Descentralización
Bolivia en sus 201 años: tras dos décadas de concentración del poder, el desafío del nuevo siglo es fortalecer las autonomías
Este 6 de agosto, Bolivia cumple 201 años de independencia y llega a esta fecha después de casi dos décadas de predominio del Movimiento al Socialismo (MAS), periodo en el que, pese al reconocimiento constitucional de las autonomías, el poder y los recursos permanecieron fuertemente concentrados en el nivel central.
El nuevo escenario político, según analistas, abre ahora el desafío de avanzar hacia el fortalecimiento de las autonomías, para que ese régimen deje de ser “una declaración constitucional” y se convierta en un verdadero principio rector de la organización del Estado.
Para los expertos en lectura de la realidad política Carlos Cordero, Daniel Valverde y Jorge Dulon, el modelo autonómico solo alcanzó una implementación parcial durante las gestiones pasadas; por ello, consideran que en el actual periodo se podría avanzar hacia su fortalecimiento.
“Hoy Bolivia no necesita dar un salto institucional sin antes consolidar aquello que la propia Constitución ya reconoce: el Estado Autonómico. Las autonomías fueron concebidas como uno de los pilares de la transformación estatal. No obstante, su implementación ha sido parcial. En muchos casos quedaron reducidas a un reconocimiento jurídico sin el correspondiente traslado efectivo de competencias, recursos, capacidades técnicas y autonomía de decisión”, indicó a Visión 360 Dulon, quien también fue presidente del Concejo Municipal paceño.
En tanto, para Cordero, el fortalecimiento de las autonomías debe ser el camino que debe tomarse en este inicio del nuevo siglo de Bolivia y no la cuestión del federalismo que, en sus palabras, “no logró echar raíces”.
“Lo novedoso del Siglo XXI fue esta idea de las autonomías, una Bolivia autonómica. Entonces, lo que hay que hacer es construir la Bolivia autonómica, porque es algo intermedio entre una Bolivia centralista y una Bolivia federal. De ahí vienen estas cosas como el 50-50, el resurgimiento de las regiones. Ahora se debe buscar una Bolivia que deja atrás el centralismo pero que no va hacia un sistema federal sino más bien a la construcción de una Bolivia con autonomías”, indicó a este medio.
Por su lado, Valverde manifestó a Visión 360 que el país no debería “emborracharse” con la idea del federalismo porque “es caer en un sin sentido, porque no tiene bases ni técnicas concretas” y, al contrario —mencionó—, se debería diseñar un sistema unitario, pero con autonomías que “darían al país resultados extraordinarios”.
“Creo que ese es el camino, hacer que funcione la autonomía, tener la posibilidad de que cada departamento desarrolle sus capacidades productivas, sus capacidades económicas, por ahí algunos apelarán al turismo, otros apelarán a la minería, otros a la agroindustria, pero también que la autonomía tenga una responsabilidad social, que trabaje en el campo humano, el campo educativo, en preservar la salud de la población”, indicó.
La CPE y las autonomías
La discusión está vigente ya que en la práctica el poder político, fiscal y administrativo se concentró fuertemente en el nivel central, pese a que en la Constitución Política del Estado (CPE) de 2009, se establecía un Estado descentralizado y con autonomías. “Solo quedó en una idea, nada más. No se estableció la autonomía como se debía ser ni se respetó las los artículos de la carta magna”, expresó Cordero.
Durante el gobierno de Evo Morales, del 2006 al 2019, y del de Luis Arce, del 2020 al 2025, el nivel central mantuvo una fuerte capacidad de decisión sobre los recursos públicos, inversión pública, empresas estratégicas, hidrocarburos y minería, política económica, infraestructura, programas sociales, transferencias a gobernaciones y municipios, lo que generó una contradicción entre la arquitectura autonómica establecida por la CPE y una administración estatal con fuerte concentración de poder en el Ejecutivo.
“Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüís-tico, dentro del proceso integrador del país”, se lee en el artículo 1 de la CPE.
A eso se suma el artículo 272 que dispone que la autonomía implica tener autoridades elegidas directamente por la ciudadanía, además de la administración de recursos, y las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva.
“La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones”, dice el artículo en cuestión.
Al respecto, Dulon aseveró que “solo una parte se cumplió, el tener autoridades departamentales y municipales, que ya es un gran avance, pero lo demás solo quedó allí, en papel, por lo que, en consecuencia, la prioridad inmediata no debería ser modificar nuevamente la arquitectura constitucional, sino hacer funcionar plenamente la existente”.
“Fortalecer las autonomías significa garantizar que los gobiernos departamentales, municipales e indígenas ejerzan efectivamente las competencias que les corresponden, cuenten con recursos suficientes para administrarlas y dispongan de capacidades institucionales para generar desarrollo desde sus propios territorios. Una vez que Bolivia cuente con autonomías plenamente operativas, será posible evaluar objetivamente qué aspectos del modelo funcionan adecuadamente, cuáles requieren ajustes y si existen condiciones políticas, económicas e institucionales para avanzar hacia un esquema federal”, añadió el analista.
