Política
Gobierno defiende retiro del subsidio a carburantes: el Decreto 5652 le pone fin en enero y sobre el GLP aún no hay definición
La subvención a los hidrocarburos acabará en enero, en función de lo establecido en el Decreto 5652, pero se activarán programas de apoyo para los sectores más vulnerables a fin de afrontar el costo social de la medida económica. Mientras tanto, no hay nada definido sobre el Gas Licuado de Petróleo (GLP), informó el ministro de Economía, Christian Morales.
Si bien esta medida está inscrita en el acuerdo “a nivel técnico” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), no es una imposición del organismo, sino parte del programa económico del Gobierno del presidente Rodrigo Paz para enfrentar la crisis económica y dejar atrás un mecanismo que, en opinión del ministro, era “totalmente regresivo y no beneficiaba a las personas más vulnerables”.
Sobre cuándo el combustible empezará a comercializarse a precios internacionales, no precisó mes o fecha, pero mencionó el Decreto 5652: “Hay un decreto que se ha publicado hace un par de meses en el cual ya se establece la aplicación de los niveles de precios hasta enero de 2027. En el ínterin, obviamente, tenemos que conversar con los diferentes actores”.
El artículo 2 de la norma aprobada en julio establece, en el inciso "aa": "Periodo Transitorio: Corresponde a la vigencia de los precios de los productos derivados de petróleo durante los próximos doce (12) meses a partir de la publicación del presente Decreto Supremo", que hace referencia al plazo de la subvención de la gasolina y del diésel.
Sin embargo, fue reiterativo en una conferencia de prensa en que se amortiguará el costo social de la medida económica, aunque no dio mayores detalles: “No vamos a dejar a un lado a los sectores más vulnerables; se van a generar los mecanismos de transmisión de recursos, justamente, para que los más vulnerables no sean los que sufran el efecto de los ajustes que podrían darse”.
Precisamente, el acuerdo con el FMI, en su punto 13, fija: “Nos proponemos eliminar las subvenciones al combustible en 2027, al mismo tiempo que aumentamos el gasto específico en asistencia social. Por tanto, el presupuesto de 2027 no incluirá disposiciones tendentes a la concesión de subvenciones a los combustibles —ni del Tesoro ni de empresas estatales— y los precios nacionales del combustible alcanzarán el nivel de recuperación de costos a partir de enero de 2027 (DS 5652)”.
En enero de 2026 fue eliminado el subsidio a los hidrocarburos, fijando un precio internacional y la proyección de revisión y actualización en julio, pero el bloqueo de 53 días cambió el escenario social y obligó al Gobierno a congelar los precios hasta enero. Empero, ya se liberó el precio del diésel para grandes consumidores y las refinerías importarán crudo y venderán los derivados a precio internacional.
Sobre el retiro de la subvención al GLP, evitó hacer algún comentario concreto, ya que, a diferencia de los carburantes, se mantiene invariable a un precio de 22,50 bolivianos. “En el tema del GLP lo vamos a ir evaluando cuando corresponda”, explicó escuetamente sobre este producto, que también es contrabandeado, principalmente hacia el Perú.
Bolivia atraviesa una crisis de combustibles por la escasez de diésel, principalmente. El Gobierno lo atribuye a la corrupción dentro y fuera de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y al contrabando, debido a que su costo, por la subvención, es inferior al que rige en los países vecinos.
En el acuerdo con el FMI se advierte de un potencial “reavivamiento del malestar social derivado de la ejecución de reformas fiscales y del sector energético, como la eliminación de la subvención a los combustibles”. Morales informó que habrá un proceso de socialización para mostrar la importancia de destinar recursos al desarrollo.
El 29 de julio se conoció el documento acordado a nivel del personal técnico con el organismo internacional por 1.900 millones de dólares, que contempla compromisos de reformas económicas a cambio del financiamiento. El acuerdo, sin embargo, está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI y a la implementación de las acciones previas acordadas.