Señores de la comodidad asesina: ¡ES CRIMEN ORGANIZADO!
El silencio, la nula capacidad de gestión de la conflictividad y el diferimiento de sus costos a la población, más el uso de la vieja confiable estructural latinoamericana del estado de excepción, no solo dan cuenta de tremenda inoperancia de Paz y sus acólitos; nos muestran su real motivación: considera que es más importante el falso e inútil intento de resguardar su imagen antes que cumplir con su trabajo.
Estamos a punto de llegar a octubre y lo realmente preocupante es la simplicidad con la que se pretende resolver la crisis mediante el uso de la amenaza y la fuerza: se van a meter en la misma bolsa las demandas legítimas de organizaciones y de la sociedad, los grupos asalariados desestabilizadores financiados por el MAS, principalmente del ala evista, y la aparente lucha contra el crimen organizado. Voy a detenerme en este último tema.
La relación de Bolivia con las economías ilegales tiene larga data, y su vínculo con los poderes nacionales, militares y locales no es una noticia nueva; mantener la narrativa de que la génesis estuvo en el gobierno del MAS es hacer invisible todo el proceso de estructuración previo que también hace parte de la realidad que experimentamos. Al mismo tiempo, la arquitectura sobre la cual se articulan las prácticas del crimen organizado es distinta a la de los países de la región; el narco en el país tiene una particularidad: es comunal (me refiero a la lógica de relacionamiento), colaborativo, sostenido por el autoritarismo y la vigilancia. Generalizar es perder el foco de lo que hace a la comprensión de los factores que permitieron la relativa contención histórica de la producción y comercialización de estupefacientes en Bolivia.
Lejos de pensarse que existe una suerte de pax pactada gubernamental con los carteles, como mencionan algunos comunicadores y comentaristas, las investigaciones serias sostienen que, más bien, la relación entre un espacio que dinamiza economías ilegales puede mantenerse incluso desapercibida mientras no existan pugnas por rutas, parcelas, territorios, mercado, clientes; por lo tanto, tiene más que ver con la competencia dentro del mismo negocio antes que con algún tipo de acuerdo con un mandatario o una administración, a quienes, en todo caso, estos grupos consideran insignificantes, circunstanciales y de poco peso, porque ellos ya impactaron la estructura y se mueven dentro del sistema.
Otra creencia es pensar que se puede enfrentar a los grupos de crimen organizado con mayor presencia estatal, cuando, si bien es una variable a considerar, estudios muestran que, incluso existiendo altos niveles de estatalidad, el crimen organizado permea a tal nivel los espacios que puede coexistir con estas formas de gobierno aparentemente más “legales”, por decirlo de alguna manera. Pensemos a la inversa: un espacio con baja presencia estatal es susceptible a otras formas de organización local. En ellas el crimen organizado es quien administra los espacios mediante extorsiones a título de brindar protección/seguridad (cuando lo único que defienden son sus rutas y plazas), reclutamiento de habitantes (ejército gratuito, mejor si son menores de edad) e incluso son espacios que le permiten generar legitimidad en la medida en que estos grupos pueden suplir necesidades que no atiende la administración pública: servicios de agua o luz, salud, transporte. Suplen a bancos o cooperativas para préstamos de altos montos de dinero a muy bajos intereses, porque luego serán esos mismos micro negocios legales los que faciliten el lavado de dinero. Es decir, tienen la capacidad de generar toda un ecosistema económico diverso difícil de desmantelar.
A modo momentáneo de cierre de esta columna, es importante estar atentos al grado de enganche de una administración con estos grupos criminales; esta se puede determinar entre otras estrategias en la medida del impacto y del vínculo de ciertas omisiones, concesiones, silencios y acuerdos en proyectos que parecen distintos y alejados, pero que están muy relacionados. Por ejemplo: abrir una carretera por un parque nacional tiene la función de facilitar el circuito de sustancias ilícitas, personas, recursos naturales renovables y no renovables; cualquier freno a políticas y mecanismos destinados a garantizar la transparencia de financiamiento a partidos políticos e instituciones tiene el objetivo de velar la relación de renta directa de estas instancias con el crimen organizado; la tolerancia con las casas de juego, casas de cambio y los prostíbulos permite y facilita no solo el lavado de dinero, sino también la trata de personas; la escasa, deficiente o nula reglamentación sobre dinero electrónico facilita el mantenimiento de estructuras irregulares; la administración y control exclusivo de combustible y tráfico de precursores es de gran utilidad para labores logísticas y su uso en laboratorio; feminicidios y desapariciones que son registrados como casos aislados pueden formar parte de una trama mayor vinculada al crimen organizado; cualquier emprendimiento-empresa que permita generar conexiones funcionales, es apta para el lavado de dinero y la reproducción de relaciones de interés; de ahí la importancia de la transparencia estatal en las contrataciones. Por ejemplo: empresas que administran residuos pueden obtener contratos públicos; eso facilita el lavado, la conexión, los favores y la generación de nuevas rentas.
Sabemos lo que la evitación defensiva le hizo a Chernóbil; vigilar el horizonte, los intereses de las decisiones, los silencios y las omisiones nos podrá dar la pauta del alcance de los pactos gubernamentales. Finalmente, reducir la administración de un Estado a un concurso de belleza y popularidad generada por bots o llamar al estado de excepción “un sentimiento” es un acto criminal en todos sus sentidos. Le espero en la lectura de la siguiente columna de opinión para seguir con este tema.