Encuentro
La cita entre alcaldes y el Ejecutivo debe ser un punto de inflexión para reactivar el debate del pacto fiscal, sostiene Dulon
Este próximo 28 de agosto, el Gobierno, la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) y los alcaldes de ciudades capitales se reunirán en La Paz para definir una ruta de trabajo hacia el 50/50. Para el analista y expresidente del Concejo Municipal paceño, Jorge Dulon, ese encuentro debe ser un punto de inflexión para reactivar el debate sobre el pacto fiscal.
“La lectura política de esta cita es clara: no puede ser un espacio de desahogo retórico ni de promesas coyunturales, sino el punto de inflexión para reactivar formalmente el debate estructural del Pacto Fiscal en el marco del Consejo Nacional de Autonomías”, indicó Dulon en contacto con Visión 360.
La reunión entre el Gobierno y los alcaldes se dará luego de que el Órgano Ejecutivo se reuniera con los nueve gobernadores del país, el pasado 5 de agosto, en la ciudad de Sucre, Chuquisaca. “Este espacio del 28 de agosto es un espacio en el que vamos a dialogar, vamos a establecer una ruta para construir acuerdos”, afirmó el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo.
Para Dulon, la convocatoria del Gobierno central a los gobiernos municipales “representa un paso indispensable en la gestión de la crisis, aunque llega con retraso metodológico”. Añadió que la reunión que se dio el pasado 5 de agosto “fue un ejercicio necesario pero insuficiente, porque el régimen autonómico boliviano funciona como un sistema interdependiente donde los municipios absorben la mayor presión de demanda ciudadana, servicios básicos y salud primaria”.
El analista sugirió que, en el evento del próximo 28 de agosto, se deberían abordar cinco puntos para lograr un acuerdo “integral” y fijar una estrategia de trabajo.
El primer punto es el alivio fiscal y la restitución de recursos. Según Dulon, se debe abrogar la Ley 767, Ley del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, y disponer la devolución inmediata de los saldos acumulados no ejecutados bajo criterios de equidad y emergencia, replicando el precedente de la Ley 1307, de suspensión temporal y reasignación de recursos del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, puesta en vigencia durante la pandemia en 2020.
El segundo punto que mencionó Dulon es el acceso a financiamiento y crédito público. “Debemos asignar un cupo obligatorio del 10% en operaciones de crédito público interno y externo a favor de las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) por un período de 10 años, junto con la flexibilización de los límites de servicio de la deuda en función a la capacidad real de pago”, dijo.
El tercer punto planteado por Dulon se refiere a garantizar la seguridad jurídica para las alianzas público-privadas. “(Se debería) implementar un marco legal que permita a los gobiernos locales captar capital privado nacional e internacional para obras de infraestructura urbana, gestión de residuos y provisión de servicios sin comprometer el patrimonio municipal”.
El cuarto punto es establecer la “compensación territorial post-censo”, la cual debería generar un fondo compensatorio equivalente al 1% de la recaudación efectiva de impuestos nacionales coparticipables y “al 20% del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), blindando los ingresos de aquellos municipios que pierdan factor de distribución poblacional”.
Como quinta sugerencia, Dulon planteó la creación de una “Hoja de ruta del Pacto Fiscal y progresividad: Trazar un plan de redistribución de la coparticipación tributaria escalonado a 5 o 10 años, incrementando gradualmente los techos de municipios, gobernaciones y universidades públicas hasta alcanzar el 50% de la torta tributaria nacional”.