Reajuste
Defensoría advierte que el fin de la subvención golpeará a los más pobres, pide medidas de mitigación y aboga por el diálogo
La Defensoría del Pueblo expresó su "profunda preocupación" ante los impactos económicos y sociales del levantamiento de la subvención al diésel, y advirtió que la medida golpeará con mayor fuerza a los sectores y hogares en situación de vulnerabilidad extrema.
Aunque reconoció en un pronunciamiento público la urgencia de adoptar medidas que garanticen la estabilidad de las finanzas públicas, consideró que cualquier política económica debe ejecutarse "sin descuidar los derechos fundamentales de la población, tales como la alimentación, el trabajo, la salud, la educación y un nivel de vida adecuado".
La noche del viernes, el presidente Rodrigo Paz anunció la eliminación del subsidio y fijó la cotización inicial del diésel en Bs 17,95 por litro —monto que fluctuará diariamente según los indicadores internacionales—, además presentó un paquete de ayuda social y económica para amortiguar sus efectos.
A través del pronunciamiento, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exhortó al Gobierno a asumir "medidas de mitigación oportunas, transparentes y accesibles", y demandó la creación de canales de diálogo efectivos con los sectores afectados para evaluar el impacto real de la medida, con el fin de contener una inminente escalada de la conflictividad social en el país.
El retiro de la subvención al diésel fue acompañado por el anuncio del pago del bono social PEPE II de Bs 750, distribuidos en tres pagos de Bs 250 bimestralmente durante seis meses, además de facilidades de acceso a créditos y otras medidas económico-impositivas.
Sectores sociales, como los choferes sindicalizados, rechazaron la disposición gubernamental al considerarla un duro golpe a la economía popular, por lo que convocaron a un ampliado nacional para este lunes en el que se anticipa la adopción de medidas de presión.
Mientras tanto, desde el Ejecutivo se abrieron las puertas al diálogo para escuchar propuestas de los sectores disconformes; no obstante, se advirtió que cualquier medida de presión será contenida y los responsables resultarán sancionados en el marco del estado de excepción vigente en el país.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo demandó activar mecanismos permanentes de monitoreo sobre los precios y el abastecimiento de los productos de la canasta básica, y exigió que los programas sociales anunciados cuenten con "criterios claros de acceso, cobertura y oportunidad, priorizando a las familias de menores ingresos".
También hizo un llamado "vehemente" tanto al Gobierno nacional como a las organizaciones sociales, productivas y económicas a privilegiar la concertación pacífica, e instó a evitar bloqueos de carreteras o acciones radicales que interrumpan los servicios esenciales o profundicen el desabastecimiento.