Contra viento y marea
La trampa de la excepción o una bomba de tiempo
El Estado de excepción en Bolivia se encuentra en sus últimos días y, ante la apremiante situación que el país afronta, nos hallamos ante una bomba de tiempo; ante una disyuntiva constitucional que obliga al gobierno decantarse por una de dos alternativas que todos ya la saben: la prórroga o ampliación del Estado de excepción, que frenó la ola de protestas en que nos hallábamos hasta inmediatamente antes de su vigencia, o la reforma parcial del mismo cuerpo normativo constitucional por tratarse de un tema de perentorio tratamiento como único camino para salir, aunque sea parcialmente, de la grave crisis económica y moral que nos dejó el Movimiento Al Socialismo en sus dos versiones.
La escasez de dólares, la intermitencia en la provisión de combustibles, la inflación silenciosa y los altos índices de corrupción que el país tuvo la esperanza de tratarla como un problema del pasado, nos muestran un rostro muy complejo: el de un país en constante conflicto.
Esos presupuestos colocan a Bolivia en una paradoja constitucional, legal y política, en tanto en cuanto los niveles más altos de la administración estatal como el grueso de la población sabe, percibe, huele que el caos social se avecina, y no es que con este vaticinio se nos ilumine el rostro, pero pasarlo por alto sería negar la latente posibilidad de que ello suceda; por lo que es necesario hacer algunas puntualizaciones respecto a la senda que desde el Ejecutivo se debe seguir para después no lamentar. Es evidente: varios dirigentes están contando los días para iniciar medidas de protesta con el agregado de que acá no se las puede llamar tal si no vienen acompañadas de violencia y restricción de los derechos de quienes no compartimos tales actitudes.
Revalidar el Estado de excepción supone que el país renuncie a la urgencia que tiene de reformar la Constitución Política del Estado (CPE), de implementar las reformas estructurales que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) necesita aprobar para cambiar el rumbo económico, y eventualmente, siempre que no se invada facultades solo de una Constituyente, de modificar parcialmente el mecanismo de elección de los altos magistrados de la judicatura y del Tribunal Constitucional Plurinacional.
El artículo 140-III de la CPE prohíbe su reforma en un Estado de excepción, lo que supone que la ALP, que para ese efecto ha logrado un importante consenso que supera los dos tercios, debe congelar indefinidamente la única vía de escape a largo plazo para enderezar el rumbo de nuestra economía. Por otra parte, dejar de lado tan decisivo acuerdo político podría contribuir a que el uso de las fuerzas del orden amparado en la medida excepcional pueda “limpiar” las carreteras y postergar las marchas en el corto plazo, aunque todos los que estamos del lado de la libertad debemos estar conscientes de que esas, por muy legales que sean, son medidas-parche, que actúan como un anestésico que no cura la enfermedad. Lo dijimos y sostenemos: Bolivia es un país complicado y revoltoso, carente de cultura política y aventajada en el empleo de la violencia.
Prorrogar la medida significaría cerrar la puerta al debate político en la ALP y un eventual pronunciamiento popular a través de un referéndum aprobatorio.
Ahora bien, el “modelo económico” implantado por la actual Constitución, no es realmente un modelo agotado, sino una forma económica que nunca fue efectiva para el país, y su aparente éxito se debió a lo que todo el mundo conoce: la bonanza que coincidió con el prolongado gobierno masista, por lo que las reformas constitucionales no son un capricho colectivo, sino que están vinculadas a la apertura de la inversión extranjera, la seguridad jurídica, la despartidización judicial y la flexibilización de sectores como los de hidrocarburos y minería para atraer divisas. Por todo ello, se hace insoslayable la pregunta al dilema de la viabilidad: ¿Es posible llevar a cabo una reforma profunda con un país convulsionado y bloqueado? La respuesta es no. Pero la ALP requiere que el gobierno renuncie a la ampliación del Estado de excepción para hacer uso de la histórica oportunidad que tiene de deshacerse de algunos artículos que fueron pensados en el amanecer del lóbrego periodo masista.
El tiempo apremia y el gobierno debe decidir entre “la paz de los cuarteles” o “la paz de las leyes. Estos son tiempos en que necesitamos de la audacia para reformar, más que de la fuerza para contener.