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Tras 21 años, Senado aprueba ley que libera a gobernaciones del pago de prediarios y bono de vacunación
Después de 21 años, el pago de los prediarios a las personas privadas de libertad y el bono de vacunación a los médicos dejarán de ser una obligación de los gobiernos departamentales y pasarán al Gobierno central, junto con el financiamiento de los diplomas de bachiller, de acuerdo con un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Senadores.
La iniciativa legal responde a los insistentes cuestionamientos de los gobernadores por habérseles transferido competencias sin recursos económicos. En 2005, mediante la Ley 3302, se les asignaron las responsabilidades del pago del prediario, del bono de vacunación, de becas universitarias y de las contrapartes para riego y electrificación.
El proyecto de Ley de Adecuación del Financiamiento de Obligaciones Públicas superó el filtro del Senado al ser aprobado y ahora será tratado por la Cámara de Diputados para, posteriormente —si es sancionado—, ser promulgado y entrar en vigencia por disposición del gobierno de Rodrigo Paz. El presidente del Senado, Diego Ávila, destacó la aprobación de la iniciativa porque consideró que fue injusta la transferencia de responsabilidades sin respaldo económico.
“Estamos devolviendo la facultad, la competencia y la asignación de los recursos al nivel central, que durante todos estos años fueron injustamente endilgados a las autonomías en los distintos niveles; por lo tanto, creo que hoy quienes somos autonomistas efectivamente debemos sentirnos orgullosos”, afirmó tras la aprobación del proyecto.
De acuerdo con la iniciativa, los recursos del Estado central financiarán el costo de los prediarios y los gastos de funcionamiento del régimen penitenciario; el bono de vacunación, los viáticos de vacunación, el escalafón médico y los demás beneficios económicos de alcance nacional del sector salud; las becas universitarias; y el mantenimiento y reposición de infraestructuras deportivas.
En tanto, “la participación financiera de los gobiernos autónomos departamentales en programas y proyectos de riego y electrificación se determinará mediante acuerdos o convenios intergubernativos, dentro del ámbito de sus competencias, con identificación expresa de los aportes, responsabilidades, fuentes de financiamiento y plazos de ejecución”.
La reunión de gobernadores del 16 de julio, realizada en El Alto, demandó, entre otros temas, precisamente “la abrogación de decretos y leyes considerados ‘confiscatorios’, que asignan responsabilidades a las gobernaciones sin respaldo financiero ni correspondencia con sus competencias, con el fin de garantizar la sostenibilidad fiscal”.
Las competencias que les fueron asignadas en 2005 debían financiarse con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), cuyos ingresos se redujeron drásticamente debido a la declinación de los campos hidrocarburíferos. Las gobernaciones atraviesan una crítica situación económica y exigieron que se les retiren competencias que, a su juicio, corresponden al nivel central.
El proyecto de ley aprobado en el Senado también establece que “los recursos departamentales que dejen de ser afectados por las obligaciones […] permanecerán bajo la administración de los gobiernos autónomos departamentales y serán programados conforme a sus competencias, planes y presupuestos institucionales”.