La alcantarilla del poder
Cuentan las crónicas del 17 de agosto del año 2025, que el Movimiento al Socialismo, partido de Evo Morales, sufría el mayor varapalo de su historia electoral de los últimos veinte años. su candidato, Eduardo del Castillo, alcanzó por apenas el 3% de la votación general, quedando relegado a un sexto lugar y salvando por los pelos la anulación de su personería jurídica que los acredita como partido a nivel nacional.
El partido que hasta entonces había dominado la política boliviana desde el año 2006 con el ascenso de Morales al poder, con un respaldo del 53% de los votos en su origen, pudo revalidar con ahínco su permanencia el año 2009 y posteriormente en 2014, obteniendo resultados muy superiores al de la primera vez. El gobierno socialista inspirado y respaldado por el chavismo venezolano, pronto se erigió como uno más de los regímenes antioccidentales junto a Cuba, Nicaragua, Argentina, aplicando una política regional impulsada por el Foro de Sao Paulo que posteriormente pasó a conocerse como el Grupo de Puebla.
Apelando a la receta castro-chavista, el 2009 Bolivia aprobó una nueva Constitución Política del Estado impulsada por el gobierno masista (nazista), redactada por asesores españoles y aprobada en un regimiento militar, limitando la reelección presidencial a sólo dos periodos. Evo Morales en su intento por emular a su “alter ego” Hugo Chávez, trató de eliminar aquel límite perdiendo el Referéndum convocado para el efecto el 21 de febrero de 2016. Desconociendo los resultados, el Tribunal Constitucional controlado por el gobierno de Morales, decidió habilitar a éste ante el repudio generalizado de la ciudadanía.
De tal suerte Evo Morales forzando al destino, decidió presentarse como candidato en las elecciones del año 2019, comicios que por demás está decirlo, estuvieron marcados por un fraude grosero confirmado mediante una auditoria liderada por la Organización de Estados Americanos (OEA). La afrenta cometida contra el pueblo boliviano originó un conflicto interno, convulsión social y protestas que obligaron a Morales a escapar a México, para posteriormente establecerse en Argentina al amparo del entonces presidente Alberto Fernández.
En ese contexto, la senadora Jeanine Añez asumió el gobierno de transición, viéndose obligada a ampliar su mandato debido a la irrupción de la pandemia del COVID19, siendo empleado este tiempo para que sus colaboradores directos se vean envueltos en un galimatías de hechos de corrupción. Como consecuencia directa el Movimiento al Socialismo retornó al poder el 20 de octubre del año 2020, esta vez con el ex ministro de economía a la cabeza. Luis Arce Catacora, no tardó mucho tiempo en alejarse de Morales, fracturando internamente su partido.
Desde el año 2014 Bolivia viene arrastrando un déficit fiscal profundizado durante el gobierno de Arce, quien, para sostener la falacia de una “economía blindada” comenzó a gastar las reservas del país. Un país que durante los primeros años del régimen socialista percibió los mayores ingresos económicos de su historia republicana y que producto del mayor expolio y latrocinio cometido por el gobierno del MAS, hoy sufre las consecuencias de una política económica errática que no priorizó la inversión en hidrocarburos, de prohibiciones, restricciones y controles de precios, un Estado corrupto hasta sus entrañas, sumada a la inseguridad jurídica que ahuyenta las inversiones y profundiza cada vez más la crisis.
A nadie le resulta ajeno, términos como: “cara conocida” que destapó el escándalo de tráfico de influencias con la empresa CAMC y el culebrón de alcoba en la que se vio envuelto Evo Morales. El “Caso Catler”, del que muy poco se habla, donde se vieron envueltos hombres fuertes del MAS que junto a funcionarios de YPFB, fueron descubiertos firmando contratos millonarios, caso que terminó con el asesinato del empresario Jorge O’Connor y la condena del entonces presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Santos Ramírez.
Como estos, existen cientos de casos de corrupción en los que se encuentran inmersos los hombres fuertes de la política, operadores, asesores, autoridades, presidentes y otros funcionarios electos, que “supuestamente” (en teoría) tienen la responsabilidad de administrar y gestionar problemas que devienen de la cosa pública. Por el contrario, aprovechándose del cargo, prefieren operar entre las sombras, sumidos en la alcantarilla del poder, cubiertos hasta el cuello del desecho y la miseria humana del que emana un olor fétido y nauseabundo ante el que no realizan un mínimo espasmo de asco, aprendiendo a convivir con él y sonriendo orgullosos como si les gustara vivir cubiertos de excremento.
El masismo (nazismo) y las reacciones que provocan constituyen nuestro pasado inmediato, nuestro ayer más reciente, un tiempo que rememora nuestras preocupaciones, frustraciones y fracasos como país en sus algo más de dos siglos. Un tiempo que debe ser organizado como pasado y como tal analizado para evitar su rearticulación y regreso como se viene planteando. Bolivia ha cerrado aquel pasado tortuoso y de depravación moral sin precedentes –con las inevitables continuidades que presenta el actual gobierno–, como una época que ha manchado de vergüenza e indignidad al pueblo boliviano.
Por tal razón el decurso del tiempo y sus protagonistas deben seguir cursos divergentes. Los escándalos del gobierno de Rodrigo Paz deben merecer una relación serena, distante, analítica y crítica, de condena eso sí, cuando lo merezcan y cuyos actos deben recibir, a su vez, sanciones ejemplares por la insistencia marcada que tienen de mantener abiertas las tapas de la alcantarilla del poder en la que muchos de ellos desean pringarse. La presencia simbólica de corrupción y depravación estatal de aquel pasado inmediato es abrumadoramente superior en la esfera pública, aunque el mundo de la inmediatez pretenda encubrirlo.
Hay indicios claros de que el masismo (nazismo) actúa como un muro que impide el diálogo natural de los bolivianos con su pasado, por tal razón hago hincapié en la importancia de ejecutar el Plan Integral de Dialogo Pacificación Integración y Reconciliación Nacional (PIIN BOLIVIANO), como herramienta que promueva el diálogo, prevenga, gestione y transforme los conflictos sociales, fortalezca la convivencia democrática e impulse la reconciliación social como un anhelo emanado de la sociedad civil organizada.
La precaria condición que sufre el pueblo boliviano es consecuencia directa de las políticas ejecutadas en las últimas décadas. Hoy es el día en la que el pueblo debe recuperar el control y resarcir el daño generado a la nación. Recuerden que: “Estamos acostumbrados a ver al poderoso como si se tratara de un gigante, sólo, porque nos empeñamos en mirarlo de rodillas y ya va siendo hora, de ponerse de pie”.