3% nominal anual, es decir, si descontamos la inflación, el rendimiento negativo. Mientras tanto, los grandes fondos de pensiones de Chile, Perú, México, Canadá, Australia o Noruega obtienen rendimientos reales que oscilan entre el 5% y el 9% anual, gracias a una amplia diversificación internacional de sus portafolios.
A esta limitación se suma otro obstáculo: la falta de dólares ha reducido aún más la capacidad de la Gestora para acceder a activos internacionales. Sin embargo, el reciente anuncio del Gobierno sobre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, destinado a fortalecer las Reservas Internacionales podría abrir la posibilidad de que, en el futuro, existan mayores condiciones para realizar inversiones fuera del territorio nacional.
Pero incluso si ese problema cambiario se resolviera, persistiría el obstáculo legal. La Ley de Pensiones establece que las inversiones en el exterior no pueden superar el 50% del portafolio y, además, para llegar siquiera a ese límite es necesario atravesar un complejo proceso de autorizaciones y aprobaciones por parte de diversas instituciones como la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y el Banco Central de Bolivia, entre otras. En la práctica, este entramado burocrático reduce la capacidad de reacción frente a las oportunidades que ofrecen los mercados internacionales.
Existe además otra anomalía institucional difícil de justificar. Después de más de tres años de funcionamiento, la Gestora Pública continúa sin contar con el Directorio previsto por la Constitución Política del Estado y por la propia Ley de Pensiones. Ni siquiera se ha conformado un directorio transitorio que defina políticas estratégicas y supervise las decisiones de largo plazo de la entidad.
No todo, sin embargo, es motivo de preocupación. El sistema mantiene una característica fundamental heredada de las antiguas AFP: las cuentas individuales continúan administrándose mediante un fideicomiso. Esto significa que el patrimonio de la Gestora permanece completamente separado del patrimonio de los trabajadores y jubilados. En consecuencia, los recursos de los aportantes no pueden confundirse con los activos de la institución ni utilizarse para cubrir sus obligaciones administrativas. Esta separación constituye una garantía jurídica esencial y evita que se repitan los desastres ocurridos décadas atrás, cuando antiguos fondos estatales de pensiones fueron utilizados como una verdadera "caja chica" de los gobiernos de turno, provocando cuantiosos desfalcos y la quiebra de los sistemas previsionales.
Sin embargo, ninguna garantía patrimonial puede ocultar la realidad que viven cientos de miles de jubilados. El mayor fracaso del sistema previsional boliviano sigue siendo el monto de las pensiones. Después de 35 o incluso 40 años de aportes, la mayoría de los trabajadores apenas logra acceder a una jubilación que representa menos del 35% de su último salario, una de las tasas de reemplazo más bajas de América Latina.
Existe, sin embargo, un ejemplo dentro del propio Estado que demuestra que otra realidad es posible. Los miembros de las Fuerzas Armadas acceden a un régimen previsional que les permite jubilarse percibiendo el 100% de sus ingresos. No se trata, por supuesto, de cuestionar ese derecho ni de proponer que los militares reciban menos. Todo lo contrario. Ese debería ser el horizonte al que aspire todo el sistema previsional boliviano. Si el Estado considera justo que quienes han dedicado su vida al servicio del país mantengan su nivel de ingresos al jubilarse, ese mismo principio debería extenderse gradualmente a todos los trabajadores bolivianos. Una jubilación no debe significar una condena a la pobreza, sino la continuidad de una vida digna después de décadas de esfuerzo.
Bolivia necesita con urgencia una profunda reforma de su sistema de pensiones. Esa reforma debe permitir una verdadera diversificación internacional de las inversiones, establecer un gobierno corporativo independiente y profesional para la Gestora, proteger el ahorro previsional frente a la inflación y elevar progresivamente la rentabilidad de los fondos.
Pero la discusión no debe limitarse únicamente a la administración de los recursos. El verdadero desafío consiste en redefinir cuál debe ser el objetivo de un sistema previsional moderno. Revalorizar las pensiones no constituye un privilegio ni una concesión política; es un acto elemental de justicia. Después de 30, 35 o 40 años de trabajo, ningún boliviano debería enfrentar la vejez con incertidumbre económica ni ver reducido su ingreso a una fracción insuficiente para vivir con dignidad. La finalidad de una reforma previsional debe ser que todos los trabajadores puedan aspirar, gradualmente, a una jubilación que les permita conservar un nivel de vida razonablemente similar al que disfrutaban durante su vida activa.
Porque el éxito de un sistema de pensiones no se mide por el volumen de recursos que administra, sino por la calidad de vida que garantiza a quienes aportaron durante toda su existencia laboral. Mientras un trabajador boliviano deba dedicar tres o cuatro décadas de esfuerzo para terminar recibiendo una pensión de miseria, la reforma previsional seguirá siendo una deuda pendiente del Estado, de lo contrario Bolivia continuará figurando entre los países con las jubilaciones más bajas del continente.