Para Valverde, el Gobierno debería ajustar “el modelo centralista”, lo que implica fortalecer la autonomía, “porque este es un país que durante prácticamente todo su periodo estatal ha vivido a un modelo ultracentralista, ultrapresidencialista y eso ha generado cabalmente des-ajuste en el desarrollo de las regiones o falta de capacidades para que esas regiones, esos espacios territoriales puedan también aportar al desarrollo estatal”.
Según el analista, el Estado debería asignar más recursos, pero al mismo tiempo, debe exigir que se cumplan las competencias que tiene el nivel departamental y municipal “para que se tengan resultados y, con ello avanzar por lo menos en tener un pacto fiscal y un rediseño de las autonomías, quizás incorporando nuevas competencias para los gobiernos departamentales y municipales”.
¿Cómo avanzar?
Los tres analistas aseveraron distintos planteamientos sobre el paso del centralismo vigente a fortalecer las autonomías. Las sugerencias para avanzar en esa senda van desde una planificación territorial concertada, pasando por la reorganización del mapa municipal, hasta el fortalecimiento de la institucionalidad estatal.
“Fortalecer las autonomías no representa una alternativa al federalismo; constituye el camino indispensable para que cualquier debate futuro sobre esa materia tenga bases técnicas y no únicamente posiciones políticas o emocionales”, expresó Dulon.
El primer paso que señaló este analista para pasar de un modelo a otro es tener una planificación territorial concertada y consolidar una reorganización del mapa municipal, porque el país necesita un diseño territorial que no ha sido actualizado en años. “Existen municipios cuya población, capacidad tributaria, estructura económica y escala administrativa dificultan seria-mente el ejercicio de las competencias que la ley les asigna. Mantener unidades territoriales financieramente inviables genera dependencia permanente de las transferencias nacionales y limita cualquier posibilidad de desarrollo autónomo”, explicó.
El segundo paso es redefinir las competencias entre los niveles gubernativos. “Uno de los principales problemas del Estado boliviano es la superposición de funciones, porque con fre-cuencia, distintas instituciones intervienen sobre un mismo problema sin coordinación efecti-va, mientras otras responsabilidades permanecen desatendidas”, sostuvo Dulon.
Cordero indicó que el nivel central debe dejar de “superponer” sus funciones más allá de sus competencias, porque los niveles departamental y municipal deben comprender que “tienen la capacidad para resolver ciertos aspectos que les competen como los riesgos por lluvias de cada año. Sin embargo, eso no significa que estos niveles no acudan al nivel central para coordinar mejor las tareas”.
Un tercer paso que mencionaron los analistas es el fortalecimiento a la institucionalidad democrática que se vio afectada en los últimos años y durante los 53 días de bloqueos que sostuvieron los sectores sociales como la Central Obrera Boliviana (COB), los campesinos y los evistas.
“Los 53 días de bloqueo en el país han sido el fin de una Bolivia autoritaria, una Bolivia que estuvo a punto de romper el hilo democrático y no ocurrió, pero como un desafío es eso, fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Esto debe blindarlo el nivel central con una búsqueda de una reconciliación nacional”, dijo Cordero.
A su vez, Valverde añadió que ese aspecto no debe quedar en último lugar porque “hay una necesidad importante de reconciliar a la sociedad boliviana que ha estado fracturada por los aspectos ideológicos, aspectos étnicos, regionales. Es el tiempo ya de la reconciliación entre bolivianos para poder avanzar”.
Un cuarto punto para poder fortalecer las autonomías es la construcción de un “verdadero pacto fiscal que esté basado en responsabilidades”.
“Durante años el debate sobre el Pacto Fiscal se redujo casi exclusivamente a la distribución porcentual de recursos. Ese enfoque resulta insuficiente. La discusión debe incorporar simultáneamente competencias, responsabilidades, capacidades institucionales e incentivos para la generación de ingresos propios”, sostuvo Dulon.
Para Valverde, que el nivel central concentre más del 80% de los recursos no es viable porque con ello “también concentra un 86% de las funciones estatales a través de competencias privativas, competencias exclusivas, concurrentes y compartidas que tiene el nivel central”.
Para ello, señaló que debe existir un rediseño y apuntar a un pacto fiscal. “Hay que garantizar re-cursos suficientes para las competencias de las entidades territoriales autónomas que agonizan por falta de este recurso”, indicó.
Un quinto paso es el fortalecimiento de la autonomía fiscal y de las capacidades institucionales subnacionales. Según Dulon, la verdadera autonomía comienza cuando un territorio puede sostener parte importante de su desarrollo mediante sus propias capacidades.
“Los gobiernos subnacionales necesitan desarrollar capacidades en planificación estratégica, gestión financiera, innovación pública, transformación digital y gestión del cono-cimiento”, señaló Dulon.
Un sexto paso es la institucionalización de una gobernanza territorial participativa e inteligencia territorial descentralizada. “Este punto es importante porque así se fortalece la institucionalidad democrática y al mismo tiempo la gobernanza de los territorios.
A esto debe sumarse la capacidad de desarrollo de la inteligencia. Por ello resulta necesario institucionalizar sistemas permanentes de gobernanza territorial donde participen gobiernos subnacionales, universidades, sector empresarial, organizaciones sociales, centros de investigación y ciudadanía organizada”, indicó Dulon.