2026-09-11

Acuerdo

Acuerdo con el FMI plantea un registro social para focalizar la ayuda durante el ajuste

Uno de los puntos del acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional se prevé la sistematización de un "registro social unificado", que servirá para la distribución de recursos para las familias y sectores más necesitados.

El jueves, el Gobierno dio a conocer el memorándum en el que se detallan los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) bajo el Servicio Ampliado del Fondo (SAF). El punto cinco (E) establece que se realizará un sistema de datos para que los recursos lleguen a quienes lo necesiten durante el ajuste económico. El economista Fernando Romero indicó que se necesitará coordinación entre instituciones y la población, además de un financiamiento pleno, y que este sistema deberá comenzar a implementarse antes de la llegada del crédito financiero.

De acuerdo con el documento, en el apartado de “Fortalecer la red de protección social”, se establece que el objetivo es “proteger a los hogares pobres y vulnerables de la carga de la consolidación fiscal”, ya que el sistema de asistencia social de Bolivia tiene deficiencias en la selección de los beneficiarios de los programas sociales, “debido a que no cuenta con un sistema de comprobación de medios económicos, y por la falta de un registro social completo”.

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Para ello, se prevé incrementar los recursos presupuestarios para emprender una “reforma integral del sistema de protección social” y tener un “registro social unificado”. Para completar esa tarea, se presentará ante la Asamblea Legislativa Plurinacional un marco jurídico que tendrá los siguientes componentes: 1) el establecimiento de la base jurídica para la recopilación de datos y el intercambio de datos entre instituciones; 2) la introducción de criterios de comprobación de medios económicos para mejorar la utilización focalizada de recursos de los programas de asistencia social; y 3) la definición de las principales responsabilidades institucionales y mecanismos de coordinación.

“Esas reformas son indispensables para mitigar el impacto social de la reforma de las subvenciones a los combustibles y la liberalización más general de los precios”, dice parte del documento.

Fernando Romero, analista y secretario departamental de Planificación y Finanzas de la Gobernación de Tarija, sostuvo que el Gobierno debe tomar en cuenta que, para realizar el “registro social unificado”, se deberá considerar el tema institucional, normativo, económico e, incluso, organizacional.

“Tienen que tomar en cuenta el tema institucional, tener una relación de funcionamiento entre instituciones; normativo, hacerlo en el marco que existe; económico y financiero; organizacional, y creo que el de coordinación del respaldo poblacional que tenga. No va a ser fácil construir un sistema que realmente acopie todo eso y que además beneficie realmente a quienes lo necesitan. Va a ser algo muy complejo y difícil, pero tampoco va a ser de la noche a la mañana. Y reitero, se va a necesitar una cantidad importante de recursos que irían en contraposición si quieres bajar tu gasto público”, indicó Romero a Visión 360.

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Para Romero, la labor de crear el sistema es un trabajo “titánico” y agregó que no se lo conseguirá de la noche a la mañana, sino que debe ser trabajado antes de la llegada del crédito de $us 1.900 millones.

“No va a ser fácil construir un sistema que realmente acopie todo eso y que además beneficie realmente a quienes lo necesitan. Va a ser algo muy complejo y difícil, una tarea titánica, pero tampoco va a ser de la noche a la mañana. (…) De hecho, deberían trabajarlo desde ya, porque esto se lo tiene que organizar, ir construyendo, ir diagramando y no esperar hasta que se apruebe crédito y recién pensar en hacerlo, porque los efectos van a ser negativos y creo que una parte importante de la población va a ser afectada”, sostuvo Romero.

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