Reformas
Proyecto de Ley de Inversiones busca brindar estabilidad, confianza y ordenar la normativa con la creación de una Agencia Nacional
El proyecto de Ley de Inversiones presentado a la Asamblea busca fomentar reformas estructurales en Bolivia mediante tres pilares: naturalizar la inversión, brindar estabilidad y confianza bajo el principio de buena fe, y ordenar la normativa a través de una nueva Agencia Nacional de Inversiones, informó este martes el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza.
La propuesta, precisó, está centrada en sectores estratégicos de futuro, como la economía digital y las energías alternativas; busca limitar la discrecionalidad política en expropiaciones y viabilizar el arbitraje internacional dentro del marco constitucional.
La autoridad informó que el Órgano Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Inversiones, como lo había anunciado el presidente Rodrigo Paz en su mensaje del 6 de agosto, para su tratamiento legislativo, con el objetivo de iniciar el tratamiento de las reformas estructurales en el ámbito legal de varias leyes.
Detalló que este proyecto tiene 103 artículos y que, en su esencia central, tiene tres pilares fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con normalizar o naturalizar la inversión, considerando que se constituye en un “hecho atípico en Bolivia”. Por lo tanto, ese es el primer elemento que se busca enfrentar: el hecho de que la inversión tiene que volverse un elemento normal de la economía.
Un segundo elemento tiene que ver con crear este sistema de incentivos y de regulación que permita dar previsibilidad, seguridad, estabilidad y confianza al inversionista, sea nacional o extranjero, en el país, sin violentar la Constitución, explicó.
Para ello, dijo que se realizó un análisis profundo de la Constitución Política del Estado (CPE), debido a que durante los últimos años muchas cosas se han ido distorsionando, y que se concluyó que, sin la necesidad de modificarla, se permite “otorgar seguridad jurídica, igualdad ante la ley, y un escenario de previsibilidad y estabilidad para los inversionistas y un principio fundamental, un trato de buena fe desde el Estado hacia el inversionista”.
Un tercer elemento tiene que ver con ordenar una gran cantidad de incentivos y normativa legal que se encuentra dispersa en el ordenamiento jurídico. “Para esto lo que hace la ley es primero ordenarlos, segundo genera un sistema de evaluación constante de la normativa, es decir, cualquier tipo de incentivo o carga que se le agregue a algún inversionista, nacional o extranjero, pequeño, mediano o grande”, explicó.
Con ese propósito, “empezamos a ordenar el sistema jurídico del país, para esto creamos la Agencia Nacional de Inversiones que vendrá a ser la entidad pública que coordine los esfuerzos de todas las instituciones públicas, tanto en el ámbito central como en el ámbito de los gobiernos subnacionales, para que todo lo que tiene que ver con la regulación, con la promoción, con la estrategia de atracción de inversiones, tenga un orden institucional lógico”, manifestó.
Mencionó algunos aspectos importantes del proyecto de ley. Entre ellos, sostuvo que el primero y principal es que “hay una serie de sectores estratégicos hacia futuro, considerando que el país siempre se enfocó en atraer inversiones en sectores como hidrocarburos y minería”, sin embargo, se plantea una ley que en vez de mirar hacia 20 años atrás está tratando de generar las condiciones para los próximos 20 o 30 años de inversión en el país”.
“Por eso se empieza a priorizar sectores como la logística, la inteligencia artificial, la economía digital, la innovación, energías alternativas como es el caso del hidrógeno y energía solar, donde Bolivia tiene un potencial extraordinario además de los sectores donde nosotros ya tenemos desarrollados nuestras capacidades productivas”, puntualizó.
Afirmó que otro elemento son los incentivos. No se busca establecer privilegios para algunos sectores, sino que lo que se busca es establecer condiciones de previsibilidad y estabilidad para que los sectores que vengan a invertir puedan hacerlo de una manera estable y con confianza, lo que no significa que el Estado deje de regular, pero de una manera racional, con reglas claras que permitan evitar cualquier tipo de abuso.
En relación al tercer elemento, dijo que el proyecto de ley incluye “la limitación de la discrecionalidad política”, debido a que, en los últimos 20 años, el país vivió una serie de nacionalizaciones y estatizaciones, cuyos costos se están empezando a visibilizar.
“Se han nacionalizado o se han estatizado una serie de actividades privadas en el país violentando los derechos de propiedad, violentando los derechos que están constituidos en la Constitución, (…) sin asumir prácticamente ningún costo, los beneficios políticos se tomaban en ese momento y luego a partir de la dilación de los procesos de arbitraje o pues los juicios que hemos enfrentado como país, los costos recién los estamos empezando a percibir hoy día”, afirmó.
Es decir que, sin resignar la potestad normativa que tiene cualquier Gobierno de llevar adelante una expropiación o una nacionalización, establecemos reglas claras para que esto pueda llevarse adelante, como a través de una ley de prioridad nacional, es decir que se tendrá que consultar a la Asamblea Legislativa, la que defina si este tipo de acciones valen la pena o no.
Además, el proyecto reconoce el valor patrimonial de lo que se expropia o se nacionaliza. En consecuencia, dijo que se unifican tanto los costos como los posibles beneficios, pero eso significa también que esto tiene que ser realmente una decisión del Estado boliviano, no de la autoridad de turno en ese momento, sostuvo.
También se refirió a la posibilidad de acceder a arbitrajes internacionales. Al respecto, sostuvo que la CPE establece restricciones a arbitrajes internacionales en determinados sectores y bajo determinados tipos de contratos, mientras que en todo lo demás permite arbitrajes internacionales y, de hecho, Bolivia forma parte de varios tratados internacionales.
Un último elemento, dijo, tiene que ver con la nueva calidad de esta Agencia Nacional de Inversiones, que estará constituida por varios organismos del Estado y que buscará generar tres elementos importantes: el primero de ellos es un plan nacional de inversiones; en Bolivia somos muy reactivos a la inversión; un segundo elemento tiene que ver con una estrategia nacional de priorización de inversiones; finalmente, un elemento fundamental: se establece una estrategia de promoción de inversiones en el exterior.