Diálogo
Mesas de trabajo COB-Gobierno avanzan lentamente a más de dos meses de la firma del Acuerdo por la pacificación del país
El trabajo en mesas acordado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), el pasado 19 de junio, avanza lentamente y se desconocen los avances alcanzados a casi dos meses de haberse suscrito el "Acuerdo por la pacificación del país", con el máximo dirigente de la organización sindical, Mario Argollo.
Después de ese largo silencio, ayer el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Andrés Paye, reveló que, si bien las diferentes comisiones se están reuniendo, los avances son muy lentos.
Mientras que, desde la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, el exdirigente Abraham Paco demandó que el Gobierno cumpla con los acuerdos y socialice los proyectos del paquete de leyes anunciadas por el presidente, Rodrigo Paz.
El acuerdo firmado, que puso fin al bloqueo de carreteras de 52 días, dispuesto en un cabildo realizado en la ciudad de El Alto a partir de las cero horas del 2 de mayo, estableció un plazo de 90 días para que el Gobierno atienda las demandas planteadas por la organización sindical.
Al respecto, Paye manifestó que las comisiones de trabajo avanzan lentamente y sostuvo que hay poca participación del Gobierno nacional.
“En esa etapa donde se están reuniendo todas esas comisiones, algunas están muy lentas, hay muy poca participación de parte del Gobierno, de los representantes del Gobierno, como también no hay propuestas, están pues justamente (…) avanzando algunas comisiones muy lento”, informó a Radio San Gabriel.
Precisó que, en las mesas de trabajo, participan los diferentes ministerios y áreas, en las que se realizan los análisis de los diferentes temas que fueron planteados por la COB.
“Como les indico está un poco lento esto, más bien esperamos que esto vaya tomando más normalidad y posteriormente pues vaya a tener que llegar a mejor conclusión”, expresó.
El dirigente minero reconoció que el tratamiento de algunos temas, entre ellos el nuevo régimen del tipo cambiario del dólar, puesto en vigencia por el Gobierno, es complicado, debido a que hay otros temas que afectan a los precios de la canasta familiar.
“Muy complicado el tema de la flexibilización, porque en realidad no solamente es el tema de la flexibilización, en el tema económico; también conlleva otros temas que afectan en realidad, como el tema de los hidrocarburos a la canasta familiar”, sostuvo.
El hecho de que el tipo de cambio no sea fijo afecta a los precios de muchos productos. En ese entendido, mucha gente, algunos comerciantes, están en una gran inseguridad. “Hay unas cotizaciones, unos precios máximos de tres días y demás, entonces el tema de que los precios sean controlados por el Gobierno, no están siendo controlados”, dijo.
El Gobierno nacional puso en vigencia, a partir del 19 de junio, el tipo de cambio flexible, después de más de 14 años de vigencia de la cotización oficial de esa moneda en Bs 6,86 para la compra y Bs 6,96 para la venta. A partir de esa medida, el tipo de cambio de la moneda extranjera superó los Bs 12 en el mes de julio y luego se registró un descenso hasta alcanzar los Bs 11,71 en el mes de agosto.
El acuerdo suscrito establece que el Gobierno nacional impulsará medidas urgentes para proteger la canasta familiar, fortalecer la producción nacional, mejorar el abastecimiento de productos esenciales, enfrentar la especulación, cuidar el salario real y preservar el empleo.
Además de garantizar el abastecimiento de combustibles cumpliendo con los estándares internacionales de calidad, la sostenibilidad de la política interna de precios, el incremento de la producción nacional de hidrocarburos y la protección de la economía de las familias bolivianas.
Además de este informe, el exdirigente de la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari, Abraham Paco, recordó que el acuerdo firmado con el Gobierno establece que cualquier ley o paquete de leyes que quiera impulsar el Gobierno central debe concertar con los sectores sociales, productivos, sectores empresariales, entre otros.
En este caso, dijo que deben ser los diputados uninominales que tienen una semana regional quienes deben socializar estos proyectos en sus comunidades.
“Lo que nosotros pedimos al presidente es que cualquier paquete de leyes, cualquier proyecto de ley tiene que concertar previamente, no estar aprobando de la noche a la mañana, como sucedió con la Ley 1720, que ha generado grandes conflictos en el país”, dijo.
En cuanto al proyecto de Ley de Inversiones, Paco manifestó que, si se trata de atraer inversión extranjera que no afecte, que no destruya los recursos naturales, va a ser bienvenida, pero si es para destruir, para favorecer a las transnacionales la población va a reaccionar.
Entonces, yo creo que ese proyecto de ley debe ser debatido ampliamente y socializado, concertado y aprobado por el Poder Legislativo, insistió.
Por ello, creo que es importante intermediar, debatir, concertar con los actores políticos, productivos y sociales para que cualquier Ley de Inversiones que comprometa inversión extranjera no afecte los recursos naturales. El litio, por ejemplo, tiene que debatirse ampliamente con Potosí y Oruro, sostuvo.
El Gobierno nacional, en el acuerdo suscrito con la organización sindical, se comprometió a promover previamente mecanismos de socialización, participación y consulta en normas, decretos o medidas de alto impacto social, económico, productivo o sectorial, conforme a la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes.
Esta socialización se realizará respetando las competencias constitucionales del órgano Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
En el caso de medidas que afecten directamente a pueblos indígena originarios campesinos, se aplicarán los mecanismos de consulta que correspondan conforme a la Constitución y la normativa aplicable, sostiene parte del documento firmado.