Derechos humanos
Defensoría: siete municipios de ciudades capitales y siete gobernaciones no tienen programas para proteger a menores en situación de calle
El informe defensorial "Derechos a la Intemperie" revela que siete de los municipios de ciudades capitales y siete gobernaciones del país, carecen de programas especializados para la protección integral de niñas, niños y adolescentes en situación de calle.
Además, la Defensoría del Pueblo advierte una invisibilidad estadística debido a la falta de actualización de registros oficiales desde hace 12 años, lo que dificulta el diseño de políticas públicas efectivas en favor de ese sector social, que se encuentra en una situación de vulnerabilidad.
“No podemos aceptar que niñas, niños y adolescentes permanezcan invisibles para el Estado. La situación de calle no puede determinar un acceso desigual a la salud, educación, identidad y protección; el Estado debe garantizar sus derechos de manera integral y permanente”, sostuvo el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
La institución presentó el informe que identifica diversas problemáticas en materia de salud, identidad, educación y protección y que responde a las recomendaciones emitidas en 2023 por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que instan a Bolivia a fortalecer las políticas de protección integral, informa el boletín digital Nº 157 de la gestión 2026.
Sostiene que, la investigación fue desarrollada por la Defensoría del Pueblo entre mayo y junio de 2025, a partir de información solicitada a instituciones públicas sobre las acciones implementadas desde la gestión 2021.
El documento advierte que el último registro oficial de personas en situación de calle en Bolivia fue realizado hace 12 años, en 2014, y no ha sido actualizado. Esta ausencia de información limita la posibilidad de dimensionar el fenómeno, planificar respuestas oportunas y diseñar políticas públicas sostenibles.
El Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) no cuenta con variables que permitan identificar si una atención corresponde a una niña, niño o adolescente en situación de calle; de igual manera, el Ministerio de Educación, el Servicio General de Identificación Personal (Segip) y el Servicio de Registro Cívico (Sereci) no cuentan con registros diferenciados para esta población.
La ausencia de datos actualizados e interoperables dificulta la formulación de políticas públicas y la asignación adecuada de recursos para garantizar los derechos de esta población, manifiesta.
Revela que, de los nueve gobiernos autónomos departamentales de Bolivia, únicamente dos cuentan con programas específicos dirigidos a menores en situación de calle (NNASC): Cochabamba y Santa Cruz.
La investigación evidencia además importantes reducciones presupuestarias destinadas a esta población. En Cochabamba se identificó el “Programa para Personas en Situación de Calle Drogodependientes”, que atiende a esta población en el Centro Multimodal Playa Ancha.
Los otros siete departamentos —La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Beni y Pando— no cuentan con programas especializados y permanentes, limitando su respuesta a albergues generales o acciones esporádicas.
En Chuquisaca, por ejemplo, el centro especializado “Jesús de Nazareth” cerró en 2023, mientras que el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) de La Paz informó que no cuenta con un programa específico para esta población.
La institución afirma que la desprotección también se evidencia en el ámbito municipal, nueve capitales de departamento y El Alto—, siete no cuentan con programas o servicios específicos y vigentes para atender a niñas, niños y adolescentes en situación de calle.
Solo Cochabamba, Tarija y Sucre cuentan con programas activos, aunque en este último caso la atención tiene un enfoque preventivo dirigido principalmente a niñas, niños y adolescentes trabajadores.
Mientras que, municipios con una importante presencia de esta población, como La Paz, El Alto y Santa Cruz de la Sierra, no cuentan con programas municipales específicos. En El Alto, el programa que atendía a menores y el “Centro Día” dejaron de funcionar en 2023. En Santa Cruz de la Sierra, la atención se realiza de manera general bajo el criterio de “riesgo social”.
El informe también identifica reducciones presupuestarias en esta materia entre 2023 y 2025 en los municipios de Sucre y Cochabamba.
A partir de estos resultados de esta investigación, la Defensoría del Pueblo insiste en la necesidad de establecer rutas públicas, estables, gratuitas y permanentes de documentación, que garanticen el derecho a la identidad y el acceso efectivo a otros derechos fundamentales.
Callisaya, exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a priorizar la aprobación del “Proyecto de Ley de Prevención y Atención Intersectorial de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Calle y en Riesgo de Situación de Calle”, como una respuesta estructural para esta población.
Además, exhortó al Órgano Ejecutivo, la ALP, las nueve gobernaciones, los gobiernos municipales y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a coordinar acciones para garantizar una atención integral a niñas, niños y adolescentes en situación de calle (NNASC).