Propuesta
UMSA plantea bases para una política de explotación del litio tras millonaria inversión y una producción de apenas el 1% a nivel mundial
Después de manifestar que la producción del litio alcanza a algo más del 1% a nivel mundial y que se realizó una inversión de entre $us 800 y 1.000 millones, sin obtener los resultados esperados durante más de nueve años, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) plantea una política estratégica de explotación de ese recurso natural, a partir de una extracción combinada, debido a que el país no se puede permitir empezar de cero.
Entre las propuestas también está la de abrir las puertas a capitales extranjeros que corran con los riesgos del desarrollo tecnológico; asumir el impacto medioambiental, tratando de minimizarlo o remediarlo; hacer un uso del agua que no exceda la recarga natural de los acuíferos cercanos a los yacimientos; y dimensionar los pasivos y los costes de remediación.
En cuanto a lo económico, plantea un enfoque de inserción realista que posicione al país como un productor importante del eslabón extractivo; en el mediano plazo, la procura de buscar alianzas internacionales con empresas que permitan al país alcanzar mayor complejidad tecnológica y productos con mayor valor agregado.
También sugiere la creación de mecanismos para eliminar las expectativas rentistas desproporcionadas, considerando que el litio, en el corto plazo, no será el sustituto del gas natural ni la solución a los problemas rentistas; y, en el ámbito institucional y legal, realizar modificaciones a la Constitución Política del Estado y las leyes para garantizar una industria del litio competitiva y operativa.
El investigador de la UMSA Guillermo Guzmán sostuvo que se trató de hacer una política estratégica de explotación del litio, a partir del trabajo realizado por un grupo amplio de expertos, académicos e investigadores de la universidad y también de fuera de la universidad.
Precisó que Bolivia cuenta con algunos de los recursos de litio más importantes a nivel mundial, alrededor de 22% o 23% de recursos, mas no reservas especificadas. Aunque Bolivia es un actor potencialmente importante, en la producción aporta apenas con algo más del 1% a la producción mundial, con datos de 2025.
Según los datos oficiales, "el año pasado, la producción boliviana fue de algo más de 2.400 toneladas al año que, si se la divide entre los días hábiles, nos da un poco menos de 9 toneladas al día y una producción ciertamente muy marginal", afirmó.
Dijo que esta producción, además, es resultado de un esfuerzo de inversión nacional, en el cual, como bolivianos, hemos invertido entre $us 800 y 1.000 millones, porque estos son recursos públicos que provenían de todos.
Entonces, según explicó, "la realidad de nuestra potencialidad y nuestra producción actual tiene una diferencia muy grande y es un gran reto que tenemos por delante y que tienen nuestras autoridades de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB)".
Con esas puntualizaciones, Guzmán desarrolló las diferentes dimensiones que incluye el documento. La primera es la dimensión tecnológica y productiva. El grupo de expertos ha concluido que quizá la tecnología de producción podría ser una tecnología de extracción mixta y combinada, es decir, una tecnología de evaporación, la que estaba actualmente, y de extracción directa del litio, a partir de un desarrollo propio.
Explicó que se llegó a esta conclusión porque el país no se puede permitir empezar de cero y asumir que $us 800 millones. Por ello, dijo que se consideró que los riesgos del desarrollo tecnológico y desarrollo propio deben ser asumidos por capitales privados interesados en la extracción del litio en Bolivia, ya que es poco probable que la inversión pública pueda asumir las inversiones necesarias.
Además, el proceso tecnológico debe partir de procesos de extracción estandarizada; y, en segundo lugar, propiciar investigación, experimentación y aprendizaje local. En síntesis, “no se puede empezar de cero nuevamente”, sostuvo.
Una segunda dimensión, quizás una de las más problemáticas, manifestó, es la dimensión ambiental, geológica y climatológica, considerando que todo proyecto minero implica un impacto ambiental.
“No existe la posibilidad de ejecutar un proceso de extracción del litio, sin un impacto ambiental y tenemos que asumir ese impacto procurando minimizarlo o en su caso remediarlo”, afirmó.
Guzmán sostuvo que el tema más importante y más sensible quizá sea el del agua. Al respecto, informó que la sostenibilidad de los recursos hídricos de los salares y de los acuíferos dependerá de que el uso del agua en los procesos de extracción del litio no exceda la recarga natural de los acuíferos cercanos a los yacimientos y de que se tengan los cuidados necesarios para no contaminarlos.
Este tema es especialmente sensible, sostuvo, porque si la industria del litio genera malas praxis en torno a su producción, es probable y seguro que exista animadversión hacia la minería en general en todo el país, advirtió.
También sostuvo que es necesario dimensionar los potenciales pasivos ambientales mineros que se esperarían de la extracción del litio y los costes para la remediación, un tema que la legislación todavía no contempla.
En cuanto a la dimensión económica y de desarrollo, el investigador sostuvo que el grupo de investigadores consideró necesario aplicar un enfoque realista que procure, en el corto plazo, la producción de compuestos de calidad estándar y en volúmenes industriales, posicionando a Bolivia como un productor importante del eslabón extractivo.
Mientras que, en el mediano plazo, el enfoque debe procurar alianzas internacionales con empresas, buscando un proceso de mejoras que permita al país alcanzar mayor complejidad tecnológica y productos con mayor valor agregado.
También planteó que una estrategia de extracción del litio que sea plenamente compatible con el desarrollo de otros sectores productivos, como el turismo y la agricultura, es más la aplicación de un enfoque articulado con estos otros sectores productivos; es quizá el mejor camino para superar el extractivismo estructural.
Con respecto a la dimensión social, indígena y de derechos humanos, Guzmán sostuvo que se cree que el primer paso debe ser transparentar el acceso de la población a la información pública, una cuestión que en las anteriores gestiones ha sido muy opaca.
Creemos también que es necesario crear mecanismos institucionales para fortalecer la participación social, proyectando incorporar enfoques sectoriales o culturales de las poblaciones involucradas.
“Hay que crear o intentar crear de alguna manera mecanismos para eliminar las expectativas rentistas desproporcionadas, el litio no será en el corto plazo el sustituto del gas y, no debemos pretender que sea la solución a nuestros problemas rentistas, esto hay que ponerlo sobre la mesa y la sociedad tiene que comprenderlo así”, manifestó.
Tenemos que precautelar los derechos de todas las poblaciones que habitan en los lugares cercanos a los proyectos de extracción del litio.
En la dimensión legal e institucional es necesario superar las limitaciones legales para desarrollar una industria del litio mínimamente competitiva y operativa; si es necesario hacer cambios en las leyes o cambios constitucionales, hay que tener el valor para plantearlos y afrontarlos. No se puede pretender eludirlos, porque en un marco legal tan enrevesado como el nuestro somos poco competitivos, afirmó.
Debemos establecer un trato justo y equitativo entre la inversión pública y la inversión privada, justamente cuando necesitamos más inversión privada. El Estado debe dar, con la observancia de todos los derechos y obligaciones, en torno a la producción del litio y, por último, se debe fiscalizar la actividad productiva de YLB, tanto de las gestiones anteriores como de las gestiones futuras.
También mencionó la necesidad de delinear los potenciales caminos a seguir para lograr una producción sustentable, definir claramente la demanda energética de los proyectos de extracción del litio, definiendo además alternativas de provisión de energía: hidroeléctrica, paneles solares y molinos eólicos, ya que es probable que el relanzamiento de este sector estratégico coincida con una crisis energética nacional, probablemente con un déficit energético importante y con sus consecuencias sociales.