Veinticinco años de la Carta Democrática Interamericana: límites al poder y desafíos constitucionales
El 11 de septiembre de 2026 se cumplen veinticinco años de la aprobación de la Carta Democrática Interamericana en Lima. Esta conmemoración invita a examinar una promesa fundamental: convertir la defensa de la democracia en una responsabilidad compartida. Desde el derecho constitucional, su relevancia radica en vincular la legitimidad del poder con condiciones permanentes de ejercicio, más allá del triunfo electoral. La cuestión decisiva es cómo garantizar que esa promesa opere frente a prácticas que debilitan las instituciones desde dentro.
A pesar de los 25 años la democracia en América latina y concretamente en Bolivia atraviesa una crisis multidimensional, Bolivia presenta porcentajes bajos de apoyo a la democracia y de satisfacción con el funcionamiento de la democracia en el país. Dacosta, R. y Moreno señalan que algo más de la mitad de la población afirma que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno (51,4%) y menos de 3 de cada 10 bolivianos (28,2%) se sienten satisfechos con la forma en la que la democracia funciona (p. 263).
El informe El estado de la democracia en el mundo y en las Américas 2019 del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA, 2019) indica que la “erosión de la democracia ocurre en distintos entornos y contextos. Las nuevas democracias son, a menudo, débiles y frágiles. en la cual nos plantea una institucionalidad de los Estados muy débil.
Al referirnos a la baja institucionalidad de los diferentes órganos del estado sobresale el órgano judicial, que está en crisis a nivel latinoamericano, puesto que la justicia atraviesa una crisis estructural producto de diversos factores, entre ellos, la falta de independencia del Órgano Judicial —problema de larga data—; en algunos países latinoamericanos la falta de meritocracia en el sistema de selección de los jueces y de presupuesto; y la corrupción del sistema de justicia, entre otros., la judicialización de la política.
Otro factor clave es la ineficiencia judicial, que genera frustración e impunidad. En Argentina, Bolivia, Brasil y Perú, la percepción de independencia judicial es baja debido a la lentitud en los procesos y a la falta de transparencia en la administración de justicia, lo que hace que muchos ciudadanos no confíen en el sistema judicial para resolver los casos de manera justa y oportuna.
De acuerdo con el Informe de IDEA (2019), Barómetro de la Américas, en 18 de los 23 países de América Latina y el Caribe, “la mayoría de las personas considera que los altos cargos del poder ejecutivo están trabajando para debilitar, influir o desobedecer al poder judicial”. Al menos dos tercios de las personas en Ecuador, Argentina y Brasil sostienen cada una de estas creencias.,
En este contexto de crisis generalizada conviene recordar el artículo 1 de la Carta Democrática que reconoce el derecho de los pueblos a la democracia y el deber gubernamental de promoverla y defenderla. Los artículos 3 y 4 identifican elementos y componentes como elecciones libres, pluralismo político, independencia de poderes, derechos humanos, transparencia y libertad de expresión. De esta articulación puede extraerse una consecuencia constitucional: las mayorías electorales tienen legitimidad para gobernar, pero carecen de autorización para eliminar los controles que permiten a la ciudadanía fiscalizarlas, cuestionarlas y sustituirlas mediante procedimientos democráticos.
Desde esta perspectiva, la independencia judicial merece especial atención. Es así que la independencia se sitúa en un contexto institucional y político: Estado Constitucional de Derecho, separación de poderes y régimen democrático, sin que ello deba entenderse como una manifestación de rivalidad institucional entre los Órganos del Estado, sino como un mecanismo de contención para prevenir el posible desarrollo de desviaciones autoritarias a fin de garantizar la supremacía del orden constitucional.
En Bolivia los últimos años tenido una justicia subordinada o al servicio de órgano ejecutivo, con sentencias defectuosa a pedido o plasma los intereses del presidente de la Republica. Por lo tanto, es necesario considerar la protección frente a presiones políticas, la selección basada en méritos y las garantías de estabilidad como prioridades de cualquier agenda democrática. El control constitucional debe ofrecer razones públicas y límites verificables, incluso ante gobiernos ampliamente respaldados.
En materia de defensa colectiva, el artículo 20 permite que cualquier Estado miembro o el secretario general solicite convocar al Consejo Permanente ante una alteración constitucional que afecte gravemente el orden democrático. El artículo 21 contempla la suspensión, mediante dos tercios de los Estados miembros, cuando exista ruptura democrática y fracasen las gestiones diplomáticas
El problema constitucional más complejo aparece cuando el deterioro es gradual. Una sucesión de decisiones formalmente legales puede reducir el pluralismo, debilitar la fiscalización y cerrar oportunidades de alternancia, el poco respeto de los derechos humanos.
Para fortalecer la Carta, se debe desarrollar criterios públicos de alerta temprana, evaluaciones periódicas y mecanismos de seguimiento sustentados en información contrastable. La participación de universidades, organizaciones ciudadanas y especialistas podría mejorar la calidad del diagnóstico, respetando las competencias institucionales existentes.
La agenda futura también requiere una ciudadanía capaz de intervenir en los asuntos públicos. La educación constitucional, el acceso a información fiable y la discusión plural permiten reconocer abusos y exigir responsabilidades. Para Bolivia, esta reflexión ofrece una pauta de debate: valorar las reformas por su capacidad de distribuir el poder, proteger derechos y asegurar controles efectivos con el fin fortalecer el Estado Constitucional Democrático y de Derecho.